Más de 58 mil millones de pesos ahorrados por los trabajadores del Estado en Pensionissste ahora estarán al alcance de la iniciativa privada. La creación de una nueva empresa con participación estatal mayoritaria, propuesta por el Ejecutivo y a punto de ser aprobada por el Legislativo, es calificada por la oposición como una “privatización disfrazada”, que golpeará al trabajador, pues ya no habrá reinversión de excedentes, le cobrarán comisiones más altas y en caso de un quebranto financiero, el gobierno no será garante ni responderá ante una eventual pérdida.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
Las pensiones de poco más de 2 millones de burócratas podrían servir para abultar la cartera de la iniciativa privada en poco más de 58 mil 500 millones de pesos y dejarían de ser un instrumento en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado, si el bloque parlamentario PRI-PVEM y Panal, en la Cámara de Diputados, atiende la propuesta de Enrique Peña Nieto.
El 8 de septiembre de 2013, el Presidente anunció en cadena nacional la creación del seguro de desempleo para los trabajadores; no dijo que éste se financiaría con el dinero que el propio empleado estuvo ahorrando para su vivienda; menos aún, que parte de esos recursos ya existentes, 34 mil 439 millones de pesos, serían retirados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para entregárselos a cualquiera de las 11 afores del país.
En marzo de 2014 se concretó el primer golpe contra los trabajadores: la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley del Infonavit, para traspasar esos 34 mil 439 millones de pesos del Fondo de Vivienda de los Trabajadores a las afores que manejan bancos y aseguradoras.
Hoy, en un segundo “secuestro del dinero del trabajador”, como lo califican laboristas y legisladores de oposición, Peña Nieto y sus aliados en San Lázaro pretenden retirar el dinero de las pensiones de los burócratas y entregárselo a particulares.
Se trata de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que prevé la desaparición de Pensionissste —organismo que administra las aportaciones dadas por patrón y empleado para formar su fondo de retiro, cesantía o vejez— para crear uno nuevo, donde la iniciativa privada pueda hacer negocio con parte de los recursos.
El pasado 8 de septiembre, acompañado del Proyecto de Presupuesto de Egresos, Peña Nieto envió esa iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados. En el documento se establece la creación de una nueva empresa con participación estatal mayoritaria en sustitución de Pensionissste y aunque no fija porcentajes, los diputados de oposición consideran que se trata de 51% para el Estado y el resto para la iniciativa privada.
Actualmente la bolsa de Pensionissste es de 119 mil 373 millones de pesos, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar); el 49% que estaría en manos de las afores privadas sería del orden de los 58 mil 493 millones de pesos.
Un nuevo regalo de Peña Nieto al empresariado a costa de los trabajadores, dicen partidos de oposición.
DIVISIÓN POLÍTICA
Jesús Zambrano, ex presidente nacional del PRD y firmante del Pacto por México, asumió el pasado septiembre la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cargo que correspondía en el tercer año de Legislatura a su partido. El Sol Azteca asumió por vez primera esa presidencia en el arranque de un periodo ordinario y entre sus primeras acciones estuvo dar “turno” al llamado paquete económico, que incluyó las reformas a la Ley del ISSSTE.
Un vez formadas las comisiones (a finales de septiembre), la de Seguridad Social recayó en Morena, con la presidencia de Araceli Damián. El 12 de octubre ella, con el aval de la Junta Directiva, pidió a Zambrano que le girara turno para dictamen, debido a la materia de la reforma. Zambrano se negó y sólo concedió darle turno para “opinión”.
La de Hacienda, que preside la panista Georgina Cruz, urgió a Seguridad Social a emitir su opinión, pues sin ella no podría dictaminar. La urgencia política tenía entre otros aspectos ver la posición que fijarían los partidos, entre ellos el PAN. Así el 29 de octubre la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social votó.
Y aunque la tríada PRI-PVEM-Panal ganó sufragando a favor, los dos panistas se dividieron.
El miércoles 4 la Comisión de Seguridad Social en pleno sometió a votación la “opinión”; nuevamente la triada se impuso con 10 votos (ocho del PRI, uno del PVEM y uno del Panal); perdieron PRD, Morena y Movimiento Ciudadano (MC) con cinco.
El PAN no votó. Talavera llegó a la reunión, estuvo unos minutos y se retiró.
En entrevista, a la diputada se le recuerda que una semana antes, su compañero de partido, López Córdova, votó contra la reforma; pero ella aclaró que la fracción aún no tiene una posición clara.
La Comisión de Hacienda tenía programado dictaminar la tarde del miércoles 4; pero canceló la reunión.
