Al firmar el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (AIIT) con el gobierno de las Bermudas, el 15 de octubre de 2009, la administración de Felipe Calderón no espantó a los mexicanos que tenían entidades offshore en el paraíso fiscal a espaldas de las autoridades tributarias, sino todo lo contrario: les abrió más que nunca las puertas del paraíso fiscal.
Por Mathieu Tourliere/ Proceso
El AIIT eliminó de un golpe el impuesto del 40% a las transacciones realizadas con entidades incorporadas en las Bermudas y exentó a los mexicanos de llenar una declaración para informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre sus ingresos generados en la isla.
Y, contrario a lo que deja pensar su nombre, el AIIT no pone en riesgo la secrecía de los operadores de entidades offshore en las Bermudas, pues el acuerdo no otorga al SAT –ni mucho menos a los ciudadanos– un acceso automático a los registros de los accionistas y directores de las sociedades incorporadas en la isla, cuya población apenas rebasa los 68 mil habitantes.
Ni ése ni los otros 13 AIITs que México firmó con los gobiernos de jurisdicciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identifica como paraísos fiscales o garantiza una vigilancia del SAT sobre las sociedades de mexicanos en el exterior; pero todos borraron las restricciones que México imponía sobre los negocios con ellas.
“El acuerdo no puede ser utilizado como una ‘expedición de pesca’. La información sólo puede compartirse entre los gobiernos de México y las Bermudas, y se proporciona siempre y cuando se producen evidencias suficientes y concisas y que un caso ha sido comprobado”, insistieron empleados de Appleby, el despacho de servicios offshore con sede en las Bermudas, durante una cumbre de fondos organizada por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) en septiembre de 2011.
Durante la cumbre de la Amexcap –de la que Appleby es el único integrante en las Bermudas–, los abogados promocionaron las ventajas de incorporar sociedades en la jurisdicción, de acuerdo con un memorando interno de la firma, obtenido por el diario alemán Süddeutsche Zeitung junto con un paquete de 13.4 millones de documentos, que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados, entre ellos Proceso.
Una de estas ventajas, plantearon, es que “el gobierno de las Bermudas emitirá una garantía de que ningún impuesto corporativo, ni sobre los ingresos ni tampoco sobre las ganancias del capital se recaudará a las sociedades de inversión”, y ello hasta por lo menos el 2035. “Esto provee claridad y seguridad a los inversionistas”, subrayaron.
Y no sólo esto: en esta ocasión, Appleby también ofreció a las empresas integrantes del Amexcap una “oferta exclusiva” para establecerse en las Bermudas: no les cobraría por los gastos de incorporación.
La firma del AIIT abrió grandes oportunidades de negocios para Appleby. El mexicano Eduardo Fox, director corporativo y para América Latina de la firma, viajó a México en agosto de 2015 y para promocionar las Bermudas a los despachos fiscalistas más importantes del país, algunos de los cuales –Jáuregui y Del Valle SC– ya eran clientes suyos.
En un memorando interno, Fox aseveró que los directivos de PriceWaterCooperHouse “aprendieron mucho sobre el mercado de las Bermudas y las ventajas del AIIT entre México y Bermudas. Definitivamente les gustó lo que escucharon”. Los directivos de la firma Baker & McKenzie, por su parte, se comprometieron a “ayudarnos en nuestro esfuerzo de desarrollo del negocio”.
El equipo de abogados de Appleby también se reunió con funcionarios de AgroAsemex, la empresa paraestatal establecida en Querétaro y que administra los seguros del gobierno mexicano. Presentaron su despacho y el mercado de las Bermudas a Juan Carlos Bautista Ramírez, director de Riesgo en la institución, quién disfrutó “mucho” el encuentro y “apreció mucho el hecho de que hayamos viajado esa distancia desde la Ciudad de México”, según reportó Fox.
De las 41 jurisdicciones que la OCDE ubica como paraísos fiscales, México firmó AIITs con 14, de los cuales 11 fueron celebrados por la administración de Felipe Calderón. Los tres restantes –con Aruba, Liechtenstein y Santa Lucía– lo fueron en la administración actual de Enrique Peña Nieto.
La mayor parte de los AIITs se basan en un modelo diseñado por la OCDE, que organizaciones defensoras de la transparencia fiscal internacional critican por tener un alto nivel de discrecionalidad y de opacidad.
Así, si el SAT quiere información sobre un contribuyente mexicano en Bermudas, tiene que enviar un escrito a las autoridades tributarias de ese país, en el que detalle la identidad del ciudadano, la fecha en que operó su sociedad, el propósito por el que pide la información o las razones para considerar que la información solicitada es relevante para el gobierno, entre otros.
Y ello ni siquiera le garantiza que el gobierno de Bermudas le proporcionará la información. El acuerdo plantea que las autoridades del país requerido pueden negarse a entregar la información si considera que el escrito fue mal redactado, que el gobierno de México no agotó los medios para conseguir la información en su propio territorio o si considera que la revelación de los datos puede dañar la seguridad nacional, el orden público o el secreto comercial e industrial.
El despacho fiscalista Higgs & Johnson, que opera en el paraíso fiscal de las Bahamas, explicó en 2011 en un documento promocional: “¿Qué es lo que no es un AIIT?”. Su explicación: “No es un intercambio automático de información (…) un AIIT es por petición solamente, la información nunca será compartida sin objetivo ni de manera arbitraria”.
El acuerdo que Calderón firmó con el gobierno de las Bermudas se hizo público en septiembre de 2009, sin embargo, meses antes, Appleby y la comunidad financiera mexicana ya estaban al tanto de la inminencia del evento.
En un correo electrónico fechado en julio de 2009 –dos meses antes de la firma–, Shaun Morris, director de las relaciones de Appleby, indicó que instruiría a un empleado para “empezar un borrador sobre este AIIT” en el que detallaría “las potenciales oportunidades de negocios que fluirán a partir de este nuevo desarrollo”. En el correo, el abogado planteó que seguiría platicando con Andy Gent, el director de HSBC para América Latina, sobre el AIIT.
En la última década, los gobiernos de los paraísos fiscales multiplicaron los esfuerzos para dejar de pertenecer a las llamadas “lista negra” y “lista gris” de la OCDE, que les cierran el acceso a una parte del pastel financiero internacional. Una llave que permite salir de estas listas es, precisamente, la firma de AIITs con países miembros del órgano internacional.
Así, el gobierno de las Islas Vírgenes Británicas se felicitó de que la firma de un AIIT con Nueva Zelanda, en agosto de 2009, le permitió entrar en la “lista blanca” de la OCDE, de acuerdo con un documento oficial emitido por el Centro Financiero Internacional –una oficina gubernamental—en diciembre de ese año.
De hecho, en la conferencia en la Amexcap, los empleados de Appleby dijeron a su audiencia que el gobierno de Bermuda “trabajó duro (y durante varios años) para, con respeto pero de manera específica, demostrar a las autoridades mexicanas que debería ser removida de esta lista”.
Fuente: Proceso
