La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) impulsa una reforma Constitucional que establezca que el financiamiento ilícito en las campañas electorales sea considerado un delito grave que merezca prisión preventiva de oficio.
Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que la tercera semana de octubre se presentará una propuesta de reforma constitucional para adecuar el sistema de justicia electoral en México.
Explicó que se trata de una propuesta de “reforma integral”, que incluye la posibilidad de incrementar las penas e incluir la prisión preventiva para algunos tipos penales, principalmente en el tema del financiamiento irregular, corrupción política, e incluso, el uso de nuevas tecnologías para lograr ventajas indebidas.
“En este proceso nos están acompañando las 30 fiscalías electorales estatales, porque ellos también vivieron día a día la jornada electoral”, dijo.
Díaz Santana recordó que México tiene más de 200 tipos penales, sin embargo, el resultado del pasado proceso electoral, -en el que hubo más de 3 mil 500 denuncias-, indica que se deben hacer ajustes, ampliar los tipos penales, penas e incluso, aplicar la prisión preventiva oficiosa.
En entrevista consideró que hay que poner especial atención en el tema de la violencia política de género y discutir en qué casos específicos podría aplicarse mayores penas e incluso la prisión preventiva oficiosa.
“Hay categorías de violencia política y eso debería discutirse”, agregó.
Dijo que también se está plateando la posibilidad de incluir tipos penales relacionados con las nuevas tecnologías. “Estamos discutiendo si es necesario integrar un tipo peal que pueda considerar como tipo penal el uso de nuevas tecnologías para demeritar o conseguir una ventaja indebida”.
Otro de los casos que planteó es el de la falsificación de firmas, como ocurrió con algunos candidatos independientes, pues dijo que en la actualidad no hay un tipo penal específico para sancionar dicha práctica que tanta polémica ocasionó en el pasado proceso.
“Ese es uno de los tipos penales que también es necesario integrar a la legislación en materia de delitos electorales porque los candidatos que presentaron formas falsas no hay un tipo penal en específico, hemos logrado algunas judicializaciones por el uso del padrón electoral, pero no por presentar firmas falsa”, destacó.
Insistió en que la reforma integral que se plantea, no solamente va por el aumento de penas para resolver el tema de la impunidad, sino un ajuste estructural y un apoyo en el modelo de gestión que sea acorde al nuevo sistema de justicia penal al que transitó México.
“Qué quiero decir, que necesitamos policías de investigación, peritos, analistas de información y todas las áreas que en algún momento puedan lagar a laborar sobre los hechos, pero de manera científica”, aseguró Díaz Santana tras inaugurar un foro en materia electoral que se realiza en el INACIPE.
Recordó que en el proceso electoral de 2018 se recibieron, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 un total de 3 mil 500 denuncias.
Fuente: El Financiero/ Reforma
