Los partidos políticos son el mayor obstáculo para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos, pues en promedio sólo el 25.4% tienen un cargo dentro de la estructura partidaria; así lo reveló el informe “La Democracia partidaria en México: avances y desafíos” de la ONU.
Las representantes de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres en México, Belén Sanz y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Katyna Argueta, dieron a conocer un análisis de los avances de la democracia paritaria el país.
El documento en el que se analizaron siete dimensiones (marco legal, derecho al sufragio, cuota de paridad, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y gobierno municipal) para conocer cómo las mujeres ejercen sus derechos políticos, el rubro de partidos políticos obtuvo la segunda peor calificación con 54.7 puntos.
El análisis concluye que existe una distancia “significativa” entre los derechos y las obligaciones de las mujeres plasmados en los estatutos internos de los partidos, respecto de las prácticas que en realidad se ejercen. Pues existe una subrepresentación de éstas, porque sólo el 25.4% ostenta un cargo dentro de sus estructuras.
Además, según se menciona, tres partidos de los nueve que tienen registro a nivel nacional, prevén objetivos específicos de igualdad de género y no discriminación y sólo ocho tienen unidades de la mujer o secciones femeniles en su estructura interna.
Al respecto, Belén Sanz señaló que los resultados son “preocupantes”, pues “puede afirmarse que los partidos constituyen el mayor obstáculo para que las mujeres accedan e influyan en la toma de decisiones partidarias, la agenda política y el debate público”.
Recordó que México está obligado a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres, pues este es uno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible que el país firmó.
En el mismo sentido, recomendó reformar los documentos organizacionales básicos de los partidos para que incluyan compromisos más explícitos con los principios de igualdad y no discriminación.
Fuente: Apro
