Las autoridades se han mostrado omisas e indolentes para localizar a por lo menos 35 policías federales que desaparecieron entre 2008 y 2012. Consecuencia de la guerra calderonista contra el narcotráfico, estas desapariciones dejan en un limbo jurídico y emocional a las familias de los agentes, quienes se encontraban en la “línea del deber” cuando se les perdió la pista. Los mandos de la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal argumentaron que seguían con la búsqueda y sólo daban evasivas a las familias.
Por Marcela Turati/ Proceso
Fabián Mendoza Rosales y Julián Hermosa Cornejo estaban en el campamento de la Policía Federal en el Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán. Salieron a hacer algunas compras y no volvieron. Desde el 5 de agosto de 2008 están desaparecidos. Ellos inauguran la lista de 35 policías federales aparentemente buscados por la agrupación. Son los agentes que se reconocieron como desaparecidos en los tiempos en que Genaro García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).
Casi todos son jóvenes que el sexenio pasado ingresaron a la Policía Federal y fueron asignados a la División de Fuerzas Federales que los destinó a operativos antinarco. Desaparecieron mientras estaban en servicio, entre agosto de 2008 y agosto de 2012.
Ellos son: Luis Ángel, Bernardo Israel, Juan Carlos, Jaime Humberto, Pedro Alberto, Israel, Moisés, Bernardino, Jorge, Julián, Fabián, Valentín, Lito, Milton, Efraín, Rosendo, Agustín, Adrián, Roberto, Juan, Juan Luis, Adrián, Miguel, Cristóbal, Efraín, Juan Alberto, Rusbell, Eduardo, Noé, José Alfredo, Fausto, Prisciliano, Esteban, Gustavo y Víctor Hugo.
Sólo uno fue encontrado, muerto y torturado, en Zacatecas; de los demás no hay rastro.
Los nombres se desprenden de un oficio interno de la SSPF del pasado agosto firmado por el inspector Rafael Copado Balderas y enviado a la Dirección General Adjunta de Enlace Jurídico de la División de Fuerzas Federales. En ese documento se mencionan los nombres de los 35 policías y los operativos realizados para buscarlos.
Pero la lista está incompleta. Aunque comienza en agosto de 2008 y se corta en agosto de 2012, antes y después de esas fechas hubo policías desaparecidos.
Según el oficio, del cual este semanario posee copia, Michoacán encabezó las desapariciones con 18 casos (y aunque el documento no lo menciona, Proceso confirmó que los hechos ocurrieron en Zitácuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas).
Los estados que reportaron tres sucesos fueron Coahuila, en Torreón y Nuevo León, en San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza. Veracruz reporta dos, en Martínez de la Torre y Boca del Río; Tamaulipas uno en Matamoros; Durango y Distrito Federal dos (los dos de Iztapalapa, uno de ellos al salir de la base de la PF). Sinaloa, Hidalgo y Zacatecas registran, cada uno, una desaparición.
En el reporte de cuatro hojas entregado el año pasado a las familias que exigen cuentas a la SSPF se informó que existe una orden “superior” para recabar información y continuar con la búsqueda y localización de los desaparecidos. También se indicó que empleados de la Dirección de Situaciones Tácticas y de la Dirección General de Intervención realizan monitoreos y vigilancia en “domicilios y lugares señalados, tales como ciudades, municipios, poblaciones y parajes conocidos, dando seguimiento al análisis de la información recopilada”.
Entre las acciones para ubicar a los federales y esclarecer los hechos se mencionan como logros “el aseguramiento de miembros de la delincuencia organizada, vehículos, armas y envoltorios de hierba, todos ellos presuntamente vinculados con las desapariciones”. Sin embargo, del reporte se desprende que no se localizó a ninguno de los desaparecidos.
Para ubicar a los oficiales en Coahuila fueron detenidos 28 policías municipales de Lerdo, Durango, quienes –según el informe– colaboraban con Los Zetas. En Michoacán capturaron a 54 integrantes de La Familia; en Nuevo León a tres miembros de Los Zetas y en Zacatecas a otros 12 de esa organización, y cuatro más fueron abatidos en un enfrentamiento.
“A pesar de las significativas detenciones y aseguramientos de personas, armas, municiones, inmuebles y vehículos presuntamente involucrados en las desapariciones de varios de los elementos referidos –argumenta la dependencia–, no se han encontrado indicios que confirmen su identidad o ubicación”.
Tampoco se localizaron cadáveres. “Cabe resaltar que en las entrevistas realizadas a los miembros de la delincuencia organizada asegurados y presuntamente vinculados con la desaparición de los PF, estos han manifestado ubicaciones donde se encontrarían los cuerpos de los servidores públicos, por lo que se ha acudido a dichos puntos y zonas aledañas para la búsqueda de indicios y/o pertenencias de las víctimas, sin obtener hasta el momento algo que permita su ubicación y otra línea de investigación derivada”, abunda el reporte.
En el escrito firmado por el inspector Copado Balderas se menciona como explicación de las desapariciones que los grupos de la delincuencia organizada encabezaron agresiones contra elementos de la PF –“tales como emboscadas y aseguramientos ilícitos” de personas–, en represalia por la captura de varios capos y los operativos conjuntos montados en su contra por parte del gobierno federal.
Y concluye con la siguiente afirmación: “A raíz de estos aseguramientos se pudo saber que el cártel denominado Los Zetas realiza este tipo de acciones ‘para demostrar la fuerza del grupo y amedrentar a los elementos Federales’ según lo manifestado en las entrevistas realizadas”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación)
