La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, reveló que existen sólidos indicios de que la organización criminal de Los Zetas habrían infiltrado las estructuras del Gobierno del Distrito Federal (GDF). En una entrevista con el diario 24 Horas que dirige el periodista Raymundo Riva Palacio, la funcionaria aseguró que empleados del gobierno capitalino facilitaron el registro ilegal de las camionetas utilizadas por los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua desde el pasado 20 de agosto y que aparecen a nombre de Televisa.
De inmediato, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, dijo desconocer los hechos. “Vamos a ver en base a qué dice eso, y desde luego contribuiremos a cualquier investigación que sea necesaria”. Detalló que por lo mismo, el Procurador capitalino se pondrá en contacto con la Procuradora para saber a detalle cuáles son los motivos de esta declaración.
La titular de la PGR dijo que con base en la indagatoria que realiza la dependencia a su cargo, Morales sostuvo que servidores públicos del DF habrían actuado de forma premeditada para registrar ilegalmente las seis camionetas que se encuentran retenidas en el país centroamericano y cuya documentación aparece registrada a nombre de Televisa, aparte del logotipo impreso.
Según la Procuradora no es la primera vez que la delincuencia organizada realiza una operación de ese tipo.
“Al parecer pertenecen a esta organización de Los Zetas, pero en eso estamos, terminando de recabar información, se van a hacer algunas diligencias que no puedo revelar porque perderíamos el factor sorpresa”, dijo la procuradora.
Añadió que las líneas de investigación apuntan a que la célula de presuntos delincuentes, encabezada por Raquel Alatorre Correa, operaba desde hacía tiempo utilizando una fachada para trasladar recursos económicos provenientes del narcotráfico en México y Estados Unidos hacia el sur del continente.
“Cuando tengamos la totalidad de las investigaciones se las vamos a remitir a la Fiscalía General allá en Nicaragua (…) nosotros tenemos nuestro caso abierto y seguramente estaremos consignando algo en contra de estas personas por las actividades que hayan desarrollado en México”, apuntó Morales.
Precisó que para sus investigaciones serán importantes los resultados que arroje la averiguación previa abierta por la PGJDF, luego de que Televisa denunció que los seis vehículos asegurados en Nicaragua fueron registrados de forma ilegal a su nombre.
“Vamos a estar coordinándonos con la Procuraduría del DF, que también lleva una investigación y en esa coordinación de investigaciones si se dan delitos del orden común o del orden federal (contra los funcionarios), vamos a actuar”, sostuvo.
De acuerdo con el diario 24 Horas los funcionarios capitalinos que se encuentran bajo sospecha laboran en la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) y son quienes habrían registrado las camionetas con un poder notarial de Televisa que ya estaba vencido y que podría haber sido extraído de un expediente anterior.
Los funcionarios involucrados son: María Cristina Basurto Camarillo, operadora de un módulo de Setravi en Tlalpan; Luis Gustavo Bedolla, operador de un módulo en Álvaro Obregón; Adriana Sara Cruz Mendoza, responsable del módulo en Venustiano Carranza, y Luis Basurto Orozco, encargado de un módulo de control vehicular en Tlalpan. Ninguno de ellos ha sido detenido.
El pasado viernes 21, la PGJDF recibió la documentación que solicitó a la Setravi el Ministerio Público local, relacionada con el registro de las seis camionetas modelo 2010 y 2011, registradas a nombre de Televisa, y aseguradas en Nicaragua el pasado 20 se agosto con más de nueve millones de dólares en el interior.
Entre los documentos enviados a la procuraduría capitalina destacan los registros de las unidades ante la Setravi para hacer el trámite del emplacamiento, y el poder notarial usado para realizar el tramite a nombre de Televisa.
Dicha documentación, integrada al expediente de la averiguación fue turnada a la Fiscalía Especializada para delitos de Servidores Públicos de la PGJDF, que se encargará de revisar los trámites que se realizaron y, de ser el caso, aplicar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
En tanto, los 18 mexicanos aprehendidos en Nicaragua– 17 hombres y Raquel Alatorre– se encuentran a la espera del arranque del juicio en diciembre próximo por presuntos vínculos con el crimen organizado trasnacional.
Fuente: Proceso y El Sol de México
