Interpondrá Gobierno Municipal recursos legales ante cobro injusto derivado de sentencia en predio aún en litigio en el Camino Real
-Jueza Hilda Margarita Campos Alcantar dictaminó con base en argumentos fraudulentos
Para defender el patrimonio de los juarenses, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, ha iniciado las gestiones de acciones de defensa, para interponer quejas administrativas y denuncias correspondientes, ante un cobro de un poco más de ochenta y tres millones de pesos, como pago por la ocupación irregular de un terreno por parte de administraciones pasadas, sobre el cual, se construyó una parte de la vialidad identificada como Camino Real.
Lo anterior, derivado de un claro abuso de poder, en el incidente de ejecución derivado del juicio ordinario civil 803/2016, en el que el Municipio de Juárez fue condenado por la Juez Cuarto de lo Civil por Audiencias, Hilda Margarita Campos Alcantar con base a condenas que aún están en litigio y, por eso, no tienen firmeza legal.
La sentencia interlocutoria que determinó ese valor del predio a pagar, se fundamentó en dictámenes fraudulentos de personas sin escrúpulos, pero la misma jamás causó ejecutoria, es decir, no adquirió firmeza y por consecuencia no era ejecutable.
No obstante lo anterior, la citada juez ha iniciado la vía de apremio para ejecutar tanto la sentencia interlocutoria que jamás era ejecutable, como el convenio que fue celebrado para terminar el conflicto, en virtud del cual, una apoderada del municipio pactó con la parte actora el pago de sólo treinta millones de pesos, más la entrega de un predio como indemnización para terminar el conflicto.
Ahora la jueza, absurdamente pretende ejecutar tanto la condena, que no causó ejecutoria y fue sustituida por el convenio, que tampoco se elevó a la categoría de cosa juzgada, como el convenio mismo.
Para defender el patrimonio del municipio, se estarán gestionando acciones de defensa, y se interpondrán las quejas administrativas y denuncias correspondientes, pues no es justo que se trate de afectar las finanzas públicas con base a condenas que aún están en litigio y, por eso, no tienen firmeza legal.
