El presidente de la Suprema Corte de Justicia propuso hoy a sus colegas desechar las acciones que impugnan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, sin pronunciarse sobre su Constitucionalidad.
La propuesta, del ministro Arturo Zaldívar, fue rápidamente apoyada por sus colegas Yasmín Esquivel y Norma Piña, que tuvo la última intervención del día.
La discusión continuará mañana, pero basta que se sume otro Ministro a la propuesta, para que la Corte no logre reunir los ocho votos que son necesarios para invalidar la ley, como plantea el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán.
Zaldívar explicó que la ley, publicada originalmente el 5 de noviembre de 2018, sufrió cambios de fondo a raíz de una reforma del pasado 12 de abril, por lo que las normas impugnadas cesaron sus efectos, y a nada práctico conduciría una sentencia de la Corte.
“Se alteró la totalidad del sistema normativo”, dijo Zaldívar, al destacar que se agregaron múltiples sujetos obligados por la ley, nuevos principios y formas de determinar remuneraciones, y ahora se prevé que el Centro de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados emita opinión sobre salarios mínimos y máximos.
El Ministro Presidente agregó que, en todo caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los senadores de Oposición que impugnaron la ley original, tendrían que presentar nuevas acciones para cuestionar la versión vigente.
“‘¿Lo que se resuelva en este momento será aplicable aún para los 14 preceptos reformados, de los 17 que conforman la ley?”, preguntó Esquivel Mossa, “La respuesta es negativa”.
Piña advirtió que, aún si la mayoría de Ministros considera que sí se pueden estudiar los temas de fondo, ella no se pronunciará en ningún momento sobre ellos, e insistirá en que estas acciones son improcedentes.
En el pasado, la Corte ha establecido que no cualquier reforma a una ley califica como “nuevo acto legislativo” que lleva al desechamiento de las acciones en su contra, sino que se tiene que tratar de cambios sustantivos, que alteren los alcances del sistema normativo.
El proyecto de Pérez Dayán estudia, uno por uno, los artículos reformados en abril pasado, y concluye que ninguno de los cambios fue trascendente, ni remedió las omisiones alegadas por la CNDH y los senadores de oposición.
La principal omisión que se imputa a la ley es que no fija parámetros para determinar el salario del Presidente de la República, que es el tope para todos los demás funcionarios.
Pérez Dayán propuso dos causas de invalidez: falla en el procedimiento legislativo, pues pasaron siete años entre la aprobación de la ley en el Senado y en la Cámara de Diputados, y omisión sobre el salario del Presidente.
Si tres Ministros más apoyan la propuesta de Zaldívar, estos temas ya ni siquiera serán discutidos, y si uno más se suma, sí habrá debate sobre ellos, pero no será posible una sentencia de invalidez.
Fuente: Reforma
