Por Víctor M. Quintana S.
Ferromex tuvo que pararse, así fuera por pocas horas en cuatro puntos diferentes del estado de Chihuahua el lunes 13 de mayo. No le quedó otra ante el bloque del Frente Amplio de Productores Agropecuarios conformado por El Barzón, Agrodinámica Nacional y Unión Campesina Democrática.
La bestia oligopólica que Zedillo vendió al extranjero y de cuya administración él forma parte ahora, reclama el apoyo del gobierno para que proteja y despeje “las vías generales de comunicación”.
Con este bloqueo, los agricultores chihuahuenses lo que están tratando de parar es el tren del proyecto agrícola neoliberal, que está arrollando las agriculturas familiares y la soberanía alimentaria de México. Porque en este país hay dos visiones y proyectos para la agricultura: el de los grandes poderes económicos y el de los pequeños, medianos e incluso algunos grandes agricultores comprometidos con mejores condiciones de vida para todos.
El proyecto dominante estuvo muy bien reflejado en las declaraciones eufóricas de los ministros Vlak, de los Estados Unidos; Ritz, de Canadá y del titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez luego de la reunión que sostuvieron a principios de semana en la biblioteca José Vasconcelos, con motivo del vigésimo aniversario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): sin detenerse en evaluaciones precisas, se apresuraron a señalar que “…el comercio y las fronteras abiertas fomentan el crecimiento económico y el empleo”. Varias veces repitieron la expresión mágica, mejor dicho, el mantra librecambista: “eliminación de barreras”. Advirtieron que en la región hay todo un cúmulo de oportunidades para la producción de alimentos de calidad y de valor.
En la declaraciones de los tres ministros estuvieron ausentes expresiones como “agricultura familiar”, a pesar de que es el año de ella, según la FAO; tampoco se advirtieron temas como “soberanía alimentaria”, “pobreza”, “inequidad”, “expulsión de mano de obra del campo”, “violencia”, oligopolios, oligopsomios, acaparadores, etc. Eso definitvamente no existe en “TLCANlandia”.
Ve muy diferente la agricultura Noé, un joven agricultor del norte de Chihuahua: “Trabajar un día con mi tractor en mi labor me cuesta una tonelada de maíz”. Denuncia que el derrumbe del precio de la gramínea, propiciado por las importaciones sin freno, sobre todo de los Estados Unidos, y los continuos gasolinazos y dieselazos tornan casi incosteable dicho cultivo. Además, la mayoría de los agricultores jóvenes tienen que pagar la renta de la tierra, pues a su generación ya no les tocó parcela. Y luego cuando salen a vender su cosecha, resulta que el precio se derrumbó sin que el gobierno intervenga para regular los mercados. Para él, aun con riego, cada vez es más difícil lograr la subsistencia de su familia con base en la agricultura y observa que se incrementa día a día el número de jóvenes que tienen que salir del campo o enrolarse en las filas del crimen organizado a falta de alternativas decentes de vida.
Lo más seguro es que la visión de Noé no sea tomada en cuenta para la Reforma relativa al Campo que prepara la administración de Peña Nieto. Ésta se hará desde la visión de los vencedores del TLCAN: de quienes piensan en aumentar los negocios antes que mejorar las condiciones de vida de las personas y de sus comunidades.
Por todo esto resultan muy pertinentes las tres condiciones que El Barzón plantea como indispensables antes que se comience a discutir la Reforma para el Campo.
En primer lugar, El Barzón demanda acciones inmediatas para poner un alto a la obscena concentración de la riqueza, de los subsidios, y a la enorme desigualdad del campo mexicano. La propia SAGARPA reconoce que el 72.6% de los 5 millones 3 mil unidades económicas que hay en campo tienen ingresos anuales netos de menos de 17 mil pesos, mientras que en el otro extremo tan sólo 460 empresas generan tres cuartas partes de las ventas agropecuarias.
En segundo lugar, exige que el Estado actúe ya como ordenador y regulador de los mercados agroalimentarios. Para esto es urgente crear una empresa pública que opere como competidor real en el acopio de alimentos básicos y en la venta de los mismos a los consumidores, para garantizar precios rentables a los productores pequeños y evitar alzas indebidas a los consumidores, sobre todo los más pobres.
En tercer lugar, debe terminarse con el laissez faire en materia de los insumos para la producción agropecuaria. Si se quiere que los productores nacionales, sobre todo los pequeños y medianos, compitan con las importaciones subsidiadas provenientes de los Estados Unidos, sobre todo, debe detenerse el incremento del diesel, la gasolina, el gas y la energía eléctrica. Las acciones que exige del Estado El Barzón son el principio de un giro drástico en la política neoliberal hacia el campo. Si el gobierno de Peña Nieto sigue viendo las cosas desde Washington y Ottawa y no desde los productores mexicanos, nos estaremos enfrentando a una reforma en el mismo sentido y con los mismos beneficiarios que la hecha por Salinas hace ya 22 años.
Ese tren hay que pararlo.
