El presidente Enrique Peña Nieto anunció una batería de medidas anticorrupción. Pero lucen como una pantomima: nombra un zar antisobornos en una dependencia que proyectó desaparecer; ordena crear códigos de ética cuando sus emisarios buscan destrozar la reforma por la transparencia, y mandata que los funcionarios presenten declaraciones de probables conflictos de interés, pero atribuye el escándalo de las “casas blancas” a un problema de percepción pública…
Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
Dos años después de iniciada la administración federal y en medio de una crisis por un presunto conflicto de intereses, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas anticorrupción que, a simple vista, mantienen intacto el sistema que posibilita la degradación política.
De acuerdo con expertos, organizaciones ciudadanas dedicadas a la rendición de cuentas y la prensa internacional, las ocho medidas presidenciales son cosméticas y profundizan el contraste entre el discurso y los hechos gubernamentales.
El martes 3, en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto dirigió un mensaje en el que redujo la corrupción a un problema de percepción pública, insistió en que era de “orden cultural” –tal como había dicho en agosto– y habló de los escándalos inmobiliarios en que está envuelto:
Las revelaciones periodísticas sobre las casas de Angélica Rivera –esposa del presidente– y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, financiadas por el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, fueron el preámbulo de la información sobre la residencia del propio Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, comprada al empresario Roberto San Román.
En su mensaje del martes 3, el mandatario insistió en que él no participa en ninguna licitación, no adjudica contratos ni obras y no es integrante de los comités de adquisiciones. Con ello redujo una probable conducta ilegal a un asunto de percepción: “Soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”.
Continuó diciendo que esa idea existe porque no hay marcos normativos suficientes. Realizó una breve disertación teórica sobre el conflicto de interés, designó a Virgilio Andrade Martínez como titular de la debilitada Secretaría de la Función Pública (SFP) y, para finalizar, anunció sus “acciones ejecutivas”.
Esas medidas son las siguientes:
Añadir a la declaración patrimonial otra sobre posibles conflictos de interés; crear una unidad especializada en ese tipo de conflictos y en ética, ampliar los códigos de ética existentes y fortalecer los protocolos de contacto entre proveedores y funcionarios responsables de contrataciones.
Además, crear un registro de servidores públicos con facultades contractuales; acelerar la apertura de la Ventanilla Única para eliminar trámites; incluir el motivo del castigo en la lista pública de contratistas sancionados; firmar convenios contra la corrupción con el sector privado y, finalmente, indagar los contratos con las empresas involucradas en el escándalo de las casas.
Un día después, Virgilio Andrade aclaró que no investigaría al presidente, a su esposa, a Luis Videgaray ni los negocios que ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto al frente del Estado de México. Sólo revisaría si hubo algo indebido en la adjudicación de contratos a las empresas involucradas.
Impunidad garantizada
Las medidas anunciadas por el titular del Ejecutivo son limitadas, insuficientes y no significan un cambio sustancial por una razón básica: el presidente no puede ser juzgado excepto por traición a la patria y delitos graves, recuerda María de Lourdes Morales Canales, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).
Doctora en ciencia política por la Universidad de La Sorbona y académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Morales explica, además, que la declaración de posibles conflictos de interés sería inefectiva porque no se difundiría públicamente.
Respecto de la ampliación de los códigos de ética, Morales considera que no será más que un listado de buenas intenciones. Con la ventanilla única, explica, se pretende eliminar a los funcionarios intermediarios para reducir las oportunidades de sobornar, en lugar de instituir medidas o incentivos para que ningún servidor público sea corrupto.
La experta considera que si bien el conflicto de interés fue el hilo conductor del mensaje de Peña Nieto, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es laxo y no está reglamentado. Paralelamente, abunda, generar protocolos y códigos entre particulares y gobernantes no resuelve los problemas de fondo.
Óscar Arredondo, investigador de la organización civil Fundar, expresa que lo más destacado del anuncio fue el nombramiento de Andrade en una dependencia tan disminuida que se suponía a punto de desaparecer.
Durante sus dos primeros años de gobierno, Peña Nieto no designó titular en la SFP porque –prometió en campaña– crearía una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), que hasta ahora no ha concretado.
Para Arredondo existe una urgencia de la actual administración federal para enfrentar la crisis de corrupción y legitimidad, pero eso debe hacerse con reformas de raíz.
“El presidente toma medidas para atender su escándalo. Lo más raro, paradójico, es que la decisión principal sea poner a un subordinado en una dependencia debilitada. Apunta a impunidad”, expone.
El raquitismo de la SFP fue advertido desde hace meses por Arredondo y Fundar, pues al decretar su extinción, restarle facultades y no crear la CNA, el presidente dejó en el limbo la política anticorrupción. (Proceso 1975).
“No terminó de morir la SFP ni de nacer la nueva cosa, y (Peña Nieto) nombra un titular en una dependencia que se sostiene con alfileres. La cuestión es: ¿va a desaparecer la SFP? ¿Y, dado el caso, va a surgir la CNA? ¿O sí se aceptará el sistema anticorrupción que propone el PAN?”
El problema va para largo, detalla Arredondo: Si el nuevo órgano fuera aprobado este año, su instauración no ocurriría sino hasta 2016, y sólo a partir de ese momento empezaría a aceitarse el engranaje institucional.
