Pemex demandó a 23 empresas estadounidenses por comprar combustible robado por cárteles del narcotráfico en México. Pero las resoluciones no fueron a su favor o no pudo cobrar el dinero que sí ganó.
Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 300 millones de dólares en tres juicios contra empresas estadounidenses en una Corte de ese país, a quienes acusó de realizar transacciones con combustible robado en México por el crimen organizado. No obtuvo ese dinero por dos razones: el juez consideró que la paraestatal no aportó evidencia suficiente para probar el delito, o no pudo cobrar el dinero que le tenía que ser restituido.
Pemex denunció en tres juicios distintos a 23 compañías estadounidenses y a seis personas por presuntamente comprar y distribuir combustible mexicano que fue robado por cárteles del narcotráfico en la región petrolera Cuenca de Burgos (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila). De los 300 millones de dólares que pedía para la reparación del daño, Pemex recuperó judicialmente sólo 71 millones de cinco empresas y una persona de las que demandó, pero ninguna tuvo fondos para pagar. Al final, la empresa mexicana no obtuvo un solo dólar.
Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP) presentaron el 7 de junio de 2010 una primera ronda de demandas por el robo, almacenamiento y distribución de gas natural condensado. Después presentaron otras demandas el 29 de mayo del 2011 y el 10 de abril del 2012.
En una sentencia preliminar de 2013, el juez Sim Lake, de la corte de Houston, Texas, dijo que “la Corte concluyó que PEP carece de información para confirmar las denuncias interpuestas por fraude, incumplimiento de contrato, garantías y otros alegatos”. El 30 de mayo de 2014, el juez dictó sentencia final y confirmó lo establecido en ese documento previo: Pemex no aportó evidencia para probar sus alegatos.
Aunque la empresa mexicana apeló la sentencia en marzo de 2015, la Corte reafirmó su decisión. Incluso, el juez determinó que Pemex debía pagar a las empresas que demandó 830 mil dólares por gastos legales.
Pemex no ha realizado ese pago y señala que firmó un acuerdo con el despacho de abogados que la representó para que, en caso de que la resolución no fuera a su favor, éste pagara los gastos vinculados al proceso legal. No dio a conocer el nombre del despacho.
Estas acciones legales fueron las tres últimas que Pemex inició contra empresas estadounidenses por el robo de condensado de gas natural en 2009. Hasta la fecha, de todos los juicios iniciados —de los que no se conocen el número ni el monto total exigido como pago de reparación del daño— Pemex afirma que obtuvo 80 millones de dólares en los juicios, pero sólo recuperó efectivamente nueve millones, los cuales se cobraron antes de que iniciaran los tres juicios los cuales perdió.
Falta de pruebas
Además de los documentos desclasificados que posee Animal Político y que confirman las sentencias finales de estos juicios, abogados que participaron en dos litigios distintos iniciados por Pemex señalaron que la empresa mexicana nunca contó con evidencia para sostener sus alegatos.
Travis J. Sales, del bufete Baker Botts, —quien participó en el juicio H-10-1997— dijo en entrevista: “Representé a las empresas BASF y a Shell en ese caso. Toda demanda en contra de ambas fue rechazada por la Corte. Ninguna de las empresas pagó nada a Pemex”.
Joel M. Androphy, quien representó a Murphy Energy Corporation, —expediente H-12-1081— afirmó: “(Pemex) no logró probar nada, la mayoría de las demandas las perdió porque nunca pudo probar que ese producto fuera robado o que se cometiera algún crimen. No tenían suficiente evidencia. Todo se basó en una sospecha, nunca hubo pruebas”.
En julio pasado Animal Político solicitó vía transparencia información sobre los juicios, que ya habían concluido para entonces. La respuesta de Pemex fue: “No es conveniente dar a conocer la información, en virtud de que además de que se afectaría la estrategia procesal, dar a conocer quiénes son los demandados y las prestaciones reclamadas y su reparación, podría, conforme a la legislación de Texas, Estados Unidos, traer acciones por parte de los demandados, en perjuicio del patrimonio de PEP”.
Posteriormente, en un documento del 17 de octubre, la paraestatal agregó: “Derivado de estas acciones emprendidas en Estados Unidos, Pemex Exploración y Producción logró resoluciones y acuerdos en su favor por más de 80 millones de dólares. Todos los procedimientos se encuentran concluidos en definitiva y en todos los casos se emitió una respuesta favorable para Pemex”.
También que “los resultados de la estrategia implementada fueron las siguientes: inhibir el mercado ilícito de combustibles de origen mexicano en Estados Unidos; reparación del daño ocasionado a PEP; y desestimación de la contrademanda de los señalados como responsables”.
