Diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) llamaron a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales, a “hacer cumplir” la Constitución y disolver a las policías comunitarias y otros grupos armados integrados por civiles.
En la Comisión de Seguridad Pública del Senado se encuentra en espera de dictamen, el punto de acuerdo propuesto por la Senadora panista Laura Angélica Rojas Hernández, por el que exhorta a las autoridades federal, estatales y municipales a desaparecer las policías comunitarias. Al mismo tiempo, que les pide generar políticas públicas que inhiban la creación de más grupos de este tipo.
La Senadora consideró que los grupos de autodefensa que se han creado en zonas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Estado de México, “violentan la Constitución, son un peligro de ingobernabilidad regional y representan un grave riesgo por ser, en una frágil línea, similares a los grupos paramilitares”.
Calificó como absurdo que algunas autoridades contemplen reglamentar a las policías comunitarias y darles recursos para que realicen sus funciones. Consideró que al institucionalizarlas, se violaría el artículo 17 constitucional, que a la letra dice:
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.
La integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana dijo entender las razones por las que se organizaron las policías comunitarias, principalmente relacionadas con el hecho de que en algunas regiones, la autoridad ha sido rebasada por el crimen organizado y la impunidad.
Sin embargo, consideró que no se debe perder de vista que sus acciones son ilegales y “artífices de ingobernabilidad”, porque es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país.
Para la Senadora panista Laura Rojas es imperativo desaparecer las policías comunitarias, generar mecanismos que las inhiban e implementar medidas preventivas y de combate efectivo al delito.
A su vez, el panista Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, afirmó que “ni las policías comunitarias ni los grupos de autodefensa están legitimados para encargarse de la seguridad”.
Al igual que la senadora Rojas, Anaya consideró que los grupos de seguridad integrados por civiles violan la Constitución, ya que la Carta Magna establece que la federación, los estados y los municipios, son las únicas autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía y brindar seguridad pública.
Descartó que los grupos civiles armados sean una alternativa viable para resolver la criminalidad, porque, éstas mismas se encuentran en la ilegalidad, ya que contravienen los artículos constitucionales 21 y 115, que dan responsabilidad al Poder Ejecutivo y al Judicial en materia de seguridad.
Para el Diputado Guillermo Anaya, la única solución al problema de inseguridad que aqueja a diversas comunidades del país, pasa por la creación de un cuerpo de seguridad de mando único. Entendió que diversos grupos sociales se han organizado en grupos de autodefensa, al ver que se incrementa el índice de secuestros y robos con la complacencia, y en muchos casos, complicidad de las autoridades locales.
“Esos grupos de la sociedad civil han surgido para defenderse ante la impotencia de la autoridad para resolver la problemática más grave que tenemos en el país, que es la inseguridad pública”, señaló Guillermo Anaya. Sin embargo, recalcó que están fuera de la ley los actos de ajuste de cuentas por propia mano.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de San Lázaro recordó que la federación ha destinado una importante suma de recursos –tan solo el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal tiene un presupuesto superior a los siete mil millones de pesos- para que las autoridades locales cumplan con sus tareas de combatir y prevenir el delito.
Parte de esos recursos deberán destinarse, dijo, para que las entidades federativas establezcan centros de control de confianza en sus respectivas secretarías de Seguridad Pública o procuradurías, con el fin de certificar a todos los miembros de sus corporaciones.
En otras palabras, el legislador panista sugirió que cuando las autoridades locales cumplan con su labor de certificar a sus policías, se acabarán los motivos para crear policías comunitarias.
En otro momento, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista José González Morfín, consideró que los tres niveles de gobierno no deben “permanecer inertes” ante el surgimiento de policías comunitarias en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Por el contrario, se pronunció porque los gobiernos municipales, estatales y el federal dejen de tolerar el surgimiento de estas guardias comunitarias y tomen medidas inmediatas para garantizar las tareas de seguridad que les competen.
“Desde un principio dije que es muy peligroso, que las tareas de Estado corresponden a la autoridad que tiene legalmente establecidas esas funciones y yo creo que esto no es delegable ni nadie puede tomar las armas, la seguridad, la justicia por su propia mano”, dijo el legislador panista.
Fuente: Sin Embargo
