El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martí Batres Guadarrama, ha presentado una iniciativa que tiene como objetivo impedir que se destruyan las boletas electorales en un plazo menor a 12 años, así como para garantizar que se clasifique como información reservada. La iniciativa pretende reformar el numeral 2 y se adiciona el numeral 3 del artículo 302 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Martí Batres recordó que “en los últimos 24 años los mexicanos hemos padecido tres fraudes en elecciones presidenciales: en 1988, en 2006 y en 2012”.
“La oscuridad, tanto en el cómputo como en la disposición de la información electoral, ha jugado un papel fundamental para hacer posibles dichos fraudes”, precisó.
En este contexto, el pasado 25 de octubre, el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, pidió al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le requiera al Estado mexicano evitar la destrucción de las boletas utilizadas en los comicios del 2006.
El periodista señaló que al destruir las boletas, el Estado mexicano viola diversas disposiciones del Pacto Internacional relacionadas con la libertad de información y las garantías judiciales. (Proceso 1878, actualmente en circulación).
Sin embargo, el próximo 12 de noviembre iniciará la destrucción de la papelería electoral utilizada en los comicios del 2006, pese a que anteriormente el directivo de Proceso interpuso una demanda contra el Estado de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 2008; misma que tuvo respuesta y fue rechazada hasta noviembre del año pasado.
De esta forma, el diputado del PRD enfatizó que “en la elección de 2006 nunca se tuvo certeza del cómputo electoral realizado por el Instituto Federal Electoral, ya que no tuvo una secuencia lógica, y no se permitió el conteo voto por voto, casilla por casilla que exigía la gente y que hubiera podido transparentar la elección y aclarar cualquier duda sobre el proceso electoral”.
No sólo eso, añadió que en la elección de 2012 tampoco se tuvo la certeza del conteo de casillas y sólo fue aprobado el recuento de menos de la mitad de las casillas solicitadas por el Movimiento Progresista, principal impugnador del proceso.
“Por eso es que consideramos de elemental transparencia que las boletas electorales y la documentación relativa al escrutinio y cómputo de los comicios presidenciales deben mantenerse disponibles, por los menos mientras subsisten dudas de la elección y, obviamente, en tanto se encuentran impugnados los procesos electorales”, dijo ante el pleno cameral.
Luego precisó que “vale acotar, en este sentido, que los procedimientos internacionales llevan años para desahogarse, como el que se interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente aún en trámite respecto de la elección presidencial de 2006”.
Según el legislador de izquierda el artículo 302 del Cofipe deberá eliminarse del numeral dos el renglón que regula “una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su destrucción”, para que diga: “Asimismo, los presidentes tomarán las medidas necesarias para el depósito en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 281 de este Código hasta la conclusión del proceso electoral”.
Además de que se le agregará el texto siguiente, correspondiente al numeral tres:
“Una vez concluido el proceso electoral, la documentación señalada en el numeral anterior quedará a disposición de lo que determine el Consejo General del Instituto con el fin de resguardarla durante los 12 años siguientes, siempre y cuando no se encuentre pendiente de resolución ningún tipo de procedimiento contencioso que la involucre. Dicha documentación estará disponible para cualquier consulta de transparencia y acceso a la información pública y no podrá ser reservada bajo ninguna circunstancia”.
Fuente: APRO
