Por las pérdidas reportadas en 2009, Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor acerera mexicana, no repartió utilidades entre sus trabajadores. Pero ese año, tres de sus altos ejecutivos compraron un departamento con vista al mar valuado en más de 2.6 millones de dólares en uno de los más exclusivos condominios de Punta Mita, en Nayarit.
La operación la realizaron a través de Carlyle Technologies Corp., una empresa que crearon en Panamá a través del despacho Mossack Fonseca, especializado en la operación en paraísos fiscales. AHMSA es hasta ahora uno de los consorcios más importantes de México que aparece en #PanamaPapers, la investigación periodística global en la que participó la revista Proceso.
Los detalles de la operación de AHMSA a través de Carlyle Technologies Corp. forman parte de los archivos de Mossack Fonseca que fueron entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), (https://www.icij.org/), de Washington, a más de cien medios de todo el mundo.
Carlyle Technologies Corp. es una compañía con oficinas virtuales, sin personal, una sola cuenta bancaria y sus accionistas son anónimos. Pero para adquirir el apartamento nayarita utilizaron a la compañía de seguros First American Title Insurance Company, con sede en Florida, que aparece como compradora, pero con los fondos de Carlyle.
En 2003 Mossack Fonseca creó Carlyle por mediación de Juan Carlos Quintana Serur, un abogado mexicano que exigía mantener anónimos a sus clientes, “los accionistas”, algo que consiguió a través de la figura de “acciones al portador”, la participación de un grupo de mujeres prestanombres que formaban parte del despacho panameño y, posteriormente, con la creación de fideicomisos en Estados Unidos
Tanta era la preocupación por el anonimato que cuando a Quintana Serur le pidieron que revelara los nombres de los accionistas de Carlyle, consideró que Mossack Fonseca le daba un trato “hostil”. Era febrero de 2012 y llevaba nueve años de relación con la firma panameña que le proporcionaba las oficinas virtuales, y le gestionó la apertura de su única cuenta empresarial en el Credicorp Bank, en Panamá.
Los objetivos y transacciones entre Mossack Fonseca, Quintana, AHMSA y Carlyle están contenidos en 597 archivos que forman parte de los 11 millones y medio de documentos del despacho panameño que fueron entregados de forma anónima al diario Süddeutsche Zeitung, que tiene su sede en Münich.
En los archivos relacionados con la principal acerera mexicana se observa que existe un denominador común: todas las operaciones relevantes de Carlyle con AHMSA están relacionadas con dos miembros de su Consejo de Administración, las hijas de uno de ellos, dos ejecutivas y el abogado Quintana Serur.
Luego de que el domingo 3 de abril proceso.com.mx dio a conocer la lista de mexicanos de la clientela de Mossack Fonseca, incluyendo a AHMSA, su director de comunicación Francisco Orduña admitió en entrevista con el diario Vanguardia, de Saltillo, Coahuila:
“No somos políticos y podemos hacer las transacciones como queramos y comprar también porque todo está reportado”. Después de eso, indicó que no haría más comentarios.
Proceso le había solicitado al vocero un posicionamiento sobre las operaciones desde el 29 de marzo. No hubo respuesta.
El acta constitutiva de Carlyle.
La marca acerera
El abogado Juan Carlos Quintana Serur es secretario ejecutivo del Consejo de Administración de AHMSA, presidido por el magnate Alonso Ancira Elizondo, quien en 1991, durante las privatizaciones salinistas, encabezó la sociedad con Xavier Autrey Maza para adquirirla junto con un paquete de subsidiarias poseedoras de minas de hierro y de carbón.
Al mismo tiempo de su cargo empresarial –primero como socio del despacho Borda y Quintana, luego del despacho Ibáñez, Quintana, Saavedra y Hoffman–, Quintana Serur medió entre “los accionistas” de Carlyle y Mossack Fonseca, desde 2003.
En 2012, Quintana expresó su “inquietud” porque su agente ante el despacho de Panamá, Rogelio Fernández, le informó que el banco local Credicorp Bank, en el que Carlyle tenía su única cuenta, solicitaba información de los accionistas y estados financieros auditados, así como declaración de impuestos como parte de nuevas regulaciones fiscales y bancarias en Panamá y Estados Unidos.
Al banco le preocupaba también que entre los accionistas hubiera estadunidenses que lo hicieran vulnerable a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés) que entraría en vigor en 2013 y obligaría a informar al gobierno de Estados Unidos sobre operaciones bancarias de sus ciudadanos en el extranjero.
“Insistimos, no es que haya nada irregular ni preocupante, pero si los accionistas escogieron constituir Carlyle en Panamá a través de Mossack Fonseca fue precisamente por las ventajas, flexibilidad y escasos requisitos que existen para su manejo legal, corporativo y financiero”, expuso Quintana a su agente panameño el 7 de febrero de 2012, en uno de numerosos mensajes en los que exigía mantener a sus clientes anónimos.
