Por Jesús Cantú
Mientras el gobierno federal se esmera en construir la percepción de que la inseguridad y la violencia disminuyen, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación crecen; 2013 ha sido el peor año para el ejercicio de dicha profesión desde 2007, periodo en que la organización de la sociedad civil Artículo 19 empezó a llevar la cuenta de los atentados en contra de la libertad de expresión.
Además de que en 2013 las agresiones crecieron 60% respecto del año anterior, lo más significativo es que 60% de los ataques los cometen funcionarios públicos, es decir, son las autoridades los principales enemigos de los medios de comunicación. De acuerdo con el documento de Artículo 19, en 2013 se perpetraron 330 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. De los 274 casos en que fue posible identificar a los agresores, 146 recayeron en funcionarios públicos, 49 en organizaciones sociales, 39 en el crimen organizado, 30 en particulares, y 10 en partidos políticos.
Así sentencia el documento: “Las autoridades agreden de un lado, el crimen organizado asesina del otro”, aparte de que fracasan las acciones que las autoridades instrumentan para proteger a los periodistas y medios de comunicación.
Aunque es innegable que hay entidades en las que se exacerba la violencia en contra de los comunicadores (Veracruz, Coahuila y Distrito Federal), otro de los cambios más significativos es que en 2007 las agresiones se concentraban en 15 entidades, es decir, 17 (53%) no registraban ningún ataque de este tipo; mientras que en 2013 los únicos estados que no reportan ningún atentado son Tabasco, Hidalgo y Nayarit, caracterizados no por la vigencia del estado de derecho o el respeto a la libertad de expresión, sino por su pobre periodismo.
Y para reforzar los hallazgos del documento, la semana pasada los gobiernos de dos entidades (Estado de México y Jalisco) evidenciaron su vocación silenciadora. El domingo 16 de marzo, las autoridades del Estado de México realizaron un operativo para comprar masivamente los ejemplares de Proceso 1950 que se encontraban en circulación (difícilmente podría atribuirse al crimen organizado tratar de impedir que se conociera la incapacidad del gobierno mexiquense para detener la guerra de las narcobandas, hecho que desenmascaraba dicha edición de este semanario). Lo mismo sucedió en Jalisco, por el reportaje que la revista divulgaba en su suplemento Proceso Jalisco respecto a la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Lamentablemente la práctica parece extenderse rápidamente, pues se ha repetido en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, entre otras entidades. Tal acción no llega a contabilizarse dentro de las agresiones contra los periodistas, y no los pretende silenciar, pero el objetivo final es el mismo: que la ciudadanía no se entere de lo que acontece en su estado, ni de la deficiente, irregular, arbitraria y/o autoritaria actuación de sus autoridades. Aun cuando puede argumentarse que tales operativos no atentan contra el periodismo, sí atentan contra el estado de derecho (al desviar recursos del erario para violentar una garantía constitucional) y el derecho a la información (al impedir a la ciudadanía acceder a fuentes alternativas de información), dimensiones indispensables de cualquier democracia.
Por otra parte, el lunes 17, la organización que elaboró el revelador e inquietante reporte denunció que habían allanado el domicilio de su director, Darío Ramírez. Precisó que habían extraído computadoras, documentos de trabajo y objetos de valor, y aunque no se podía afirmar que los mismos estuviesen vinculados con su “ejercicio de defensa de la libertad de expresión”, el hecho de que sea la quinta agresión en contra de su personal, y el de que ninguno de estos incidentes haya “sido investigado para dar con el paradero de los responsables”, parecen corroborar las intenciones de los allanadores y la ineficacia o complicidad de las autoridades. Apenas en abril del año pasado Ramírez y otros colaboradores habían recibido amenazas de muerte.
Artículo 19 documenta detalladamente algunas de las agresiones e incluso el asesinato de un periodista, y transparenta la intención de los atacantes (habría que añadir: y de las autoridades al no detenerlos): cancelar la libertad de expresión y delinquir libremente en la secrecía.
El informe recoge declaraciones muy reveladoras de algunos de los periodistas agredidos. Gil Cruz, director de un periódico de Veracruz, reconoce: “No podemos escribir libremente la información, aun cuando sabemos que se trata de un dato verdadero”. Y Roberto Hernández, de un periódico editado en Oaxaca pero distribuido también en Veracruz, denuncia: “En Veracruz nos la sentenciaron. No podíamos entrar a vender el periódico. Encontramos la manera de regresar cuando dejamos de hablar del gobernador. En Oaxaca, en cambio, el actual gobierno es más tolerante. Aun con los defectos que pueda tener el gobernador, respeta la libertad de expresión. Sabemos que en Oaxaca hay mandos policiacos que tienen ganas de rompernos la madre, pero la línea del gobernador es no tocar a los medios. Eso nos ha ayudado a sobrevivir y a no sufrir atentados de una mayor magnitud por parte de las estructuras del poder en el estado”.
Lo anterior evidencia tres hechos incontrovertibles: uno, la afectación del trabajo periodístico; dos, la responsabilidad directa en las amenazas del gobernador veracruzano, Javier Duarte, ya que al ignorarlo en el periódico les permitió circular; y, tres, lo determinante que es la decisión de los titulares del Ejecutivo en los ataques a los periodistas y medios de comunicación o en el respeto a los mismos.
En cualquier caso, la conclusión del informe es una realidad: “En ninguno de los casos documentados por Artículo 19 los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al ciento por ciento. El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones dejan de cubrir sucesos policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”.
Finalmente, sin importar la identidad del perpetrador de las agresiones, es un hecho que se vulneran los derechos de la ciudadanía, de los periodistas y de los medios de comunicación, y que el principal responsable de ello son las autoridades por su incapacidad o complicidad o porque se benefician de los obstáculos para el libre ejercicio periodístico, pues –al menos– dificultan que se informe sobre sus irregularidades, delitos o ineficiencia.
Fuente: Proceso
