Por Álvaro Delgado
os poderes nacionales y extranjeros que ambicionan las ganancias del petróleo han vuelto a reagruparse, pero también se ha consolidado una mayoría social que repudia la privatización presentada como la panacea para México.
Es cierto que Enrique Peña Nieto ha avanzado en su proyecto de compartir la renta petrolera con inversionistas nacionales y extranjeros –desapareciendo del Programa de Acción del PRI esta prohibición histórica y sumando el apoyo incondicional del PAN para reformar la Constitución–, pero también enfrenta una amplia oposición.
Esta oposición no es sólo de las fuerzas políticas de la izquierda partidaria, que tienen vasto poder de movilización, sino de segmentos de la sociedad más numerosos. De hecho, según refieren dos encuestas recientes, una amplia mayoría de los mexicanos rechaza privatizar el petróleo que, conforme a la Constitución, es propiedad de la nación.
La primera de ellas es la que elaboró el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), titulada “México, las Américas y el Mundo 2012-2013”, y que arroja que dos terceras partes rechazan la privatización de los recursos petroleros.
Esta institución, a la que no se le puede achacar un sesgo a favor de la izquierda, consultó a finales del año pasado a 535 líderes empresariales, del gobierno, académicos, de organizaciones sociales y medios de comunicación, así como a 2 mil 400 ciudadanos comunes.
Apoyada por fundaciones como Konrad Adenauer y Friedrich Ebert, ambas alemanas, así como la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la investigación del CIDE reveló que seis de cada 10 mexicanos rechazan la participación privada en el sector petrolero.
Lo notable del estudio del CIDE no es sólo lo cuantitativo, que de suyo es insoslayable, sino las razones de ese rechazo:
“En el México del siglo 21, el nacionalismo no se opone a la apertura al mundo, salvo en el sector petrolero. Los mexicanos muestran fuertes y crecientes sentimientos de orgullo, identificación y apego a su nacionalidad, siendo la mexicana la comunidad política primaria de identificación y pertenencia”.
Añade el estudio: “El alto nivel de orgullo nacional no se contrapone a la apertura cultural y económica, con la sola excepción del sector petrolero, de tal forma que ha aumentado el apoyo a la difusión de ideas de otros países en México, como la globalización, el libre comercio y la inversión extranjera”.
La encuesta más reciente es la que elaboró el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, entre el 6 y 7 de julio, y establece que una mayoría superior a 70% estaría en contra de la inversión privada en el sector petrolero.
El estudio refiere también un dato que es muy revelador de la situación que vive Petróleos Mexicanos (Pemex), el organismo que administra los recursos petroleros del país: 88% de los ciudadanos consultados vía telefónica considera que hay mucha o algo de corrupción en la paraestatal.
La Presidencia de la República tiene también información en este sentido, con base en sus propias encuestas, pese a lo cual Peña y el grupo de intereses que lo llevó hasta el cargo que ostenta creen llegado el momento para, en agosto, presentar un paquete de iniciativas de reforma constitucional para materializar la privatización de los recursos petroleros.
Peña y los suyos han decidido que el proyecto privatizador se envíe al Senado como Cámara de origen, donde el PAN está perfectamente unificado para ese fin y sumará sus votos a los del PRI, lo que de manera análoga ocurriría también en la Cámara de Diputados y la mayoría de los Congresos locales que consumen la reforma constitucional.
El problema es que, como lo muestran las encuestas citadas –y otras de las que disponen los grupos de poder–, una reforma constitucional que pretende compartir la renta petrolera con grupos privados del país y el extranjero concita un amplio repudio social que anticipa un conflicto de dimensiones quizá no vistas hasta ahora.
Si difícilmente el gobierno y el PAN –cada vez más indistinguibles– aceptarán un debate más allá del Congreso, menos accederán a que los mexicanos opinen sobre la conveniencia de abrir el sector petrolero a la inversión privada en una consulta como la que ya prevé la propia Constitución.
Un referéndum sería lo mínimo procedente para que la sociedad, tan agraviada por decisiones cupulares, se manifieste sobre lo que le pertenece.
Pero como eso no se prevé, a los mexicanos nos espera un verano muy caliente…
Twitter: @alvaro_delgado
Fuente: Apro
