En una carta abierta dirigida a los diputados y a la gobernadora electa Maru Campos, el Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua no modificar el nombre ni atribuciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con el termino “y de la Familia”, así como no incorporar a los Centros de Justicia de la FEM a la misma Fiscalía, como se ha propuesto.
El Movimiento Estatal de Mujeres solicitó a la Comisión Primera de Gobernación del congreso del estado de Chihuahua no incluir en su dictamen los cambios que propone la gobernadora electa, María Eugenia Campos Galván en su iniciativa “Reingeniería de la Administración Pública del Estado de Chihuahua” sobre la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).
En una carta pública, las integrantes del movimiento explicaron que la iniciativa de Campos Galván busca cambiar el nombre del FEM y agregar la leyenda “y Atención a la Familia”, lo que es contraproducente porque disminuye que existan instituciones enfocadas en investigar, atender y erradicar la violencia de género en una entidad emblemática por el gran número de asesinatos violentos de mujeres y menores de edad, que comenzó en los años noventa y se extiende hasta hoy.
Explicaron que este cambio va en contra de la obligación adquirida por México en el ámbito internacional para dirigir esfuerzos especializados y específicos para la atención de la violencia contra las mujeres por razón de género. Compromiso que surgió por la suscripción de este país a tratados internacionales de Derechos Humanos como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Belem Do Pará).
Resaltaron que Chihuahua ha recibido múltiples requerimientos y recomendaciones de organismos públicos de Derechos Humanos que demandan que la FEM fortalezca sus acciones y labores en la protección y seguridad de las mujeres, aplique la perspectiva de género en sus investigaciones, permita el acceso eficaz a la justicia y garantice que los derechos de las ciudadanas de esta entidad sean reconocidos y respetados.
Recordaron que la FEM no fue una propuesta de las autoridades, sino fue resultado de la lucha de Norma Ledesma, madre de Paloma Ledesma, quien a sus 16 años salió de casa en dirección a la escuela en 2001, pero nunca regresó. Sin ayuda, su madre desempeñó una búsqueda y encontró el cuerpo sin vida de Paloma luego de un año, sin embargo el caso sigue sin un responsable hasta el momento.
Norma Ledesma llevó el caso con ayuda de organizaciones hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual emitió una serie de recomendaciones a México. Es así como en 2012, se creó la FEM, sin embargo, organizaciones feministas señalaron que la FEM oculta datos sobre casos de feminicidio y los tipifica como “suicidios” u “homicidios”, aunque los cuerpos muestren señales de violencia extrema.
Las integrantes del movimiento detallaron que la FEM tiene como objetivo brindar una atención especializada a las mujeres y desarrollar averiguaciones diligentes con perspectiva de género para que las víctimas no sufran maltratos, revictimización y otras agresiones en otras instituciones, por ello ampliar su enfoque implicaría un “enorme retroceso y desvía los esfuerzos particulares hacia la eliminación de la violencia contras las ciudadanas de esta entidad”.
En cuanto a la segunda propuesta de la iniciativa, señalaron, sobre incorporar los Centros de Justicia a la FEM es otro “error porque quita a los Centros la capacidad de gestión, autonomía técnica y administrativa, e independencia presupuestaria”. Los Centros, reiteraron, son una política pública que hoy reconoce la prioridad nacional encaminada a la prevención, atención y sanción de las agresiones contra las mujeres.
En vez de ello, demandaron al Congreso de Chihuahua aprobar la iniciativa que tiene desde hace meses para que los Centros de Justicia para las mujeres se constituyan como un órgano descentralizado de la Fiscalía General del Estado a fin de que tengan más personalidad jurídica propia.
De los 495 casos de feminicidio en México de enero a junio de 2021, 11.4 por ciento corresponden a Chihuahua, lo que la posiciona como la sexta entidad con más registros de este tipo de delito. Además, de enero a junio de 2021, se registraron estos delitos contra mujeres: 22 casos de feminicidio, 40 casos de homicidios dolosos, casi mil lesiones dolosas, 6 mil 297 de violencia familiar, y 662 delitos de violaciones, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional.
Cabe recordar que el pasado 17 de agosto, Chihuahua se convirtió en la entidad número 20 con una Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida para cinco municipios: Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Juárez e Hidalgo del Parral. Esta alerta contempla 21 medidas que deberá implementar el gobierno de esta entidad, entre ellas consolidar el funcionamiento de las instancias municipales de las mujeres, entre otras más.
Fuente: CIMAC
He aquí el contenido íntegro de la misiva:
CARTA ABIERTA
Chihuahua, Chih, a 24 de agosto de 2021
María Eugenia Campos Galván
Gobernadora electa de Chihuahua
Diputada Blanca Gámez Gutiérrez
Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua
Diputado Miguel Francisco Latorre Saenz
Diputado Humberto Chávez Herrera
Diputado Ruben Aguilar Jiménez
Diputado Rene Frías Bencomo
Diputado Alejandro Gloria González
Integrantes de la Comisión Primera de Gobernación del
Congreso del Estado de Chihuahua
A la Ciudadanía en General
El Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua hemos trabajado incansablemente por casi 30 años para hacer visible la violencia contra las mujeres en nuestra entidad y exigir políticas públicas para su erradicación.