El abogado Joel M. Androphy —que representó a la firma Murphy Energy Corporation—, dijo en entrevista posterior: “No tengo idea de por qué dirían que las resoluciones fueron favorables para ellos”.
Al respecto la abogada Ileana M. Blanco, del bufete DLA Piper, que representó a Pemex en la corte estadounidense, dijo: “Nuestra política es que no estamos disponibles para hablar del caso o emitir comentarios. Se debe hablar con la oficina de relaciones públicas de Pemex en México para cualquier comentario”.
Pemex sabía del crimen (que no pudo probar)
El primero de los tres juicios inició en 2010 aunque, según los documentos, Pemex sabía desde “mucho antes” que le estaban robando condensado de gas natural gracias a información entregada por agencias de seguridad estadounidenses.
Una investigación de estas agencias puso al descubierto el supuesto crimen, aunque en los juicios Pemex no pudo presentar más información que fuera concluyente.
Los documentos oficiales señalan que el combustible supuestamente comercializado por las empresas demandadas fue extraído por integrantes de los cárteles del Golfo y Los Zetas de la Cuenca de Burgos. Posteriormente fue transportado a Estados Unidos con apoyo de las petroleras estadounidenses y con la presunta complicidad de autoridades aduanales del Servicio de Administración Tributaria mexicano.
El 18 de septiembre de 2008 las autoridades de Estados Unidos realizaron un operativo en el que detuvieron en ese país a 170 personas. La operación Project Reckoning buscaba golpear a la mafia italiana conocida como la ‘Ndrangheta, asociada con cárteles mexicanos para exportar drogas a Italia.
Entre los detenidos estaba un hombre —que se convertiría en testigo protegido— identificado como Luis Ariel Rivera Rodríguez. Él señaló que desde 2006, además de drogas, la organización delictiva en la que trabajaba importaba a Estados Unidos condensado de gas natural robado en México.
Tras las detenciones en 2008, la consejería jurídica de Pemex recibió cintas con las conversaciones entre empresarios petroleros de los Estados Unidos que lamentaban la detención de integrantes del Cártel del Golfo y Los Zetas en la operación Project Reckoning.
En la cinta, y posteriormente en testimonios ante la Corte, empleados señalaron que tenían conversaciones y negocios con “el cártel”. También que sabían de la existencia de sobornos a funcionarios aduanales para poder contrabandear el combustible robado.
Los documentos de la Corte en Texas citan que, ya en 2010, “la evidencia señala que Pemex estaba muy consciente de que el condensado mexicano estaba siendo robado en México y comercializado en Estados Unidos al menos cuatro años antes de que demandara a cualquiera de las empresas”.
Al ser cuestionado por la Corte de Houston, Pemex reconoció que sabía que “en general fue víctima de robo —pero sin ser consciente del alcance— por lo menos desde 2006”.
De acuerdo con la respuesta oficial que Pemex dio a Animal Político, “en el mes de junio de 2007 la oficina de Inmigración y Control Aduanal de los Estados Unidos proporcionó al Gobierno de México información relacionada con el tráfico de productos petrolíferos robados a PEP hacia los Estados Unidos, así como la acusación penal a la empresa Tramo Petroleum por haber recibido el equivalente a 2 millones de dólares en productos robados a PEP”.
Agrega: “Como resultado de dichas investigaciones, la empresa Trammo entregó a PEP la cantidad de 2.4 millones de dólares como compensación de los daños patrimoniales causados (…). Como resultado de dicha investigación se recuperaron cantidades adicionales que fueron entregadas al gobierno mexicano (por 208 mil dólares)”.
El modus operandi
De acuerdo con los alegatos que Pemex presentó ante la corte, el modus operandi de las empresas que supuestamente compraron combustible robado durante los cuatro años que duró esta red binacional era este: las empresas estadounidenses compraban el condensado robado y mandaban a México camiones cargados con agua, que iban etiquetados como “nafta”. Al cruzar la frontera vaciaban los camiones y los llenaban con condensado de gas natural que había sido robado.
Además, creaban documentación falsa para justificar la posesión del combustible y sobornaban a funcionarios aduanales para cruzar la frontera. Los camiones volvían a Texas y el producto se almacenaba para ser revendido a otras empresas a cargo —según Pemex— de borrar las pistas sobre el origen ilícito.
Pemex acusó en el juicio que las compañías estadounidenses estaban tratando de evadir la justicia: “Ante la afirmación de que las grandes petroquímicas no sabían que compraban productos robados, Pemex alega que la venta del condensado robado requirió una conspiración concertada en los Estados Unidos para pasar el condensado robado a través de la frontera y lavar su origen para así distribuir y venderlo a los usuarios finales”.
Fuente: Animal Político
