Desde su celda, un estadunidense acusado de pederastia ha logrado llevar a prisión al defensor de víctimas, como parte de una larga venganza contra el mexicano Mauricio Rodríguez, quien ahora enfrenta un proceso por extorsión y asociación delictuosa, por lo que solicitado un amparo
Por Mauricio Ferrer
Thomas Frank White, millonario estadunidense encarcelado desde 2005 en el penal de Puerto Vallarta por violación y corrupción de menores, ha preparado durante casi ocho años una revancha contra Mauricio Rodríguez Borrego, defensor de 22 niños mexicanos víctimas de abuso del norteamericano en un juicio civil celebrado en la corte de San Francisco, California, la cual ordenó al acusado en 2008 pagar más de siete millones de dólares por reparación de daños a las víctimas.
El 6 de marzo de 2006, ya detrás de las rejas, Frank White presentó una denuncia contra Rodríguez Borrego por extorsión y asociación delictuosa. Junto con el litigante mexicano fueron denunciados el abogado estadunidense David Replogle, las víctimas Roberto Olguín Ortiz o José Carlos Ortiz y Daniel Castro García, así como Omar Ismael Marín Zepeda y Alexander Shahbazian.
Durante casi siete años, la denuncia permaneció archivada. En febrero la juez segunda de lo penal en Puerto Vallarta, Gabriela Enríquez Serrano, desempolvó el expediente de Rodríguez Borrego y el 21 de ese mes ordenó su aprehensión. Salió libre bajo fianza porque el delito no es considerado grave.
El abogado solicitó una ampliación del plazo para presentar pruebas. El 28 de febrero de 2013, cuando acudió al juzgado a defenderse, supo que un día antes la defensa de White había presentado una nueva prueba y que la juez ahora había clasificado el delito como grave. Recibió el auto de formal prisión a las 10 horas de ese día.
En territorio de Thomas White
Cuatro meses después de ese suceso, Mauricio Rodríguez alega que es inocente y que las autoridades estatales se han prestado a una revancha de Thomas White. Él (White) lleva muchos años aquí. Estoy en su casa, en su territorio. Estoy en la casa de Thomas White, dijo el abogado desde el área de visita del penal de Puerto Vallarta.
Los abusos cometidos por Thomas White contra menores en Puerto Vallarta fueron documentados a finales de la década de 1990 por varias agrupaciones civiles. En 2001, autoridades estatales emitieron dos órdenes de aprehensión contra el acusado, pero ya había huido del país.
La Interpol lo detuvo el 11 de febrero de 2003 en Bangkok, Tailandia, y el 30 de julio de 2005 fue extraditado a México.
Conforme a los hechos consignados en las órdenes de aprehensión 40/2001 y 409/2001, desde 1997 hasta septiembre del 2000 el hoy extraditado invitaba a menores a su domicilio en Puerto Vallarta, Jalisco, donde les daba bebidas embriagantes, droga y dinero a cambio de que tuvieran sexo con él. En varios casos, con un arma de fuego los obligó a tener encuentros sexuales con otras personas, informó aquel día la Procuraduría General de la República.
El 9 de agosto de 2005, White recibió el auto de formal prisión. En 2007 fue sentenciado a siete años de prisión. Un par de años después el millonario presentó una apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, la cual ganó, pero aún enfrenta juicios del fuero federal y Estados Unidos ha insistido en extraditarlo. White ha promovido dos amparos (el más reciente en 2009), que aún no se resuelven.
La juez Gabriela Enríquez Serrano aceptó como pruebas para encarcelar a Mauricio Rodríguez la denuncia de White, las declaraciones de las víctimas, una copia del pago de honorarios que la Corte de San Francisco dio al abogado y diferentes peritajes a correos electrónicos y cartas en que supuestamente se ejercía coacción hacia el estadunidense.
Después del encarcelamiento del millonario (antes de 2008), los menores víctimas de abuso cambiaron ante el Ministerio Público sus declaraciones. En sus nuevas versiones dijeron que todo fue un plan concebido entre 2003 y 2005 por David Replogle y Mauricio Rodríguez Borrego para quitarle varios millones de dólares al gringo Tom. Los nuevos testimonios fueron considerados con valor probatorio indiciario.
