La organización Human Rigths Watch (HRW) envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que asegura que militares y policías “continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia”, ya que se siguen perpetrando desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados del país por parte de miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Como un balance por el primer año de gobierno, la misiva critica la falta de resultados concretos en materia de derechos humanos, y señala que la estrategia ha quedado en la retórica, por lo que expresó su profunda preocupación ya que en México “no se han registrado resultados frente a las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el pasado”.
En la carta firmada por José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, se destaca que a pesar de algunas medidas como promulgar la Ley General de Víctimas —que todavía carece de ley secundaria— “a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad” fustigó.
Vivanco destacó que si bien desde el inicio de la administración “entendíamos que se trataba de problemas complejos y de difícil solución que no se atribuían a su gobierno, y que llevaría cierto tiempo resolverlos. También advertimos que la amenaza para la seguridad pública que representa la delincuencia organizada es genuina y no ficticia y que al gobierno le incumbe la responsabilidad de proteger a los ciudadanos frente a estos grupos”.
Expuso que en el último año, el gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en materia de derechos humanos como promulgar una Ley General de Víctimas, se reconoció la magnitud del problema de las desapariciones, y conformó una unidad de investigación dedicada exclusivamente a estos delitos; pero también se afirmó que se está trabajando en la definición de un Programa Nacional de Derechos Humanos, si bien aún no trascendieron los pormenores de este proyecto.
No obstante, Human Rights Watch reveló que “ha identificado casos que demuestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia. Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Entre estos casos está el de Armando Humberto del Bosque Villarreal, detenido el 3 de agosto por miembros de la Marina cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su padre presenció la detención e informó haber hablado con un capitán de Marina, quien le aseguró que Armando sería liberado en breve, pero posteriormente el capitán negó que la detención hubiera ocurrido. El cuerpo de Armando fue hallado el 3 de octubre a pocos kilómetros de un cuartel de la Marina.
Otro ejemplo es el asesinato de tres dirigentes campesinos en Guerrero, que fueron encontrados muertos el 3 de junio, tras ser llevados contra su voluntad junto con otras cinco personas el 30 de mayo. Un testigo que sobrevivió a los hechos indicó en una declaración que el alcalde y el jefe de policía visitaron el lugar donde él y las demás personas en cautiverio se encontraban detenidas, y el alcalde ordenó que fueran torturados.
Vivanco en la carta expresó al mandatario que “su administración aún no ha dado los pasos necesarios para hacer cumplir la prohibición del uso de pruebas obtenidas bajo tortura, entre ellos mejorar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y la práctica de tortura persiste en algunas partes del país a pesar de esa reforma amplia para proteger los derechos básicos”.
Asimismo, cuestionó que “se mantiene una estrategia de seguridad que no ha dado resultados (…) si bien ha señalado reiteradamente que la prioridad de su estrategia de seguridad es reducir la violencia, hasta ahora no ha definido un plan concreto sobre cómo lograr este objetivo”.
Criticó que en los últimos meses “cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor (Felipe Calderón). Por ejemplo, ha dispuesto el envío de miles de soldados a Michoacán. Estos soldados se unen a miles de otros asignados a operativos contra el narcotráfico en todo el país, quienes no han recibido una misión clara (salvo una directiva imprecisa de restablecer la seguridad), no tienen plazos claros con respecto a cuándo deberán retirarse, y cuentan con una supervisión civil insuficiente”.
Recordó que “como quedó demostrado en el mandato de su antecesor, las fuerzas armadas por sí solas no pueden restablecer el estado de derecho ni brindar seguridad ciudadana en forma duradera, especialmente si hay soldados que cometen habitualmente violaciones de derechos humanos, lo cual exacerba el clima de caos y debilita la confianza pública en la autoridad”.
Fuente: El Universal