Aunque los accionistas de Carlyle siguieron anónimos hasta 2015 –año hasta el que llegan los archivos filtrados–, todas sus operaciones se relacionaban con AHMSA, no sólo por el abogado Quintana:
Carlyle adquirió una participación accionaria de 10% de la empresa controladora de AHMSA, Grupo Acerero del Norte (GAN), que también preside Alonso Ancira. El 13 de noviembre de 2008, Carlyle designó apoderados a Ancira y a otro miembro del Consejo de Administración de AHMSA, el estadunidense James Stuart Pignatelli.
Amplio era el poder especial otorgado a Ancira, que el 1 de septiembre de 2014 se ratificó, con vigencia indefinida y asentando que no podría ser revocado excepto por su renuncia. Es decir, Ancira representaría el paquete accionario de Carlyle en el GAN, hasta que él mismo decidiera no hacerlo.
Quienes manejaban la única cuenta bancaria de Carlyle en el panameño Credicorp Bank –abierta el 12 de febrero de 2006– y podían disponer de los recursos, eran Aracely Stella García Granados y Liliana Eugenia Rodríguez Villarreal, ambas ejecutivas de AHMSA.
La relación es pública: García Granados exhibe en su perfil de Linkedin que fue empleada de AHMSA hasta 2006, en un “nuevo proyecto de desarrollo”. Su hermana, Carla, es la directora de AHMSA Steel Israel, donde Ancira posee las famosas “Minas del rey Salomón”.
En tanto, Rodríguez Villarreal recibió en representación de Ancira el reconocimiento como “ciudadano distinguido” de Monclova, que le otorgó el ayuntamiento de esa ciudad el 12 de agosto de 2014. Las dos proporcionaron domicilio y cuentas de correo electrónico del GAN, pero es Rodríguez Villarreal quien más participa en transacciones relacionadas con Carlyle.
Aún más: el 7 de febrero de 2011 se otorgó un poder especial para toda transacción de Carlyle a James (Jim) Stuart Pignatelli, uno de los miembros del Consejo de Administración de AHMSA.
Entre 2003 y 2015, todos los ingresos (unos 6 mdd) que obtuvo Carlyle fueron originados por su único cliente que era AHMSA. En tanto, el único proveedor de Carlyle desde su creación hasta 2015, fue la firma Pignatelli & O’Brien LLC (P&O), de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La firma es encabezada por Christina y Melissa Pignatelli, hijas de James.
El triángulo de Carlye con su cliente y su proveedor fue constante: AHMSA depositaba entre 80 mil y 250 mil dólares a Carlyle cada mes; apenas los recibía y los transfería a P&O.
En la declaración del vocero de AHMSA al diario Vanguardia, éste aseguró que la realizada con Carlyle fue una operación comercial normal, registrada ante autoridades hacendarias y la Bolsa Mexicana de Valores conforme a un contrato de servicios.
En los Panamá Papers se identificaron los contratos y sus adendas. También las facturas adjuntas a correos electrónicos en los que el abogado Quintana pide paquetes de hasta 12 facturas, una por cada mes, pidiéndole a Mossack Fonseca que tuviera cuidado en que la numeración no fuera consecutiva.
Cuenta activa
Las comunicaciones entre Juan Carlos Quintana y los ejecutivos de Mossack Fonseca revelan las precauciones para no ser rastreados, evitar impuestos e inclusive la toma de previsiones por reformas fiscales en Estados Unidos y en Panamá.
Desde el 25 de noviembre de 2005, Quintana pidió instrucciones para abrir la cuenta de Carlyle a Ramsés Owens, abogado del despacho panameño, quien le recomendó que debían hacerlo en un banco pequeño o mediano porque pedían pocos registros. La opción recomendada fue Credicorp Bank.
En las comunicaciones internas de Mossack Fonseca había expectativa por “los accionistas”. Al recomendar un desayuno de Quintana y las dos ejecutivas de AHMSA con el vicepresidente del Credicorp, Owens observaba que los clientes eran “gente muy adinerada y con muchos negocios”.
Creada el 10 de junio de 2003, Carlyle fue presentada el 12 de febrero de 2006 ante Credicorp Bank como una empresa presidida por Francis Pérez. En su directorio aparecían Vianca Scott, Leticia Montoya, Martha Edgehill y Katia Solano. Las cinco mujeres, empleadas de Mossack Fonseca, aparecen desde hace años en escándalos de lavado de dinero y ahora, con #PanamaPapers, se sabe que sus nombres están en los directorios de miles de empresas offshore.
La función de prestanombres se exhibe en una de las comunicaciones entre Quintana y Mossack Fonseca, el 15 de marzo de 2015, cuando el primero solicita se tramite en Carlyle un reconocimiento de deuda por 11 millones de dólares con un acreedor mexicano.
Mossack Fonseca responde que debe emitir una carta de indemnización a Francis Pérez, además de evitar su nombre o de alguna otra persona que trabaje en la firma panameña, pues un juicio ejecutorio haría peligrar el patrimonio de cada una de ellas conforme a las leyes de Panamá. El reconocimiento de deuda no se concretó.