En octubre de 2006, José Carlos Ortiz Peña o Roberto Ortiz Olguín, declaró a Proceso Jalisco que había cambiado su declaración en favor de White porque le habían ofrecido dinero y recibió amenazas de muerte. Me ofrecieron un millón 250 mil dólares. ¿Que quién me ofreció el dinero? El licenciado Manuel Flores Cortés, pero no, nunca me dio nada, reveló.
La estocada final con la cual la juez Gabriela Enríquez dictó auto de formal prisión contra Rodríguez Borrego fue una copia del pago de honorarios emitido por la Corte de San Francisco a los abogados defensores.
La prueba ofrecida por la defensa de White fue desahogada el 27 de febrero, un día antes de que venciera el plazo ampliado que había solicitado Mauricio Rodríguez.
Los abogados del estadunidense accedieron al expediente del juicio civil que su cliente enfrentó en San Francisco por medio de la página electrónica cand.uscourts.gov/home.
De los mil 115 documentos digitalizados que integran el expediente del juicio en aquel país, la juez tomó en cuenta la prueba 943, relativa a la orden de honorarios y costos de los abogados de las víctimas, firmado por el juez estadounidense Joseph C. Sphero el 6 de mayo de 2008.
El tribunal procede a llevar a cabo la asignación de la cantidad total de los honorarios y costos de los abogados que participaron en este juicio: David Replogle, un millón 234 mil 794 dólares; John Hill, 617 mil 398 dólares; Mauricio Rodríguez Borrego, 463 mil 48 dólares, dice el documento.
Días más tarde, el 13 de mayo de 2008, el juez estadounidense Charles R. Breyer ordenó otro pago de honorarios por 440 mil 149 dólares para Mauricio Rodríguez, según se desprende de la prueba 947 entregada por la defensa de White a la juez.
El cobro de los honorarios por el indiciado Mauricio Rodríguez Borrego y de otros se generó por las maquinaciones extorsionadoras ejercidas en el denunciante Thomas Frank White, y como consecuencia de ello, el beneficio patrimonial obtenido por el activo, en perjuicio del peculio del pasivo, asentó la juez en el auto de formal prisión.
Por el delito de extorsión, el Código Penal de Jalisco estipula penas de uno a nueve años de prisión; por el de asociación delictuosa, de uno a cuatro años. Sin embargo, en marzo Rodríguez Borrego interpuso un amparo contra la resolución de la juez Gabriela Enríquez.
En el juicio 562/2013, que se desahoga en el juzgado cuarto del distrito de amparo en materia penal en Jalisco, el abogado asegura que al dictarle auto de formal prisión la juez violó las garantías de legalidad y seguridad jurídica a las que debe sujetarse todo procedimiento legal.
Luis Campos Carriedo, abogado de Mauricio Rodríguez Borrego, afirmó que hay suficientes elementos para que las autoridades federales concedan el amparo, pues la Constitución y el Código de Procedimientos Penales de Jalisco señala que el procesado y su defensor tienen derecho a estar presentes durante el desahogo de pruebas.
No puede ser que a raíz de un procedimiento en Estados Unidos se construya una acusación. No tiene nada delictivo el que Mauricio haya cobrado (sus honorarios), explicó Campos Carriedo.
Le llegaron al precio a dos de los afectados
En mayo Mauricio Rodríguez contactó a La Jornada por medio de una carta. No puede haber nada más triste ni desalentador que ser abogado defensor de las víctimas de delitos en México, escribió el abogado.
El 12 de junio de 2013, en una breve entrevista, el litigante dijo: Estoy muy decepcionado de las autoridades mexicanas. Es la primera vez en la historia que un abogado mexicano que da su alma por las víctimas está en la cárcel. Ningún abogado mexicano había ganado en Estados Unidos.
Narró que semanas antes, un empresario estadunidense dedicado a la organización de eventos sociales y amigo de Thomas White lo visitó en su celda de Puerto Vallarta y lo amenazó, así como a otros denunciantes.
Nicolasa García (activista del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos) tuvo miedo. Desaparecieron todos, fui el único que siguió, hasta que acabé aquí. Ni una muestra de agradecimiento hubo, y ahora hasta dos de las víctimas han declarado en mi contra. Les han llegado al precio, concluyó.
Fuente: La Jornada
