Luego de condenar “categóricamente” los hechos de violencia sexual y tortura cometidos en contra de 11 mujeres en el marco de la represión policiaca perpetrada en mayo de 2006 en el municipio de Atenco, el gobierno de Enrique Peña Nieto ofreció atender las acciones de reparación que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en este caso.
Tras destacar su participación este día en la audiencia pública del caso “Selvas Gómez vs. Estados Unidos Mexicanos ante la CoIDH”, el gobierno de México subrayó su reconocimiento, desde 1998, a la competencia contenciosa de la Corte.
En un comunicado conjunto de la Segob, SRE y PGR, se resalta que Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, representante del gobierno de México en esta audiencia, reiteró que el Estado mexicano condena “categóricamente cualquier violación a los derechos humanos que ocurra en nuestro territorio y, en particular, cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres”.
El también subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, recordó que, desde marzo de 2013, el gobierno de Peña Nieto reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos cometidas contra un grupo de 11 mujeres con motivo de los hechos suscitados en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Desde esa fecha, aseguró, se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes, así como para adoptar medidas de reparación, incluyendo aquellas necesarias para evitar la repetición de hechos similares.
Como resultado de estos esfuerzos, insistió, hasta la fecha han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales, incluyendo agentes de Seguridad Pública del Estado de México, médicos legistas y médicos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y un agente del MP, por los delitos de tortura y encubrimiento de tortura.
También dijo que los procedimientos penales continúan su seguimiento de conformidad con los términos y plazos que establece la legislación penal vigente al momento de los sucesos.
Por otra parte, abundó, se puso a disposición de las víctimas y sus familiares el acceso a un fondo especial de atención creado específicamente para este caso, mismo que comprende medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y compensación económica, entre otros.
No obstante, acotó, “el Estado es plenamente respetuoso de la decisión de las víctimas de no acceder a las medidas referidas, pero reitera su ofrecimiento de aplicar estas medidas de reparación si las víctimas así lo deciden”.
A la par, puntualizó que, en aquella época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ejerciendo su facultad de investigación, conoció de este caso y, en febrero de 2009, emitió un informe que analizó el actuar de las autoridades y el abuso policial en los hechos ocurridos en 3 y 4 de mayo de 2006.
La SCJN concluyó que elementos y mandos policiales maltrataron física y moralmente a las personas detenidas –incluyendo a las 11 mujeres víctimas del caso ante la CoIDH– incumpliendo, de esa manera, con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública.
Asimismo, prosigue el comunicado, la SCJN determinó que dichas violaciones graves a las garantías individuales y derechos humanos “no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes”.
Sin mencionar al entonces mandatario mexiquense Enrique Peña Nieto, el boletín oficial asegura que “el entonces gobernador sostuvo reuniones de trabajo en las que se le dio cuenta sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y, en consecuencia, ordenó su inmediata investigación, así como la sanción de los responsables, lo que motivó el inicio de investigaciones penales y de responsabilidad administrativas”.
Por último, el gobierno mexicano condenó “categóricamente los hechos de violencia sexual y tortura cometidos en contra de las 11 víctimas” y reiteró su plena disposición y compromiso para “atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana” por el caso Atenco.
Fuente: Apro
