La Comisión de Fiscalización del Parlamento de Ecuador inició ayer el trámite de sustentación del juicio político planteado por la oposición contra el presidente Guillermo Lasso, quien reivindicó su inocencia y señaló que va a “poner la cara ante el pueblo ecuatoriano”.
El presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, avocó conocimiento del expediente enviado por el Consejo de Administración Legislativa el pasado 31 de marzo, un día después de que la Corte Constitucional emitió un dictamen de admisibilidad del juicio político.
Lasso es acusado de peculado y malversación en un contrato firmado en 2018 y renovado en 2020 con la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), dedicada al transporte marítimo de hidrocarburos.
La solicitud de moción de censura fue planteada el pasado 16 de marzo por la oposición liderada por la mayor bancada de la Asamblea Nacional, el partido Unión por la Esperanza, del ex presidente Rafael Correa, al que se sumaron el Partido Social Cristiano, de derecha, y disidentes de la Izquierda Democrática y del partido del movimiento indígena Pachakutik.
La comisión legislativa tiene un mes para entregar un informe que recomiende o no la censura y destitución del mandatario en el pleno del Congreso.
Villavicencio declaró a periodistas que la mesa va a sustentar el juicio político exclusivamente en el presunto delito de peculado en el tema relacionado a Flopec.
“Nada de estar hablando de la provincia de Sucumbíos y otros temas, ni de (el empresario asesinado Rubén) Cherrez, nada; y de una vez que vayan entendiendo los legisladores que aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa ni de Leonardo Cortázar, porque en ningún caso se presentaron pruebas, y menos habrá oportunidad de hablar de Ítalo Cedeño y supuestos casos de corrupción en Petroecuador”, advirtió Villavicencio sobre otros casos que supuestamente involucran a Lasso.
El trámite se iniciará formalmente hoy, cuando se prevé notificar el proceso al mandatario y a los cuatro asambleístas solicitantes del juicio político.
A partir de entonces, empezarán a correr los plazos para comenzar el trámite de la interpelación.
En una primera etapa, Lasso y los asambleístas solicitantes del juicio político contarán con 10 días para presentar las pruebas de cargo y de descargo, explicó Villavicencio.
Posteriormente habrá 10 días adicionales para que la comisión evalúe las pruebas presentadas por ambas partes, proceso clave para redactar el informe final en un lapso similar.
En declaraciones a un canal de televisión, Lasso afirmó que es su obligación “poner la cara ante el pueblo ecuatoriano, yo no podría dictar la muerte cruzada”, dijo en referencia a la facultad presidencial de disolver la Asamblea Nacional para dar paso a elecciones generales anticipadas.
En su opinión, el juicio político no tiene sustento jurídico, ya que el contrato por el que se le acusa se firmó antes de que asumiera la presidencia, en mayo de 2021. Además, apeló a que los asambleístas reflexionen y recapaciten en bien de la estabilidad del país.
Para la destitución del presidente se requieren 92 votos, es decir, las dos terceras partes de los 137 miembros del Parlamento.
Fuente: Xinhua/ AFP
