El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este lunes que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encuentra dispersa por distintos estados del país. Hay 13 causas penales asignadas a seis juzgados en por lo menos tres estados y los acusados están en otras entidades
Por Shaila Rosagel/ Sin Embargo
Carlos Beristain, especialista del grupo, dijo que las autoridades cuentan con 13 causas penales, en seis juzgados distintos.
“Las causas están en Matamoros, Jalisco, Iguala y los detenidos están en otros estados. Nosotros vemos esto con preocupación y pedimos homologar la investigación, acortar las distancias y facilitar el acceso a la justicia”, indicó.
El grupo precisó que la dispersión de la investigación, le resta eficacia y el adecuado acercamiento al proceso de los implicados.
Beristain indicó que continúa la recomendación a las autoridades para clasificar el caso de los normalistas como desaparición forzada y no como secuestro.
Los expertos resaltaron que además se deben investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.
“En el caso de los detenidos, del penal de Nayarit, nos han dicho que fueron víctimas de tortura. Hubo un grupo numeroso de los 16 que entrevistamos que nos dijeron esto. Vamos a seguir con las visitas”, explicó Carlos Beristain.
Las violaciones al debido proceso, pueden impactar negativamente a la investigación. Los expertos solicitaron nuevas pesquisas y una investigación financiera a un mayor número de detenidos. No precisaron a quienes.
“La investigación debe llegar a todos los que se necesiten investigar”, indicó Claudia Paz.
“La legislación mexicana permite que eso suceda, pero también permite la acumulación de los hechos, para que un mismo juez lleve el caso”, agregó la experta Claudia Paz.
Los expertos informaron que la entrevista que solicitaron hace mes y medio con integrantes del 27 Batallón del Ejército, fue negada. El argumento explicó Beristain, es que la reunión con las fuerzas castrenses, no se puede gestionar a través de la Procuraduría General de Justicia (PGR).
“Nosotros les aclaramos que solicitamos esa entrevista, no a través de la PGR. La solicitud es directa”, detalló.
El grupo adelantó que en su última semana de actividades, a finales de este mes, se reunirán con María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Alcalde José Luis Abarca Velázquez.
El grupo enfatizó en la necesidad de la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada. Los expertos informaron que el proceso de búsqueda de los estudiantes continúa.
Añadieron que entre los últimos avances se destaca que se abrió un canal de comunicación entre los familiares de los normalistas y las autoridades. Reconocieron que la relación entre las familias y la PGR era nula.
“Del lado de las autoridades nos solicitaron algún contacto con los familiares y de parte de las familias. Este es el avance principal, que ya hay un acuerdo de que la búsqueda sigue”, explicó Beristain.
Fuente: Sin Embargo
