Por Álvaro Delgado
“No estoy inválido ni discapacitado”, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto desde el Hospital Central Militar, el viernes 26, tras serle extraída la vesícula biliar –en lo que fue la segunda cirugía en dos años exactos–, y el domingo, una vez dado de alta, garantizó que no tiene “ningún otro” padecimiento.
No sería la primera vez que, luego de negarse u ocultarse, debe reconocerse una grave enfermedad. Así ocurrió con Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán, y con Alonso Lujambio, exsecretario de Educación Pública que murió a días de asumir como senador.
Una vez más, ante la segunda intervención quirúrgica de Peña en su sexenio, los mexicanos tenemos derecho a saber si padece una enfermedad y si ésta lo incapacita para ejercer el gobierno, porque los mexicanos también tenemos el perfecto derecho a tener gobernantes sanos y aptos.
A su vez, el gobierno tiene el deber de informar, por salud pública, si Peña Nieto está en condiciones de ejercer el cargo. Y la exigencia debe hacerse no sólo a este presidente, sino al próximo y a los que siguen.
Tan legítimo es conocer la salud de Peña como, en su momento, si Vicente Fox ingería sustancias para contrarrestar una lesión en la columna vertebral; si el propio Felipe Calderón padecía alcoholismo, que es una enfermedad, o si el corazón de Andrés Manuel López Obrador resistirá ante la responsabilidad pública.
El colega Julio Hernández López tiene razón: el estado de salud de Peña Nieto es un asunto de interés público. “A nadie debería ofender ni incomodar que los ciudadanos se interesen, incluso en términos inquisitivos, en los sucesos médicos que rodean al personaje que más allá de filias y fobias partidistas e ideológicas ejerce en la práctica la conducción del Estado y el gobierno federal de México”.
No es la primera vez que corren especulaciones, interesadas o no, sobre la salud de Peña, sobre todo a raíz de que, el 31 de julio de 2013, fue intervenido para extraerle la glándula tiroides, que se manejó oficialmente como la extirpación de un “nódulo tiroideo”.
Después de esa cirugía, comenzó a discutirse en corrillos sobre su salud, sobre todo después de un notable cambio en su fisonomía que recogió, como ninguna otra, una fotografía del 26 de mayo del año pasado.
En esa ocasión, en una gira por Guerrero, el diputado local panista Jorge Camacho saludó a Peña, que exhibe un rostro angulado, cubierto de sudor, quizá producto del calor de la Tierra Caliente de ese estado o, quizá, por enfermedad.
Dos semanas después de esa fotografía que circuló profusamente en redes sociales, el 5 de junio, el líder opositor Andrés Manuel López Obrador aludió al tema: “Existe el rumor de que Enrique Peña Nieto está enfermo. Ni lo creo ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”.
Esta maniobra de López Obrador, que buscaba con la hipotética renuncia que se convocara a elecciones extraordinarias, mereció la respuesta del vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, quien, como ahora, pretende no dar lugar a dudas sobre el estado de Peña: “Afortunadamente, goza de cabal salud”.
Circulan versiones de colegas de que Peña, antes de ser presidente de la República, en septiembre de 2011, había sido sometido a una cirugía para extirparle un “quiste canceroso”, según Rafael Loret de Mola, y que inclusive actualmente, de acuerdo con Jaime Avilés, “está recibiendo quimioterapia”.
No hay modo de saber si esto es cierto porque ni la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza este derecho y, más aún, un tribunal colegiado resolvió, en febrero de 2014, que el expediente clínico y el estado de salud de Peña son de carácter privado y reservado para privilegiar la protección de los datos personales.
A este respecto, el experto Ernesto Villanueva escribió en Proceso, en julio de 2014 –“Si Peña Nieto está enfermo…”–, que no se trata de abrir al público los expedientes médicos de los gobernantes, sino sólo aquellas partes que contengan datos inequívocos de que un problema de salud pueda afectar la seguridad, integridad y la gobernabilidad de un país, de una entidad federativa o de una toma de decisiones que involucre en forma directa o indirecta a la población.
Y añade: “En Estados Unidos, o bien en Colombia o Costa Rica, para hablar de países cercanos culturalmente al nuestro, una apertura de esta naturaleza es perfectamente posible, pues no se considera ajena a la vida democrática; antes bien, se toma como un saludable indicador de responsabilidad política. El lastimoso argumento del ‘héroe’ o la ‘heroína’ enfermos que siguen gobernando pese a su precaria salud es producto de la ignorancia”.
Peña y su gobierno deben saberlo hasta por sentido común: Ante rumores, información…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
Fuente: Proceso
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