El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, exigirá al presidente Enrique Peña Nieto la revocación inmediata de los diez decretos publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, que eliminan la veda y en el que se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país. Por medio de un punto de acuerdo, Monreal también solicitará al jefe del Ejecutivo abstenerse de otorgar nuevas concesiones al amparo de estos decretos.
En su propuesta se pronuncia a favor de promover una discusión nacional sobre la administración de las cuencas hidrológicas, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
De acuerdo a un comunicado, la propuesta de punto de acuerdo acompaña el compromiso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de revertir estos decretos como parte de las prioridades legislativas.
Monreal considera en su texto que los decretos de reserva de agua superficial aprobados en junio abren la puerta para que se concedan concesiones a empresas privadas de forma poco transparente.
Argumentó que Conagua podría otorgar concesiones para que mineras, petroleras y empresas al servicio de algunos municipios accedieran a las cuencas antes que los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales.
Recordó que los decretos suprimen zonas de veda y establecen reservas de agua en zonas y ríos seleccionados, como son Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); y Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León).
También Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan- Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
Señaló que diversas organizaciones académicas y sociales se advierten algunos aspectos de ilegalidad en los decretos como anormalidades en el proceso de mejora regulatoria, implementación en el contexto actual y afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
“La expedición de estos decretos es una facultad expresa que le otorga la Ley de Aguas Nacionales al titular del Poder Ejecutivo Federal, existen serias preocupaciones sobre sus alcances e implicaciones por parte de académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, particularmente sobre aquellas concesiones que, bajo el amparo de los nuevos decretos, empiecen a operar en favor de los particulares”, aseveró el senador de Morena.
Fuente: Reforma
