Por John Ackerman
Enrique Peña Nieto se equivoca en su diagnóstico de la problemática nacional. Insiste en que el principal reto es la construcción de un “Estado fuerte” y el fortalecimiento de la oficina presidencial, cuando en realidad lo que hace falta es la reorientación del formidable poder gubernamental hacia la defensa del interés público y el desarrollo nacional. Nuestras dificultades no surgen de una supuesta debilidad del Estado Mexicano como tal, sino de su utilización parcial y del divorcio de la clase política de la sociedad.
El desastre de los 12 años de gobiernos panistas se debe a que Vicente Fox y Felipe Calderón conscientemente utilizaron la silla presidencial para favorecer a sus amigos y atacar a sus rivales. El legado más importante la “alternancia” es la enorme acumulación de poder y riquezas en las manos de Televisa, Carlos Slim y el Chapo Guzmán. Las recientes liberaciones del General Tomás Ángeles y del ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano comprueban una vez más la parcialidad de la actuación de las instituciones bajo el mandato de Calderón.
Hoy Peña Nieto envía señales de absoluta continuidad. La detención de Elba Esther Gordillo, la extraña ventilación pública del caso de Ricardo Monreal y el sorpresivo otorgamiento de amparos a MVS comunicaciones para que pueda seguir gozando de sus concesiones de banda ancha 2.5 Ghz, en su conjunto demuestran que la política de utilizar la ley y las instituciones con fines políticos y para pagar favores personales sigue más vigente que nunca.
Por mucho que Gordillo sea un personaje políticamente indefendible y muy probablemente corrupto, la forma y fondo de su detención responden a evidentes coyunturas e intereses políticos (mi análisis aquí: http://ow.ly/kbLZp). Con respecto a Monreal, no existía necesidad alguna de publicitar el supuesto plan de atentado en su contra. Las declaraciones en los medios de comunicación tanto del Procurador Jesús Murillo Karam como del mismo Diputado Monreal solamente tienen lógica dentro de un contexto en que el gobierno federal estaría utilizando los múltiples esqueletos que el político zacatecano pudiera tener en el “clóset” para silenciar a una de las voces más fuertes de la oposición política.
El caso MVS es también llamativo. El actual Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, fue durante años Director Jurídico de MVS Comunicaciones y personalmente litigó el asunto de las concesiones de la banda 2.5 Ghz. El año pasado el mismo presidente de MVS, Joaquín Vargas, hizo público sus intercambios con Javier Lozano en el caso de Carmen Aristegui, evidenciando la absoluta disposición del empresario a negociar contenidos y espacios con el gobierno. La sorpresiva cancelación de las participaciones de un servidor en este mismo medio respondió sin duda a esa misma lógica. Todo parece indicar que Vargas será el nuevo empresario mediático consentido del régimen, equivalente a lo que ocurrió con Emilio Azcárraga durante las administraciones de Fox y Calderón.
Con absoluta razón entonces 73% de la población mexicana se encuentra “insatisfecha con el funcionamiento de la democracia”, de acuerdo con el Latinobarómetro, y solamente el 38% de los ciudadanos tiene “interés en los asuntos que se discuten en el Congreso”, según la 2da Encuesta Nacional de Cultura Constitucional del IIJ-UNAM. Existe una justificada desconfianza ciudadana en los políticos y en las instituciones realmente existentes porque éstas no han funcionado para resolver los problemas de la gente. De acuerdo con un estudio de la ANUIES, por ejemplo, de seguir las tendencias económicas actuales, para 2020 solamente 6% de los jóvenes egresados anualmente con licenciatura encontrarán un empleo de calidad.
No debería sorprender a nadie entonces la velocidad con la cual se ha desgastado la imagen pública del Pacto por México. De acuerdo con una encuesta de la empresa Parametría (http://ow.ly/kaf6V), hoy solamente 21% de la población cree que el Pacto “beneficiará a gente como usted” y 31% cree que les “perjudicará”. Únicamente 35% de los encuestados creen que el Pacto beneficiará “al país”. Los ciudadanos tienen claro que el Pacto no es más que un acuerdo entre los mismos políticos desacreditados de siempre para avanzar sus propios intereses.
Todo parece indicar que al final del día los ciudadanos mexicanos no son tan fácilmente manipulables como lo imaginan los grandes consorcios mediáticos. Otro ejemplo es que, de acuerdo con el periódico Reforma, Peña Nieto inicia su mandato con una tasa de aprobación ciudadana (50%) menor a cualquier presidente Mexicano al inicio de su sexenio en las últimas dos décadas. Hasta Ernesto Zedillo, quien asumió la presidencia en diciembre de 1994 en medio de una doble crisis económica y política de enormes proporciones, con una fuerte devaluación del peso y un movimiento guerrillero en Chiapas, inició su mandato con una tasa de aprobación (53%) más alta que la de Peña Nieto.
Aún Calderón inició su sexenio con mayor entusiasmo ciudadano. Después de las conflictivas elecciones de 2006, todavía 58% de la población aprobada la gestión de Calderón en marzo de 2007. Y no existe comparación alguna desde luego con la histórica “luna de miel” de Vicente Fox, quien inició su mandato con 70% de aprobación ciudadana.
El desgaste del Pacto por México y la debilidad de Peña Nieto son buenas noticias para las luchas ciudadanas a favor de la construcción de un nuevo Estado que defienda el interés público. Todo ello significa que el juego de intereses y de manipulación institucional de la vieja clase política podría estar acercándose a su fin y que la sociedad mexicana podrá ver pronto un mejor día.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: www.johnackerman.blogspot.com