Lo peor, considera el investigador, es que quienes deberán investigar los escándalos de corrupción de Peña Nieto –Andrade y el procurador de la República, Jesús Murillo Karam– son subordinados del sujeto a indagar.
Arredondo expone otro problema: un “proceso de limpieza” como el que requiere el país debe partir de un diagnóstico para identificar las debilidades del sistema, y sólo en función de dicho análisis generar el marco jurídico necesario. En el caso de la propuesta peñanietista no hubo diagnóstico.
Estancamiento y regresión
Lourdes Morales recuerda que columnistas nacionales y periodistas extranjeros han dicho que Peña Nieto no entiende la dimensión del problema. A su juicio, en cambio, ocurre exactamente lo contrario, y por esta razón el presidente no lanza medidas de fondo para combatir la corrupción.
El mandatario no anunció grandes reformas el día 3, así que las modificaciones de calado, de hecho, seguirán estancadas en el Congreso. Esto demostraría que no hay un genuino interés en transformar el statu quo. Para Morales, hacer un sistema anticorrupción como el que propone la RRC implicaría un nuevo diseño institucional que afectaría intereses muy poderosos.
Aunado a esto, si el presidente no tiene voluntad política, advierte Morales, el Poder Legislativo será omiso. Un ejemplo es lo ocurrido en diciembre de 2013, cuando se aprobó en el Senado la iniciativa para crear un órgano anticorrupción, pero tenía tantas debilidades que más bien parecía un instrumento de control político.
La RRC presentó propuestas puntuales en lo tocante a incentivos para prevenir la corrupción, y argumentó que un sistema de esa naturaleza requeriría de cuatro pilares: un tribunal especial, una fiscalía, la ASF fortalecida y una redefinición de facultades para los servidores públicos.
Aunque se avanza en la creación de una Fiscalía Especializada en Corrupción –dentro de la futura Fiscalía General de la República, sucesora de la PGR–, ésta sólo tiene oportunidades de ser efectiva si le dan autonomía presupuestaria y de gestión, con el fin de garantizar la independencia de su personal. De lo contrario, aseguran analistas, no servirá de nada.
Desde hace años, la RRC señala que la ASF es una instancia que funciona, en palabras de Morales, bajo “el principio de posterioridad”. Esto significa que los resultados de sus auditorías tardan años en conocerse, cuando en otros países el proceso sólo dura unos meses.
Discurso contra hechos
Con su anuncio, Peña trató de recuperar mediante el discurso lo que no logra con el ejercicio del poder, sentencia Morales. En la realidad, ejemplifica, hay estancamiento o incluso retroceso en cuanto a rendición de cuentas y combate a la corrupción.
De acuerdo con un seguimiento realizado por Proceso, Peña Nieto suele hablar de transparencia durante la promulgación de reformas estructurales, anuncio de proyectos y lanzamiento de programas.
Sin embargo, no hay avances al respecto y el atascamiento es cuantificable. En diciembre pasado, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información y el CIDE emitieron la Métrica de la Transparencia 2014, una investigación que midió la calidad de la rendición de cuentas en el país.
El análisis es amplio y complejo, pero entre sus conclusiones muestra “que la situación general que guarda la transparencia en 2014 no difiere sustantivamente de la que existía en 2010. Persisten asimetrías importantes en la materia, así como una mala calidad en la información que es proporcionada a los ciudadanos”.
El Poder Legislativo también representa un problema. El mismo martes 3, el Colectivo por la Transparencia (CT, que agrupa a 11 organizaciones ciudadanas) denunció que el Congreso de la Unión eliminó, a puerta cerrada, aspectos relevantes de la iniciativa construida entre sociedad civil y representantes populares que armonizaba la reforma constitucional en materia de claridad en la gestión gubernamental.
El sábado 7 esa reforma cumplió un año de aprobada, y con ello se venció el plazo ordenado para generar la legislación complementaria.
De acuerdo con Justin Dupuy, del CT, la integración de la iniciativa de Ley General de Transparencia incluyó a expertos y organizaciones ciudadanas que generaron una propuesta sumamente progresista.
Sin embargo, en las últimas semanas los ciudadanos fueron excluidos y aseguran que los cabilderos gubernamentales pretenden eliminar aspectos significativos de su planteamiento. Según su dicho, los enviados oficiales intentan que una razón para negar información a un ciudadano sea “el peligro para la estabilidad económica”, una figura ambigua que pone en entredicho el derecho de conocer, por ejemplo, la deuda de un estado.
Dupuy externa su preocupación porque la administración federal intenta concentrar poder en el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Las modificaciones pretendidas supuestamente le permitirían litigar contra el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) –cuyas resoluciones son inatacables, a la fecha. En consonancia, se busca establecer que, si una dependencia considera que transparentar información pone en riesgo la seguridad nacional, deba informarlo al consejero jurídico.
En tanto, el gobierno anhela eliminar el deber de generar información cuando las dependencias declaran no poseer datos, pero la ley asienta que están obligadas a tenerlos. Según los activistas, las autoridades también desean desechar la “prueba de daños”, que consiste en sopesar entre el derecho de acceso a la información y los derechos que se pretenden proteger mediante una reserva.
Óscar Arredondo, de Fundar, resume: “Se está mermando la conquista de la reforma constitucional, dando pasos regresivos a la participación que tuvo la sociedad civil en una reforma de vanguardia. A esto hay que añadir la simulación de Peña Nieto para atender su propio escándalo”.
Fuente: Proceso