Nos dirigimos a ustedes para solicitarles expresamente que no se aprueben las iniciativas relacionadas con la reforma a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (conocida como la FEM) para añadir “y Atención a la Familia”; así como de incorporar a los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) a la FEM porque implica un retroceso en la política pública de los derechos humanos de las mujeres.
Lo anterior, en coincidencia con más de 1200 personas (https://www.change.org/p/congreso-de-chihuahua-por-el-derecho-de-las-mujeres-a-vivir-sin-violencia-en-chihuahua) y, sobre todo en respaldo a las más de 200 mujeres usuarias de los CEJUM que se dirigen a la Gobernadora y que puede ser constatado en la siguiente dirección electrónica: https://www.change.org/p/usuarias- del-cejum-en-el-estado-de-chihuahua-salvemos-los-cejum-en-chihuahua-y-evitemos-el- retroceso.
Se presentan a continuación las consideraciones jurídicas, históricas y políticas, que sustentan
nuestras peticiones:
• La creación de estas instituciones responden a una demanda histórica de las mujeres en Chihuahua para la atención especializada, adecuada y suficiente de la violencia contra las mujeres por razones de género. Un gobierno comprometido con el tema debe fortalecerles para que cumplan su propósito y no debilitarles.
• Existen obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que imponen un deber a todas las autoridades de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, para enfocar esfuerzos específicos en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres1, que necesariamente implica la incorporación de la perspectiva de género en la procuración y administración de justicia, y también a esto responde que exista
una fiscalía especializada en la materia que no debe diluir los esfuerzos alcanzados hasta hoy.
• El estado de Chihuahua en particular y México en general, ha recibido múltiples requerimientos y recomendaciones de organismos públicos de derechos humanos que promueven el fortalecimiento de las acciones y competencias de fiscalías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres por razones de género, como mecanismo para la construcción de instancias encargadas de garantizar los derechos humanos de las
mujeres.
• En todo el país se han venido creando fiscalías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres, esto como un reconocimiento de que su erradicación, es una obligación del Estado. El objetivo es lograr, entre otras cosas, una atención especializada a las mujeres y una investigación diligente de los casos, para que la mujer no sufra al acudir a los ámbitos de procuración de justicia un nuevo maltrato, al ser sometida a procedimientos lentos y agobiantes en los cuales se exige demostrar el maltrato, además de que se le coloca como responsable del mismo.
• Los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM’s) son una política pública que hoy se reconoce como de prioridad nacional por el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, encaminada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, la tendencia en todo el país es el fortalecimiento de su institucionalidad tal como lo demanda el contexto actual, por lo que se reconoce la necesidad de otorgarle a estos Centros mayor capacidad de gestión, a través de dotarles de una autonomía técnica, administrativa, independencia presupuestaria y con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir conformándose como órganos descentralizados de las
Fiscalías de las entidades federativas, administración pública, cuyo objeto es coadyuvar y vincular bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia, o de violación de derechos humanos, así como de sus hijas e hijos. El mismo artículo señala que en estos Centros se deben prestar servicios multidisciplinarios en el mismo lugar y ejecutar acciones, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad.
• El mantener a los Centros de Justicia como unidades administrativas implica una dependencia respecto de su administración, organización, y funcionamiento que incluyen los procedimientos y criterios para la distribución de facultades y recursos, que se sujeta al arbitrio de la dependencia a la que pertenezca, incluso respecto a sus reglas de operación.
• La naturaleza jurídica de los órganos descentralizados es la realización de actividades estratégicas o prioritarias para la prestación de un servicio público o social, o para la atención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. (Delgadillo, 2010); por esta razón, es congruente el fortalecimiento y consolidación de los CEJUM’s como organismos con esta naturaleza.
• En el mismo sentido, existen opiniones concretas sobre los Centros de Justicia d Chihuahua para que se descentralicen y dejen de ser una unidad administrativa4, esto también en base a los Centros mejor evaluados a nivel nacional que cuentan con éste carácter, como lo es el caso de Hidalgo.
• El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésima Primera Sesión celebrada en octubre de 2011, emitió los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su Estructura y los Programas con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados al Ejercicio de Fondos, Subsidios y demás Recursos de Carácter Federal que se otorguen a las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública, en los cuales, en el artículo 2, fracción VII, se
estableció como estrategia para implementar los Ejes de Prioridad Nacional:
[El] Acceso a la justicia para las Mujeres, el cual tiene como objetivo crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres (CJM), con la finalidad de concentrar -bajo un mismo techo- servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
En razón de todo lo expuesto, atentamente solicitamos:
1. No modificar el nombre ni atribuciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, para responder adecuadamente a las demandas sociales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
2. No incorporar a los CEJUM a la FEM y, con el fin de fortalecerlos, se constituyan como un órgano descentralizado de la Fiscalía General del Estado para otorgarle autonomía presupuestaria y de gestión, así como de personalidad jurídica propia.
En espera de una respuesta favorable a nuestras propuestas, aprovechamos la ocasión para
enviarles un saludo cordial.
MOVIMIENTO ESTATAL DE MUJERES DE CHIHUAHUA
