En el marco de una persecución del gobierno de Mauricio Macri mediante acciones judiciales y mediáticas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actual senadora, el juez Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa llamada de Los Sauces, por el alquiler de inmuebles propiedad de una empresa de la familia Kirchner, por supuestos sobornos, aunque los pagos están registrados legalmente en movimientos bancarios y en los que no se detectaron sobreprecios ni falsas identidades.
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En este juicio que lleva largo tiempo sin obtener pruebas concretas, junto a la ex mandataria están procesados sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, Fabián de Souza y el contador de la familia, Víctor Manzanres, además de Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la ex presidenta.
Este juez, que actuó abiertamente contra de la ex presidenta cuando esta estaba en el gobierno, lleva adelante este juicio porque “supone” que el alquiler de esos complejos, “podrían ser un caso de lavado de dinero”, aunque se entregó suficiente documentación de que las operaciones de alquiler fueron verdaderas y que todos los pagos se realizaron normalmente. mediante cheques y considerando el precio del mercado.
Es tan escandaloso este juicio que Florencia Kirchner está acusada, a pesar de que cuando se supone que “se cometía el delito” tenía doce años. Toda la documentación fue entregada por la familia Kirchner y en ninguna parte figura que haya cobrado fuera de los valores del momento.
Este accionar es lo que están llamando varios analistas aquí, “otra cortina de humo” cuando la situación general del país, es insostenible.
También las decisiones del juez Claudio Bonadío, que ha ordenado allanamientos considerados “extorsivos” en la casa de la familia Kircher en la provincia de Santa Cruz y su departamento en Buenos Aires, que fueron criticados y rechazados por varios juristas, ya que en el primero de estos lugares, los policías y fuerzas de seguridad permanecieron durante más de tres días en la residencia, produciendo daños y llevándose entre otras cosas, el bastón de mando presidencial, que le había regalado la familia del ex presidente Héctor Cámpora (1973-1974) a Néstor Kichner y Cristina Fernández.
Mientras continúa el llamado “carnaval” de las prisiones preventivas, Bonadío solicitó dos pedidos para quitarle los fueros a la senadora y aplicarle el esquema de prisión preventiva, que instaló contra la Constitución, el juez Martín Irirzún sosteniendo que los hoy detenidos ex funcionarios y la propia ex mandataria podían fugarse o “utilizar su “poder “ (que por supuesto no tienen) para obstaculizar la causa, el ministro de Justicia actual Germán Garavano se expresó contra esta ilegalidad.
En una entrevista con El Destape Radio, Garavano se expresó contra los que sostienen que la ex presidenta debe ser desaforada y detenida como pide Bonadío en la causa de las fotocopias de los cuadernos escritos supuestamente por el ex chofer de un ex funcionario.
Por su parte el abogado y ex juez del Juicio a las Juntas Militares, Ricardo Gil Lavedra de la Unión Cívica Radical (UCR) que forma parte de la gubernamental alianza Cambiemos, advirtió que ha habido “ciertos excesos” en la aplicación de la prisión preventiva” y se expresó contra la existencia de la figura del arrepentido.
En diálogo con una radio local, Gil Lavedrae dijo que “es probable que haya cierto uso indebido de la prisión preventiva, es una medida extrema”, y afirmó que “no alcanza con la declaración de un arrepentido para condenar a una persona”.
También el caso de los cuadernos es considerado uno de los grandes escándalos del gobierno de Macri, que utiliza a la justicia y grandes medios de comunicación como el Grupo Clarín para intentar cambiar el rumbo de la política persiguiendo a los dirigentes políticos opositores.
A su vez, la diputada oficialista Elisa Carrió, se expresó con furia contra Garvano, por sus declaraciones sosteniendo que va a pedir su juicio político se supone que Garvano y Gil Laavedra saben que el tema de la ilegalidad de las prisiones preventivas ilegales, está siendo observado y criticado desde el exterior.
También el ministro advirtió que los fueros “sólo implican que una persona no pueda ser arrestada”, como coinciden la mayoría de los juristas que se oponen a la embestida contra Fernández de Kirchner y la consideran una persecución política; mientras personalidades de la justicia, están señalando que se ha llegado a una situación en que “no hay estado de derecho “ en el país , lo cual agrava la situación del gobierno de Macri.
Fuente: La Jornada
