Al fin, PGR y CNDH investigan montaje

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El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que se investigará si hubo delitos en el mal manejo de la investigación relacionada con la detención de Florence Cassez. La CNDH también inició una investigación para determinar la responsabilidad de servidores públicos en la violación de derechos durante el montaje de la Agencia Federal de Investigaciones, realizado en diciembre de 2005.

Después de reunirse con senadores del PRI y del PVEM en la Riviera Nayarit, el procurador Murillo Karam, dijo  que el desenlace del caso Florence Cassez lastimó a la sociedad y que se investigará si se cometieron delitos durante la investigación.

Murillo Karam declaró lo siguiente:

“Corregir errores es una buena parte de lo que significa hacer justicia y vamos a meternos para que esto no vuelva a suceder, porque sí lastima; yo no sé si sea culpable o no, no me toca decirlo y no lo dijeron los jueces, pero lastima. Lastima que no podamos llegar a una verdad legal sobre inocencia o culpabilidad, derivada de un muy mal manejo en una parte de la investigación, qué me toca ver, qué me toca averiguar, con la claridad con la que acostumbro hablar, me toca ver si ese mal manejo es producto de una actitud que pudiera constituir un delito, no se lo puedo adelantar hasta que no tenga una certeza”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, dijo a El Universal que la CNDH inició una investigación para ubicar a todos los servidores públicos responsables de las violaciones graves a las garantías y las fallas que propiciaron la liberación de la ciudadana francesa, quien fue detenida durante un operativo de la AFI en 2005 (cuando su titular era Genaro García Luna).

Un día después del operativo, la AFI recreó la detención ante los medios de comunicación del Distrito Federal y la violación de los derechos procesales de Cassez durante el montaje motivó la determinación de otorgar a la francesa un amparo por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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