Periodistas de la ciudad de Iguala, en la zona norte de Guerrero, denunciaron que han sido amenazados de muerte a través de las redes sociales, por grupos de la delincuencia organizada, por lo que exigieron “a las autoridades federales y estatales garantizar el ejercicio de nuestra noble labor”.
Mediante un oficio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Héctor Astudillo Flores, entre otras autoridades, señalaron que “la noche del 5 de Octubre hubo una amenaza generalizada contra el gremio periodístico de Iguala, por parte de personas que se identificaron como miembros de un grupo criminal. Varios de nosotros recibimos llamadas telefónicas por medio de WhatsApp, en el contexto de una cobertura a la que asistieron horas antes algunos de nuestros compañeros, sobre una protesta en la Fiscalía Regional con sede en esta misma ciudad”.
Advirtieron los comunicadores: “Emitimos una alerta porque estamos en riesgo, y si las autoridades no actúan al respecto, en los próximos días podría ser asesinado alguno de nosotros”.
Refieren que “en el contexto de la guerra que mantienen grupos del crimen organizado en esta ciudad, hemos sido amenazados por medio de llamadas y mensajes a través de la aplicación WhatsApp, por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia, así como denuncias de abusos de autoridad por parte de corporaciones policiacas”.
Los delincuentes advirtieron que “en las próximas semanas, un integrante de nuestro gremio sería asesinado, como Pablo Morrugares, compañero periodista acribillado el 2 de agosto de este año, pese a que contaba con medidas cautelares”.
A algunos “nos llegaron a decir que nos harían “pedacitos” y enseguida nos enviaron mensajes que contenían algunas fotografías en las que aparecemos, indicando que todos estamos ‘ubicados’. En algunos casos, también nos amenazaron con atentar contra nuestros familiares”.
Mencionaron que “en Iguala, el día 7 de Octubre pasado, se registró una marcha ‘por la paz’ por parte de ciudadanos y transportistas, a la que ya no se le dio cobertura por temor a las represalias que pudieran tomar los grupos delincuenciales”.
Su ausencia en esa ocasión, por tales amenazas, “representa una mordaza para los medios de comunicación, lo cual consideramos, es un hecho gravísimo sobre todo en una ciudad en la que hace apenas seis años, fueron desaparecidos 43 estudiantes”, acotaron.
Ante esta situación, finalizan, “varios comunicadores hemos decidido solicitar apoyo a organismos defensores de periodistas y solicitar medidas cautelares”.
Fuente: La Jornada