En medio de la exigencia por avalar en comisiones la reforma a la Ley del ISSSTE y con ella la entrega de cuando menos 58 mil 500 millones de pesos a la iniciativa privada, está el jaloneo por los recursos federales que los diputados destinarán a cada estado el año próximo. En 12 de las entidades federativas habrá elección de gobernador.
La urgencia del PAN —que encabeza la Comisión de Hacienda— por dictaminar la propuesta presidencial para “privatizar” Pensionissste se frenó de pronto.
El jueves 5, el coordinador panista, Marko Cortés Mendoza, dijo que su partido solicitó discutir la reforma “pasando el Presupuesto de Egresos”.
Los grupos parlamentarios perredista, encabezado por Francisco Martínez Neri; de MC, que dirige Clemente Castañeda, y de Morena, por Rocío Nahle, se han manifestado contra la reforma y coinciden en que se trata de “una privatización disfrazada”.
DE LO SOCIAL AL LUCRO
La diputada de MC e integrante de la Comisión de Seguridad Social, Marbella Toledo Ibarra, rechaza que haya “alta migración” de cuentas de Pensionissste a otras afores, como sostiene el gobierno.
Toledo explica la reforma: se trata de una privatización disfrazada de Pensionissste, pues ahora se dice que se formará una empresa con participación estatal mayoritaria. Aunque la iniciativa no marca porcentajes, el estudio de la Comisión de Seguridad Pública habla de 51% de acciones para el gobierno y 49 para la iniciativa privada.
La diferencia, detalla, es que con el esquema actual, Pensionissste reinvierte sus excedentes en beneficio de los trabajadores, “y ahora no sabemos qué pasará con las ganancias, pues la iniciativa es muy ambigua”.
Además, añade, la reinversión de las ganancias se planteó para que el trabajador tenga una pensión más sólida cuando se retire.
La diputada guerrerense recuerda que el argumento de Peña Nieto es permitir la participación de la iniciativa privada para hacer más competitiva a la nueva empresa, “pero cómo la vas a hacer más competitiva si le vas a partir el ingreso. Y ¿cómo va a ser la comisión? Actualmente el Pensionissste cobra .99%… al irse a la IP se elevará.
“Como se puede ver, el trabajador pierde por todos lados: porque ya no tendrá reinversión de excedentes, porque le cobrarán comisiones más elevadas, porque la nueva empresa tendrá fines de lucro y no sociales, porque en caso de un quebranto financiero el gobierno ya no será garante y no le responderá ante una pérdida, porque los riesgos a la hora de bursatilizar los recursos aumentarán”.
En este último punto explicó que actualmente Pensionissste también juega en bolsa el dinero de los trabajadores, pero lo hace luego de un análisis del consejo y buscando siempre los títulos de inversión menos riesgosos, como los de gobierno.
Lo que sucederá es que finalmente será un regalo, una concesión con todo e instalaciones a la nueva afore, sostiene.
Cuestiona, igual que el PRD, el argumento de la “migración” para acabar con Pensionissste.
En la actualidad hay 11 afores, de las cuales 10 están en manos de bancos o aseguradoras. La undécima es el Pensionissste.
La más grande y rica es Afore XXI Banorte, que administra 618 mil 64 millones de pesos en 17 millones 549 mil 905 cuentas.
Pensionissste tiene 119 mil 373.8 millones de pesos en 1 millón 463 mil 958 cuentas de trabajadores al servicio del Estado.
Este dato lo utiliza el gobierno de Peña Nieto para sostener que “la operatividad del órgano desconcentrado se encuentra muy por debajo de las demás administradoras, situación que se traduce en una falta de competitividad en el mercado”.
En marzo de 2007, cuando se eliminó la facultad para que el ISSSTE manejara las pensiones de una manera “solidaria”, es decir, que con las aportaciones de los trabajadores activos se sustentaran las pensiones de los más antiguos empleados, se creó Pensionissste, donde durante los tres primeros años se mantendría una especie de cuenta concentradora y después de ello cada empleado “migrara”, si así lo deseaba, a una afore privada.
Hoy el gobierno dice que no funcionó el esquema, que la migración ha sido mucho mayor, por lo que está replanteando lo que el abogado laborista Arturo Alcalde llama una privatización disfrazada.
En Estados Unidos y Europa es el trabajador quien decide sobre su dinero; este esquema de darlo a los privados es un programa que nació en Chile y fracasó. Ahora se trata de la segunda generación privatizadora de Pensionissste, dice el abogado laborista.
Fuente: Proceso
