Por Luis Javier Valero Flores
Sin duda alguna que el control gubernamental sobre los penales ha crecido en forma más que aceptable en los últimos meses, especialmente en los dos últimos años de la actual Administración estatal, por lo que ha motivado que su Administración haya recibido elogios y reconocimientos internacionales.
Ese control se expresa fundamentalmente en la abrupta disminución de los homicidios acaecidos al interior de los penales. Aparentemente hemos superado aquella sangrienta etapa en la que los cárteles de la droga dominaban al interior de ellos, y sus tentáculos no sólo llegaban al exterior sino que parecían constituir el eje central del entramado criminal en el que vivimos –¿o todavía?– durante el período 2008-2011.
Pero como en el descenso de los índices delictivos, de ninguna manera se pueden echar a andar las campanas al vuelo. Prácticamente desde el inicio de la aplicación de un conjunto de medidas tendientes a disminuir de manera abrupta el papel de los jefes de las bandas delictivas en la comisión de delitos al exterior y de erradicar el ingreso de droga, armas, licores y un sinnúmero de objetos prohibidos al interior de los penales, se decidió que sólo la administración de los penales podría poner a la venta los insumos de higiene personal.
Ello motivó serias protestas de los familiares de los reclusos por los elevados costos de los insumos, lejos de las posibilidades de la abrumadora mayoría de quienes se encuentran en los penales de Chihuahua, que son, por pura coincidencia, de las capas sociales más pobres.
Sin embargo, conforme pasan los días, crece el número de quejas acerca de lo que pasa al interior de los penales. Por una parte, familiares de reclusos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, de Juárez, y funcionarios del penal, se quejan de que “comandantes provenientes del estado de Sonora, presuntamente introducen alimentos, droga, alcohol y otros artículos prohibidos al penal”, y que, además, “continúa prevaleciendo el cobro de cuotas a los reos para no restringirles la visita o no imponerles castigos, como habían denunciado los familiares de los presos desde finales del año pasado”. (Nota del Staff, El Diario, 12/V/14).
Tal situación no es exclusiva del penal de Juárez. Familiares de detenidos en el penal de San Guillermo, en la capital del estado, reportan la existencia de una cuota de 300 pesos, exigida por los custodios a los presos por cada persona que pase a visitarlos, siempre y cuando no sea o el cónyuge o alguno de los padres o hijos; de ahí en adelante, cualquiera que desee visitar a alguno de los presos deberá pagar esa cuota.
Llama la atención que hasta antes de que se revelara que el Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas judiciales, Eduardo Guerrero, posee una empresa de seguridad –que otorgó ese servicio al Aero Show en 2013– el mecanismo era que los familiares entregaban esa cantidad a una persona específica, ahora, algunos de los custodios son quienes se encargan, después de la visita, de cobrarles directamente a los presos la cantidad conforme el número de personas que los visitaron.
Son varias las aristas controversiales. Por una parte, las denuncias de los familiares de los presos y de los funcionarios (obviamente, todas anónimas por el enorme riesgo presente) poseen una extremada contundencia, pues las evidencias citadas por ellos en la nota periodística citada son fáciles de comprobar. En este caso, denuncian la existencia de hasta ¡tráileres! en el que transportan e ingresan al penal todas las mercancías señaladas en los párrafos anteriores.
Es de tal precisión la denuncia que hasta el número de placas y razón social fue denunciada a los reporteros de El Diario –matrículas 829 EP1, que exhibía como razón social “Cosechas de mi Pueblo” de Bácum, Sonora (Ibídem)–.
A pesar de todo, la vocera del Cereso 3 de Ciudad Juárez Alexandrina Saucedo Hernández, ante la presentación de las quejas y de la información, afirmó que “los quejosos deben interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República, delegación Chihuahua”. ¡Ajá!
¿Y por qué no ante la Fiscalía General del Estado? Digo…
El otro aspecto, no menos polémico es el tema de la “acreditación” de los penales, al que habremos de regresar en posteriores entregas, pero que, de entrada, tiene un aspecto altamente cuestionable, el de que el personal de la embajada norteamericana participa de manera directa y determinante en la evaluación de las condiciones de los penales de Chihuahua.
En todo caso, ¿no debería ser la dependencia respectiva de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal la que debiera hacerlo? ¿Por qué los representantes de un gobierno extranjero deben extender la certificación de la calidad de los penales? ¿No debería ser, también como instancia adecuada, alguna de las dependencias respectivas de la ONU?
