La Fiscalía General del Estado presentó su escrito de condena ante el Tribunal Supremo en relación con el proceso abierto contra los 23 líderes independentistas catalanes, acusados de los delitos de rebelión, malversación y sedición, y en el que solicita penas de hasta 25 años de cárcel.
La postura de la Fiscalía se vio debilitada por el repentino cambio de estrategia procesal de la Abogacía del Estado, que tras la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez decidió eliminar de su escrito el delito de rebelión y reclamó penas máximas de 12 años.
El histórico proceso judicial que sentará en el banquillo de los acusados a algunos de los principales dirigentes separatistas catalanes, que llevaron a cabo el proceso de secesión unilateral fallido de octubre de 2017, iniciará con una llamativa disparidad de criterios entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Aunque en realidad la postura de la Fiscalía es la que guía y marca el ritmo y el fondo del proceso judicial, en delitos como los que se juzgan es importante la postura de la Abogacía del Estado, que depende del ministerio de Justicia.
La llegada al poder del socialista Sánchez tras una moción de censura apoyada precisamente por grupos independentistas catalanes han abierto una nueva fase en el conflicto catalán, en la que al menos hay diálogo institucional entre el gobierno autonómico catalán y la administración central.
Además el gobierno de Sánchez está negociando la aprobación de sus primeros presupuestos, para lo que necesita el apoyo de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT), quienes a cambio de sentarse a negociar reclamaron un “gesto” en relación con la situación de los políticos encarcelados.
La Fiscalía, al margen de las negociaciones del gobierno, decidió continuar con su estrategia y mantener en su escrito las imputaciones más graves, entre ellas la de rebelión.
Por lo que solicita una pena máxima de 25 años de prisión para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, así como una pena máxima de 16 años a los ex consejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.
Mientras que a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el líder de Ómnium, Jordi Cuixart, los acusa de rebelión, pero no de malversación, pero son considerados “promotores o jefes” de la rebelión, por lo que la fiscalía solicita para ellos más pena que para los ex consejeros, 17 años de prisión.
Además, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se decidió fortalecer la acusación contra el máximo jefe de la policía autonómica catalana cuando ocurrieron los hechos, Josep Lluis Trapero, al que le imputan dos delitos de sedición y el de organización criminal.
Tras conocer los escritos tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acusó al presidente Sánchez de “ser cómplice de la represión” y advirtieron que ningún grupo parlamentario catalán negociará ni apoyará los presupuestos del gobierno ante este nuevo “ataque a las libertades” en Cataluña.
Desde Bélgica, donde se encuentra refugiado desde hace un año el ex presidente Carles Puigdemont, el ex mandatario hizo un llamamiento a la Unión Europea para que interceda e impida este “justicia que se basa en el abuso y la venganza”.
Fuente: La Jornada
