Condenan legisladores el daño ecológico y riesgo ambiental causado en Sonora. Solicitan decretar la suspensión de actividades en la mina de Cananea hasta que se evalúen los daños
Por Víctor Ballinas y José Antonio Román
Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, la Comisión Permanente del Congreso exhortó al gobierno federal a que ordene cancelar la concesión otorgada a Grupo México en relación con la mina Cananea, por el daño ecológico y riesgo ambiental provocados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi.
En un punto de acuerdo inicialmente presentado por el PRI, pero adicionado con propuestas de Movimiento Ciudadano (MC), PRD, PAN y PT, también se solicitó al gobierno de Sonora, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que decreten la suspensión de actividades de la mina Cananea en tanto se evalúan los daños provocados.
Incluso se pidió a esas dependencias que presenten denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de que se apliquen las sanciones por daños ecológicos generados por el mal manejo de las sustancias químicas derramadas.
Llaman a presentar denuncias
También se solicitó a las autoridades correspondientes que por la vía competente demanden a la empresa responsable del derrame el resarcimiento y la indemnización total de los daños causados al medio ambiente y a la población en general.
En la sesión en la que se aprobó el punto de acuerdo se acordó además exhortar al Ejecutivo federal a deslindar responsabilidades en caso de que la empresa Buenavista de Cobre –filial de Grupo México, encargada de explotar la mina de Cananea– haya operado sin cumplir con la ley y se aplique el artículo 172 de la Ley de Equilibrio Ecológico, que prevé la suspensión, revocación o cancelación de la concesión cuando la ‘‘gravedad de la infracción lo amerite’’.
El grupo parlamentario del PRI llevó el punto de acuerdo a tribuna para solicitar cuatro exhortos: que el gobierno del estado (de Sonora), las secretarías de Economía, del Medio Ambiente y la Conagua decreten las suspensión de actividades en esa mina; que la Secretaría de Economía cancele dicha concesión a Grupo México; que la Conagua denuncie ante el Ministerio Público los hechos para que se realicen las investigaciones correspondientes, y que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados constituyera una comisión especial para la investigación.
El punto de acuerdo lo llevó al pleno del diputado priísta Ricardo Pacheco, quien destacó que el derrame no fue informado de forma inmediata por la empresa minera a las autoridades ni a la población, lo cual impidió que se tomaran las medidas necesarias para prevenir que esta catástrofe ambiental llegara al nivel en que hoy se encuentra, el cual se identifica ya como uno de los mayores ecocidios registrados en el país.
Alfonso Durazo Montaño, diputado de MC, tras destacar la gravedad de los hechos criticó la actuación de las autoridades estatales y federales, las que ‘‘pretendieron nadar de a muertito frente al problema’’, no sólo sin hacer nada, sino buscando ocultar la información hecha pública por la ciudadanía y los medios nacionales e internacionales.
Incluso, citó que la Secretaría de Gobernación (SG) negó a varios municipios afectados la declaratoria de emergencia, y refirió que no debería sorprender ‘‘el desdén y la irresponsabilidad’’ de Grupo México, el mismo que hace ocho años dejó abandonados a los mineros y deudos de las víctimas de Pasta de Conchos, en Coahuila.
‘‘Lo más grave es que esto no es sino el prólogo de lo que nos espera si no actuamos con firmeza y con autoridad frente a la presencia de las empresas que vendrán en bola, a explotar nuestros recursos naturales’’, advirtió el diputado sonorense.
A su vez, Dolores Padierna, senadora del PRD, pidió que estos hechos no formen parte de la larga lista de abusos y violaciones impunes de las mineras, particularmente de Grupo México, que ha sido uno de los consorcios ‘‘consentidos’’ por los distintos gobiernos federales, gozando de total impunidad anta la falta constante a la ley.
Pidió que ante este derrame de 40 mil metros cúbicos de químicos dañinos –equivalente al agua contenida en 16 albercas olímpicas– le sea retirada la concesión a este grupo minero.
En tono mucho más mesurado, el senador panista Héctor Larios Córdova dijo que ‘‘lo más importante, más que obligar a la empresa minera a suspender sus actividades o cancelar la concesión –lo que debe hacerse si procede–, es que se haga un diagnóstico independiente para determinar los daños que se hayan ocasionado’’.
Fuente: La Jornada
