El desvío se dio a través de una triangulación desde el Gobierno federal hacia la Administración del ex Gobernador César Duarte y luego a campañas del PRI. Ahora la PGR le quita el caso a Chihuahua, mientras que un Tribunal Colegiado ha dispuesto el traslado a la CDMX del principal indiciado, Alejandro La Coneja Gutiérrez, quien fue operador del CEN del PRI bajo el mando de Manlio Favio Beltrones.
La indagatoria del desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación desde el Gobierno federal hacia la Administración del ex gobernador César Duarte y luego a campañas del PRI ya la asumió la PGR.
Ahora mismo, un tribunal federal de Chihuahua revocó la suspensión provisional que impedía el traslado a una cárcel de la Ciudad de México del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, y dos coacusados por un supuesto peculado de 250 millones de pesos.
Autoridades de Chihuahua sólo esperan que instancias judiciales resuelvan dónde seguirá recluido Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, preso actualmente en un penal estatal por el presunto desvío.
“La carpeta de investigación ya no está en nuestro entorno y ya l único que queda pues es que las autoridades judiciales se pongan jurídicamente de acuerdo para ver dónde debe llevarse a cabo el proceso de reclusión de esta persona”, declaró este lunes el Fiscal César Augusto Peniche.
¿Dónde está la carpeta de investigación?, se le preguntó en entrevista con medios en Palacio de Gobierno, en Chihuahua capital, tras una reunión de seguridad.
“En la PGR”, comentó.
Se le cuestionó si entonces la PGR ya asumió el caso de Gutiérrez.
Sí, en efecto. Pero no hay que olvidar que él tiene además un proceso aquí en el estado.
El Fiscal enfatizó que el traslado de Gutiérrez del Cereso Estatal 1 en Aquiles Serdán a un centro penitenciario de la Ciudad de México es una situación jurisdiccional.
“Y ya una vez que haya resoluciones definitivas, nosotros la atenderemos, ya no está específicamente en el entorno de la Fiscalía, nosotros, nuestra responsabilidad es la investigación del delito”.
“Pero, reitero, aquí tienen que ponerse de acuerdo las autoridades judiciales tanto del fuero común como del fuero federal para establecer en dónde debe cumplir el tema de la reclusión porque, reitero, un juez de control a nivel federal tiene exactamente el mismo nivel y la misma autoridad que un juez de control a nivel estatal”.
La Fiscalía no especificó cuándo entregó la indagatoria a la PGR.
En febrero, Gerardo Moreno García, juez federal de control de la CDMX, determinó asumir la instrucción del juicio contra el ex secretario del PRI por el desvío de 250 millones de pesos, al estimar que los recursos implicados son federales.
Moreno García resolvió que el juzgado del fuero común de Chihuahua no es competente para llevar el proceso contra Gutiérrez, así como de Antonio Tarín y Gerardo Villegas, ex directores de Adquisiciones y de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, porque los fondos desviados estaban comprometidos para el ramo educativo y, por tanto, son federales.
El juez dio en febrero un plazo de cinco días a la Fiscalía de Chihuahua para entregar la carpeta de investigación y las copias de la causa penal 780/2017, y advirtió que de no hacerlo le impondría una multa.
En marzo, se informó que un tribunal federal de la CDMX decidiría si el juicio de los 250 millones de pesos se quedaba en un juzgado del fuero común de Chihuahua o en uno federal de la capital del País.
En abril, el Décimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México resolvió que sea el juez federal Gerardo Moreno García quien lleve el proceso.
Alejandro Gutiérrez, detenido el 20 de diciembre en Saltillo, Coahuila, se encuentra preso en el Cereso Estatal 1 en Aquiles Serdán por dos procesos penales de presunto peculado agravado.
El primero es por 250 millones de pesos, de los cuales 246 presuntamente se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración del priista César Duarte a través de empresas fantasma y después entregados al PRI para las campañas de 2016.
Los otros 4 millones son por servicios no prestados por una empresa suya. Por esta investigación recibió seis meses de prisión preventiva.
El segundo proceso es por haber recibido presuntamente mediante otra compañía un millón 740 mil por servicios que nunca prestó y se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
