Para quienes recuerdan los días oscuros de la década de 1990, esto suena familiar: el más poderoso capo del narcotráfico se escapa de prisión, luego de que el gobierno decidiera no extraditarlo y mostrara incapacidad para mantenerlo preso en una cárcel.
Por Mark Stevenson
Cuando el legendario narcotraficante colombiano Pablo Escobar escapó de La Catedral, la prisión que controlaba en las afueras de Medellín en 1992, se pusieron en marcha algunos mecanismos: la renovación de las extradiciones a Estados Unidos y la cacería y muerte del capo un año después.
En México, sin embargo, la fuga el fin de semana del poderoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán parece haber llevado al gobierno en turno y, a su partido, a consultar su viejo manual de negaciones y señalamientos a otros.
Más que enfrentar las complicidades y corrupción, que lo más seguro permitieron a Guzmán escabullirse de su celda en una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de 1,5 kilómetros construido para tal propósito, equipado con luces y una motocicleta, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, argumentó la noche del lunes que el capo se habría escapado de cualquier prisión de máxima seguridad en el mundo.
Guzmán “logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales”, dijo Osorio y afirmó que el penal del Altiplano, del que se escapó, tiene las mismas certificaciones de seguridad que cualquier en Estados Unidos.
Por su parte, el oficialista Partido Revolucionario Institucional, que recuperó el poder en 2012 tras haber perdido dos elecciones presidenciales seguidas, no ha aceptado las críticas. En su lugar, ha lanzado culpas a la administración anterior del presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, por haber lanzado una guerra contra el narcotráfico.
“No tienen autoridad moral quienes iniciaron esta guerra cruenta y absurda contra el crimen organizado”, señaló el martes en un comunicado el partido, más conocido por sus siglas PRI. Otros ámbitos del gobierno, añadió, deben “contribuir a fortalecer el Estado de derecho e informar y transmitir confianza a los mexicanos”.
Esa falta incondicional de crítica ha sido una posición que caracteriza a los líderes del PRI que mantuvieron durante décadas de poder ininterrumpido. Ese partido gobernó el país por más de siete décadas hasta el 2000, cuando por primera vez fue derrotado por la oposición.
“Parece que retrocedimos 50 años”, dijo a The Associated Press el analista de seguridad Raúl Benítez.
La fuga de Guzmán, líder del poderoso cartel de Sinaloa, es un golpe a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que no siguió una batalla abierta contra los carteles, pero sí estableció como prioridad la captura de los líderes.
La detención a principios de 2014 de “El Chapo” Guzmán, que estuvo libre desde que se fugó por primera vez de otra prisión de máxima seguridad en 2001, fue un triunfo importante para el actual gobierno.
Mientras las autoridades en Estados Unidos confiaban en que México extraditaría a Guzmán para que enfrentara allá las acusaciones criminales, la administración de Peña Nieto se mofó de la idea cuando el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que sólo lo haría cuando “El Chapo” cumpliera su sentencia en el país en 300 o 400 años.
Pero no todos creen que los errores para mantener en prisión a Guzmán puedan propiciar una política más favorable hacia las extradiciones.
“No creo”, dijo Juan Masini, del Grupo Global Masini y quien fue agregado de operaciones del Departamento de Justicia en la embajada de Estados Unidos en México. “Ellos (los mexicanos) no quieren ser vistos como un país que cede a los caprichos de Estados Unidos”.
Una mezcla de actitud defensiva y nacionalismo del partido de Peña Nieto hace regresar la mirada hacia la década de 1980, cuando Estados Unidos y México abiertamente discutieron sobre el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la agencia antidrogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena.
El capo del narcotráfico acusado del crimen, Rafael Caro Quintero, abandonó la prisión en 2013 después de que una corte de apelaciones anuló su sentencia por supuestos errores de procedimiento. Pero en lugar de ordenar un nuevo juicio, el tribunal le permitió salir de la cárcel, lo cual desató la indignación de Estados Unidos.
A la fecha, el hombre no se le ha vuelto a ver.
Las extradiciones de México a Estados Unidos han caído dramáticamente desde 2012, el último año del gobierno de Calderón. Entonces se enviaron a 115 personas, según un reporte elaborado por un grupo de investigación que trabaja para el Congreso estadounidense. En 2014, la cifra fue de 66.
Ninguno de los cinco principales capos arrestados durante la administración de Peña Nieto ha sido extraditado.
“Es un derivado del nacionalismo revolucionario del siglo XX”, dijo Benítez. “El PRI es un partido nacionalista y trataban de hacer una política distinta para distinguirlo de Felipe Calderón y esa élite política decían que Felipe Calderón había vendido la seguridad a Estados Unidos”.
El gobierno estadounidense alertó a las autoridades mexicanas hace 16 meses de que gente cercana a Guzmán y algunos familiares hacían planes para que el capo se fugara, según un funcionario que conoció de una investigación de la DEA, que no estaba autorizado a revelar los detalles de la misma y que habló con la AP bajo condición de anonimato.
Osorio Chong, sin embargo, negó la noche del lunes que las autoridades mexicanas fueran informadas de potenciales planes de escapes.
El gobierno mexicano anunció que está ofreciendo una recompensa de 3.8 millones de dólares (60 millones de pesos mexicanos) por la recaptura de Guzmán. Los investigadores de la unidad de crimen organizado del gobierno han interrogado a 49 personas, incluyendo a 32 empleados de la prisión. La Interpol emitió una alerta por la fuga de Guzmán, que fue enviada a diez países.
El gobierno también dijo que despidió al director de la prisión del Altiplano y a otros dos funcionarios de la prisión. Pero no había ninguna indicación de que funcionarios de más alto nivel perderían sus puestos o fueran a la cárcel.
El PRI tiene la reputación de proteger a los suyos. Escándalos como la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre, presuntamente a manos de policías corruptos y funcionarios municipales, no ha provocado un solo despido o la renuncia de algún ministro del gabinete, a la fecha.
Incluso Murillo Karam, quien fue criticado por su manejo de la investigación de la desaparición de los estudiantes y que dijo el año pasado que la posibilidad de que Guzmán escapara no existía, continuó en el gabinete, aunque en un rol inferior y con un perfil más bajo después de dimitir como Procurador en febrero pasado.
El secretario de Gobernación, además, rechazó que pensara en renunciar.
“Los momentos de crisis no son para renunciar, son para enfrentarlos”, dijo.
Fuente: AP
