La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) determinó que durante las protestas contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, se violaron los derechos a la seguridad, libertad e integridad personales, a la libre manifestación y a la protesta, en agravio de 102 personas.
Durante la presentación de la recomendación 7/2013, el ombudsman capitalino Luis González Plascencia calificó el operativo en el que participaron 5 mil 172 policías como “desorganizado y desproporcionado”, y confirmó que las 99 personas puestas a disposición del Ministerio Público por parte de los agentes fueron detenidas de manera arbitraria.
De los detenidos, la CDHDF acreditó tortura en seis casos, y en 21, el uso indebido y desproporcionado de la fuerza.
La recomendación va dirigida a los titulares de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública (SSP), así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y el Tribunal Superior de Justicia, Emilio Serrano, Jesús Rodríguez Almeida, Rodolfo Ríos Garza, y Edgar Elías Azar, respectivamente.
En conferencia de prensa, apoyado en videos y grabaciones de radios de comunicación policiaca, el presidente de la CDHDF puso en evidencia la falta de coordinación y contradicciones, así como la impericia de los agentes para contener multitudes con apego a derechos humanos.
Con esas pruebas, el organismo pudo determinar que a las 13:07 horas mandos policiales decidieron de “forma arbitraria” detener a “jovencitos con mochila en la espalda”, por considerarlos “vándalos”.
Con los elementos que tuvo a la mano el organismo, dijo el presidente de la CDHDF, se pudo determinar que “no obstante los esfuerzos para encapsular al grupo que durante horas realizó actos notoriamente violentos, la policía nunca logró llegar a tiempo: pese a los llamados que en los distintos momentos se hicieron para proteger los comercios, primero en avenida Juárez y luego sobre Reforma, la policía tampoco pudo concretar un dispositivo de protección”.
González Plascencia reconoció que de los materiales entregados por las distintas dependencias, la CDHDF no logró identificar la participación de Marcelo Ebrard Casaubón como el responsable de ordenar detenciones indiscriminadas, como se filtró a la prensa días después del operativo, y descartó que sea facultad del organismo determinar la posible responsabilidad del presidente Enrique Peña Nieto en la represión policiaca.
“No sabemos si esa es la totalidad de los videos que existan, si esa es la totalidad de evidencias; para nosotros ha sido suficiente para documentar la recomendación”, dijo González Plascencia.
Aclaró que en el caso de la presunta responsabilidad de Peña Nieto, no está en las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinarla, sino que “corresponde en todo caso a la autoridad ministerial y jurisdiccional establecerla, si es que hubiera alguna denuncia al respecto”.
En la recomendación, que pide investigaciones puntuales tanto para sancionar a funcionarios responsables como a presuntos implicados en los desmanes, el ombdusman capitalino puntualizó que la CDHDF se pronuncia en contra de la impunidad.
El primer visitador, Mario Patrón Sánchez, explicó que la recomendación que se hizo a la SSP de revocar el protocolo de contención de multitudes, publicado hace dos semanas en la Gaceta Oficial, “no sólo es porque es una confesión expresa de que el 1 de diciembre no se contaba con instrumentos de actuación, sino también porque el protocolo en mención tiene serias deficiencias y riesgos para limitar derechos como libertad de manifestación”.
Sobre la recomendación que se hace al TSJ, Patrón dijo que el análisis de la CDHDF llegó hasta donde la competencia le alcanza.
“Los límites que tenemos en función de la competencia jurisdiccional de un juez en el control judicial, que debe de haber sobre la legalidad de las detenciones, y por eso es que señalamos que la jueza de la causa en el momento de radicar el expediente, debió de haber hecho un análisis sobre las causas materiales y formales de la detención, y hacer un cómputo sobre el plazo constitucional de 48 horas, lo cual no sucedió”.
En cuanto a la responsabilidad de mandos policiacos, Patrón calculó que 25 jefes tendrían responsabilidad en las violaciones a derechos humanos, en dos tipos: una “por las instrucciones, la acción de la instrucción y la omisión de brindar instrucciones”; la otra, operativa, para aquellos elementos que, en cumplimiento de esas instrucciones, recurrieron a la brutalidad policial y a otros hechos violatorios.
Luis González Plascencia conminó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a leer “en sentido positivo” la recomendación, “para garantizar a la ciudadanía el derecho a la verdad, el resarcimiento de daños a las víctimas y su reivindicación social”.
Puntualizó que la recomendación debe ser vista como una oportunidad “de trasformación estructural en la policía y en la policía de investigación de la ciudad (…) el valor de esta recomendación radica precisamente en su potencial para generar cambios de política pública”.
Acompañaron a González Plascencia y a Patrón Sánchez, los consejeros de la CDHDF, José Woldenberg Nashiely, Mónica González, José Luis Caballero y Manuel Fuentes.
Asistieron también algunos de los procesados y sentenciados por los hechos del 1 de diciembre, como Rita Neri Moctezuma, Alejandro Lugo y Brian Reyes.
Fuente: Proceso