Respecto a la cuenta en Credicorp, tres días después de abierta, AHMSA depositó a Carlyle un millón de dólares.
El 24 de enero de 2008, se depositó otro millón de dólares y, en junio, iniciaron los depósitos por 80 mil dólares mensuales. El rastro de P&O inició en noviembre del mismo año, cuando se signó el contrato con esa firma estadunidense que recibía depósitos por 80 mil dólares mensuales.
En 2009, los depósitos se incrementaron de AHMSA a la cuenta de Carlyle, pues además de los 80 mil dólares mensuales se depositaron 180 mil dólares en enero, y 130 mil dólares por cada uno de los tres meses siguientes.
Para 2010, el esquema cambió y los pagos se volvieron más frecuentes, alternando invariablemente 80 mil y 85 mil dólares cada quincena. Adicionalmente, de julio a octubre, Carlyle tuvo depósitos por 250 dólares cada mes, para sumar 1 millón de dólares. Cada año, de 2011 a 2013, se depositó la misma cantidad de un millón de dólares.
Para 2014 se emitieron dos facturas por 400 mil dólares cada una y 10 más por 85 mil dólares.
El concepto de todos esos pagos era “Servicios de asesoría, consultoría, apoyo y gestión empresarial” para Centro y Sudamérica, excepto por tres facturas de 2014 que mostraban por concepto “estudios por gas natural”, pero que posteriormente fueron canceladas.
Un paraíso… con vista al mar
Enlistada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), AHMSA está en suspensión de pagos desde 2001. En la década que siguió a su privatización en 1991, sus finanzas colapsaron impactando la economía regional, donde se ubicaban muchos de sus acreedores. Ancira, al anunciar la suspensión de pagos, prometió dejar de asistir a restaurantes como un gesto de austeridad.
A 15 años de que inició la crisis de la acerera, sus subsidiarias pudieron salir del atolladero y se espera que durante este abril se expongan ante el juzgado del caso las condiciones para levantar en definitiva la suspensión de pagos. Aun así, AHMSA se reputa en crisis: en el último año despidió a mil 300 trabajadores y ya anunció que no habrá reparto de utilidades el próximo mes de mayo, debido al impacto de los precios internacionales del acero.
Aunque casi no paga utilidades, AHMSA sortea la inconformidad apelando a conservar la fuente de empleo, otorgando bonificaciones especiales o “adelantos”. Entre los años difíciles, destaca 2010, cuando reportó pérdidas millonarias respecto a su ejercicio fiscal 2009.
Fue en 2009 cuando Carlyle adquirió la única inversión inmobiliaria que posee: el departamento de lujo con vista al mar en Punta Mita, Nayarit, donde el condominio Hacienda de Mita destaca por su exclusividad. El apartamento “premium” 306, ubicado en el edificio E-3 del complejo, está valuado –según escribió Quintana– en más de 2.6 millones de dólares.
Mossack Fonseca desaconsejó la operación desde que Quintana la puso sobre la mesa el 8 de julio de 2009. El ejecutivo panameño, Ramsés Owens enfatizó la ventaja de que Carlyle no se relacionara en México y añadía:
“En correcta protección de activos, una sociedad no debe tener más de una propiedad, para que la sociedad ni la propiedad se contaminen con otras potenciales obligaciones o pasivos”.
Luego: “Yo propondría que Carlyle tenga una sociedad subsidiaria a ésta, que podría ser de Panamá o de la jurisdicción que sea más potable en México conforme tú nos propongas (recuerda que con agilidad podemos proveer Panamá, BVI, Bahamas, Seychelles, Samoa, British Anguilla, Nevada, Hong Kong, o sociedades civiles del Reino Unido; y también sociedades comanditas de Nueva Zelandia y otras latitudes)”, dijo en relación con las jurisdicciones de paraísos fiscales en las que opera.
Para 2010, el lujoso departamento de Punta Mita ya aparecía en los estados financieros de Carlyle y unos 3 millones de dólares en la cuenta.
La legislación panameña se reformó y las acciones al portador, el esquema que hacía invisibles a los accionistas, ya no era seguro pues el día último de 2015 serían inmovilizadas.
La solución propuesta por Quintana fue crear seis fideicomisos en Estados Unidos, tres de los cuales son a favor de Melisa Leigth, dos más a favor de Christina Susanne y uno para Theodore, los tres de apellido Pignatelli O’Brien, los hijos de James. Los fideicomisos tendrían el 75% de las acciones de Carlyle y el 25% restante quedaría en acciones al portador. Las comunicaciones se interrumpen en mayo de 2015, con el canje de acciones enunciado pero aún sin concretar.
Los Panamá Papers reflejan que la operación de Carlyle, con todo y sus accionistas anónimos, tiene dos beneficiarios: Alonso Ancira que representa de manera vitalicia las acciones de Carlyle en el GAN y, James Pignatelli con su familia.
Fuente: Proceso
