La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, que encabeza la priista Arely Madrid Tovilla, accedió a solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de un Grupo de Trabajo legislativo que indague si la pareja presidencial incurrió en “conflicto de interés” o “tráfico de influencias” en la compra de la llamada “Casa Blanca”.
A petición del perredista Fernando Belaunzarán, la Comisión de Transparencia, que discutía la obligación de los grupos parlamentarios a rendir cuentas sobre las partidas “extraordinarias”, “especiales” y “ordinarias”, aceptó formalizar la petición ante la Jucopo.
Belaunzarán destacó que el tema de Casa Blanca es “una cuestión de Estado y de transparencia, donde la Cámara de Diputados tiene responsabilidad. No es sólo mostrar papeles, tiene que existir una investigación independiente. Esa es nuestra función”.
Sin refutar la propuesta, la priista y presidenta de la comisión, Arely Madrid, sostuvo que “no estamos pidiendo nada fuera de lo que nos compete, como comisión de Transparencia haremos el oficio a la Junta de Coordinación respecto de este tema”.
El también priista y diputado del PRI, Juan Isidro del Bosque Márquez, secundó la propuesta al considerar que el tema “se ha tomado demasiado ligero por alguno sectores y profundo por otros”, por lo que pidió “sensatez”. Enseguida añadió: “Estoy de acuerdo en la propuesta de solicitar a la Jucopo la participación de esta comisión”.
A su vez, la petista Lilia Aguilar expuso que “se debe buscar que el Grupo de Trabajo se allegue de información necesaria a través de la misma comisión y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, pues son elementos jurídicos que tenemos para hacerlo”.
Lo anterior, debido a que cuando se crearon los grupos de trabajo y comisiones especiales para los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, éstos se integraron con miembros de las comisiones ordinarias que tienen que ver con el tema: la de Derechos Humanos y la de Justicia.
Zuleyma Huidobro, del Movimiento Ciudadano, también respaldó la propuesta de Belauzarán pero, acotó, se debe incluir lo que el MC planteó la semana pasada a través de la diputada Luisa María Alcalde: verificar si hay o no “tráfico de influencias y conflicto de interés”.
La sesión ordinaria de la comisión se realizó este jueves entre las 10 y las 12:00 horas, y en su agenda tenía previsto el aprobar el dictamen que venía en “sentido negativo” y mediante el cual se pretende mantener en la opacidad la entrega de los millonarios recursos que los siete grupos parlamentarios reciben año con año y de los que sólo una tercera parte están obligados a justificar.
En el dictamen se argumenta que la solicitud de la diputada petista Magdalena del Socorro Núñez Monreal, en el sentido de que las fracciones parlamentarias rindan cuentas del ciento por ciento del dinero que año con año se les entrega, no procede debido a que “los grupos parlamentarios no tienen patrimonio propio ni son una figura jurídica”, además de que quienes reciben el dinero son “los partidos políticos”.
Zuleyma Huidobro, quien reveló el pago de una cuota extraordinaria a los coordinadores parlamentarios por cada “reforma estructural” que se ha avalado en esta legislatura, logró convencer al resto de los diputados para que se echara atrás el dictamen y elaborar otro en sentido afirmativo, y con ello los grupos parlamentarios se rijan bajo la Ley de Transparencia.
También denunció que, justo cuando se discutía el tema, se dejó de transmitir la reunión de la comisión en el circuito cerrado de San Lázaro.
Fuente: Proceso/ Jesusa Cervantes
