El gobierno peruana ha establecido el estado de emergencia en la región en que enfrentamientos entre campesinos y policías durante las protestas de un proyecto del corporativo mexicano que han dejado tres personas muertas y otras 382 más heridas. La semana pasada un grupo de 300 intelectuales le pidió al presidente Humala que cancele la ley marcial y el plan minero
Por Franklin Criceño
El agricultor de 45 años contempla cómo sus dos máquinas cosechadoras cortan miles de espigas de arroz en este valle que alimenta al sur de Perú y teme que el inicio de un millonario proyecto para extraer cobre de uno de los más poderosos grupos minero mexicanos contamine las aguas con las que riega sus campos de cultivo.
Domingo Condori, quien hace 25 años llegó de los Andes al valle de Tambo como jornalero, se opone a la presencia de la minería.
“Aquí la vida es tranquila, el que trabaja, así no tenga estudios, progresa, ¿para qué queremos minería?”, se preguntó mirando una cercana vía que une el Pacífico con los Andes llena de piedras, neumáticos incendiados y cartuchos de perdigones.
El inhóspito paisaje es consecuencia de dos meses de enfrentamientos contra la policía que defiende el plan minero, al igual que el gobierno, y que han provocado heridas a 382 personas: 263 policías y 119 agricultores, según datos de la Defensoría del Pueblo, una cifra que por el número de contusos lo convirtió en el más violento conflicto social que vive Perú.
Pero el conflicto también ha dejado muertos: los agricultores Victoriano Huayna y Ramón Colque, así como el albañil Henry Checlla murieron por heridas de bala; mientras que el policía Alberto Vásquez no sobrevivió a un traumatismo encéfalo craneano, luego de ser golpeado con piedras, palos y cadenas por un grupo de manifestantes.
A fines de mayo, cuando la violencia se tornó incontenible, el gobierno del presidente Ollanta Humala sacó de los cuarteles a 2.000 soldados y decretó el estado de emergencia en el valle que implica la suspensión hasta julio de varios derechos constitucionales.
El Grupo México suspendió por 60 días su proyecto y dijo en un comunicado enviado a la AP que el objetivo era “identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable”.
Nunca antes, ni siquiera en la época del conflicto armado que enfrentó a las fuerzas de seguridad con Sendero Luminoso entre 1980-2000, este valle había estado sometido al estado de emergencia.
La mayoría de sus 47.000 habitantes sienten que Humala los traicionó luego de que el 72% de los agricultores locales votara por él en 2011.
“Dijo que estaba con los agricultores, ahora no sale de su sillón, no llega acá y encima nos dice que hacemos vandalismo”, dijo María Figueroa, de 56 años mientras cortaba con una hoz los tallos de las bulbas de una plantación de ajos junto a medio centenar de jornaleros. “Todos votamos por él…y así nos paga”, dijo escupiendo en el suelo lleno de ramas secas.
Ahora, según las normas del estado de emergencia, nadie puede reunirse ni protestar. Según la ley, los más de 3.000 policías acantonados en el valle que abastece de arroz y papa al sur de Perú, pueden ingresar a las casas de los pobladores a cualquier hora del día o de la noche y detener a cualquier agricultor sin autorización firmada por un juez.
Un recorrido por las calles de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta Bombón encontró una ciudad semivacía. Una entidad financiera y varias casas tienen las lunas rotas.
Sólo algunos niños juegan en la calle por las noches, mientras decenas de vecinos, como la profesora Abigail Torres, suben hasta las azoteas de sus casas golpeando una olla con un cucharón. “Es nuestra forma de protestar”, dijo la maestra de escuela secundaria que enseña la asignatura de medio ambiente en una escuela de la zona.
La última semana, en una carta pública suscrita por el lingüista estadounidense Noam Chomsky y 300 intelectuales más, se le pidió a Humala que cancele la ley marcial y el plan minero. “El cobre y el oro pueden hacer ricos a algunos y dar una sensación de bienestar momentánea mientras dure la demanda externa, pero sin agua y agricultura todos perecemos”, decía la misiva.
Grupo México asegura que utilizará agua del Pacífico procesada en una planta desalinizadora, que una vez utilizada será devuelta al océano y que la contaminación por polvo de las explosiones minera será nula porque los vientos lo llevarán a una zona desértica.
El conglomerado minero también afirma que el proyecto de 1.400 millones de dólares ofrecerá 3.500 empleos durante la fase de construcción de la mina y 2.600 empleos durante su funcionamiento previsto para 18 años.
Muy pocos creen en esas proyecciones.
“Si llega la minería habrá contaminación y van a llegar delincuentes y prostitutas”, dice Edwin Panca, de 35 años, quien trabajó una década como perforista en una minera ubicada a 270 kilómetros de distancia, de la que renunció porque le duelen los pulmones.
“Esta tierra es bendita, en un mes junto 8 sacos de arroz, papa, cebolla y maíz, todo gratis”, dijo. ¿Tú crees que eso siga cuando venga la minería?”.
Fuente: AP
