Por Alejandro Navarrete
La reforma de Pemex del Presidente Peña Nieto es vendida como el gran cambio modernizador que necesita el país para salir del atraso. Toda la apuesta es que una participación mayor de los capitales privados (principalmente extranjeros) resolvería la productividad y rentabilidad petrolera.
Sin embargo, en el impulso propagandístico del gobierno no se menciona ni por error el principal factor que desde hace años atrasa, ahí sí con evidente claridad, la modernidad y productividad nacional: la gran corrupción institucionalizada.
Por el contrario, el PRI, sinónimo de corrupción como partido y como sistema de gobierno para millones de mexicanos, no ha dado muestra de querer cambiar las raíces que han dado pie a esa percepción.
Sobre Pemex, no la caja chica, sino la caja gigantesca del gobierno y del Estado mexicano, (como en cualquier otra área del gobierno) no se ve ni la menor intención seria de limpiar la casa y poner orden.
Las denuncias por fraudes, por contratos con empresas acusadas de lavado de dinero o los excesos del siempre priísta sindicato petrolero y su líder, el Senador del PRI, Carlos Romero Deschamps, quedan siempre sólo como anécdotas en los medios sin repercusión oficial.
La pregunta para el gobierno es: si no pone orden y puede combatir la corrupción ahora que Pemex y sus labores están casi exclusivamente en manos el gobierno, ¿cómo podrá hacerlo cuando se entre en asociaciones o millonarios contratos estratégicos con la iniciativa privada?
En el oneroso negocio del petróleo, el gas y la política energética, las empresas, además, no suelen caracterizarse por la ética y la responsabilidad social.
Compañías como con las que Pemex buscaría asociarse y de hecho está ya asociado en varios rubros, son constantemente señaladas por su opacidad y deshonestidad, como es el caso de Halliburton y BP, acusadas ambas de ocultar información (Halliburton acaba de admitirlo ante una corte hace dos semanas) en el mega derrame petrolero en el Golfo de México en el 2010.
Es evidente que incentivos para la corrupción no faltarán si la reforma petrolera de Peña Nieto se consuma, por lo que el tema de tomar este asunto como estratégico para la buena marcha del sector es fundamental.
Por si faltara, los mensajes políticos en este sexenio gritan a todo volumen impunidad para los aliados políticos del gobierno que en el pasado puedan haber cometido actos de corrupción, precisamente en el marco de alianzas con empresas o privatizaciones, como las que hoy se buscan.
Es el caso de la reciente exoneración de Raúl Salinas, enriquecido ostensible e inexplicablemente (según el propio fallo del Juez), precisamente durante el sexenio “reformador” de su hermano Carlos Salinas de Gortari.
El llamado “Mr. 10 percent”, porque se dice que recibía el 10% de cada contrato o privatización que ayudará a gestionar en el gobierno de su hermano, fue exonerado de enriquecimiento ilícito a pesar de reconocerse que su súbito enriquecimiento no era acorde a sus ingresos reconocidos.
En contraste, la suerte de las privatizaciones y alianzas oficiales con la iniciativa privada que inició su hermano Carlos Salinas de Gortari no fue tan buena, a pesar de las promesas y la propaganda, tan similares a las del gobierno actual.
Recordemos que tras la privatización de la banca y los errores económicos del gobierno, vino el “rescate bancario” y tras la incorporación de la iniciativa privada a las carreteras, vino después también el “rescate carretero”, ambos con gran costo para los mexicanos. ¿Vendrá en unos años el “rescate petrolero”?
Lo cierto es que el tema de las políticas públicas, incluidas por supuesto las reformas a Pemex, no sólo es un asunto técnico sino político.
Las reformas que se aprueben ahora para el sector energético del país no se aplicarán sobre el aire, o en Noruega o Suiza, sino en la realidad y el contexto mexicano, con sus reglas y costumbres del juego.
Así, las virtudes que pudieran tener opciones técnicas de asociación con empresas especializadas en un escenario real de transparencia y rendición de cuentas se vuelven graves riesgos en el terreno lodoso de la opacidad y la corrupción.
O dicho de otro modo, lo que pueden ser supuestas áreas de oportunidad para el desarrollo económico de México, también pueden ser grandes opciones para un (mayor) robo de las ganancias que genera el petróleo y los recursos del país.
Quizás por eso, al contrario del gran entusiasmo que despierta la posibilidad de la reforma petrolera de Peña Nieto en la prensa e inversionistas extranjeros, en México, el rechazo a la participación privada que se plantea es brutal, según todas las encuestas.
Si hay algo verdaderamente estructural en el país es la corrupción oficial y es el primer tema que con urgencia debería abordar el gobierno, antes de una reforma como la que plantea.
Por supuesto eso implica admitir que el problema de Pemex y del país no está sólo en las aguas profundas o en los yacimientos petroleros del subsuelo, sino en las entrañas del propio gobierno y la clase política.
Fuente: Vanguardia
