El presidente Enrique Peña Nieto designó al ex consejero del IFE, Virgilio Andrade, como nuevo secretario de la Función Pública (SFP), y le ordenó investigar los contratos otorgados a la empresa que construyó su casa en Ixtapan, así como los que obtuvo la que se encargó y es propietaria de la llamada “casa blanca”, de Angélica Rivera, es decir Grupo Higa, el mismo grupo que financió la casa de Luis Videgaray.
“Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no, conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales, a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa (Angélica Rivera), con el titular de la Secretaría de Hacienda (Luis Videgaray), y con un servidor”, indicó en un mensaje a medios desde Los Pinos.
“Adicionalmente, y en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, le he solicitado al secretario de la Función Pública, reunir a un panel de expertos, con reconocido prestigio en materia de transparencia, para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo”, agregó.
También indicó que impulsará la declaración de intereses de los funcionarios de su gobierno.
Las 3 casas blancas
Los tres inmuebles a los que se refirió el presidente fueron revelaciones periodísticas en los últimos tres meses.
Primero, en noviembre, Aristegui Noticias reveló la existencia de la “casa blanca”, que según la Presidencia fue comprada por Angélica Rivera, de la cual es dueño y propietario elGrupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Aproximadamente un mes después, en diciembre, el diario The Wall Street Journal reveló que el Grupo Higa financió la casa de Luis Videgaray, en Malinalco, Estado de México.
Al respecto, Videgaray dijo en MVS que estaba dispuesto a ser investigado. “No se me acusa de haber cometido una ilegalidad”, comentó.
En enero, WSJ reveló la existencia de una casa de Peña Nieto, en Ixtapan, que fue comprada a la empresa Constructora Urbanizadora Ixtapan, la cual se convertiría en contratista, primero del gobierno del Estado de México -encabezado por EPN-, y después del gobierno federal.
Fuente: Aristegui Noticias
