La solicitud fue hecha a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que se presume que la fortuna del matrimonio proviene de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el aseguramiento de las cuentas bancarias de María de los Ángeles Pineda Villa, así como de su esposo el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Tres áreas de la PGR hicieron la petición a la CNBV, debido a que se presume que la fortuna del matrimonio proviene de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dinero que tendría su origen en el crimen organizado.
Pineda Villa fue notificada por un juez federal de la petición que realizaron en su contra los titulares de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ambas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Lo mismo hizo la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, encabezada en estos momentos por Rodrigo Archundia Barrientos, ex titular de la Seido, quien pidió el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias.
La PGR también requirió el congelamiento de las cuentas bancarias de otras personas, particularmente de quienes han sido señaladas de tener algún vínculo de negocios con el matrimonio y algún grado de participación en los sucesos de violencia ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, donde murieron seis personas y desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
María de los Ángeles Pineda fue notificada del aseguramiento de las cuentas por Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, éste último al que pidió la protección de la justicia contra el arraigo que enfrenta.
Sin embargo, la esposa de Abarca fue informada que el 11 de diciembre del presente año el juzgado Segundo Federal Pena Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, concedió a la PGR la ampliación de la medida cautelar por 20 días más.
José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda son dueños del centro comercial denominado Plaza Tamarindos, el cual se localiza en Iguala, y que es el único en esa localidad.
También son propietarios de seis locales que venden oro en la plaza conocida como Centro Joyero; asimismo, son dueños de ferreterías y de restaurantes.
En las investigaciones de la Procuraduría General de la República, Pineda Villa ha sido señalada de ser la principal operadora, en Iguala, del grupo criminal Guerreros Unidos, organización que recibía un pago de dos millones de pesos al mes por parte de José Luis Abarca para tener controlada a la policía municipal.
Fuente: Milenio
