La Oposición en el Senado propondrá este martes una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), para crear un fiscal anticorrupción con suficientes facultades para perseguir a los funcionarios que roben o desvíen dinero público.
Las bancadas del PAN y PRD propondrán las modificaciones a la ley vigente con la finalidad de que el Senado pueda elegir al nuevo fiscal, sin la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto, como ocur
Los presidentes del PAN y PRD, Ricardo Anaya y Agustín Basave y sus líderes parlamentarios son por demás explícitos:
Su alianza ahora es política, parlamentaria, y antipriista en cuanto al trámite y aprobación de las 7 leyes secundarias que darán sustento y viabilidad al Sistema Nacional Anticorrupción.
Su pacto opositor tiene dos objetivos precisos que pudieran resultar inviables dentro dada la realidad política nacional:
Evitar que el PRI y sus aliados PVEM y Panal, puedan sacar adelante en el Senado y la Cámara de Diputados sus propuestas en la aprobación de las 7 leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, y;
Obligar al PRI y sus aliados PVEM y Panal, a aprobar sólo las propuestas que serán presentadas para sustanciar esas 7 leyes secundarias que serán las que hagan funcional al Sistema Nacional Anticorrupción.
Su primer objetivo parte del supuesto de que el PRI, PVEM y Panal intentarán introducir elementos en las 7 leyes secundarias anticorrupción, para garantizar el control del presidente de la República sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.
El segundo objetivo surge de una convicción: que sólo sus propuestas (las de PRD y PAN) puede garantizar la independencia, autonomía y el ejercicio de un verdadero sistema anticorrupción que incluso pueda actuar contra cualquier funcionario, incluido por supuesto el Presidente de la República, hasta llevarlo a la cárcel.
Ni que decir que de entrada la alianza ya decretó la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, ya que los dirigentes de PAN y PRD consideraron absurdo mantenerla si pronto habrá una Fiscalía Anticorrupción con los más amplios poderes y recursos para investigar y actuar en contra de cualquier acto de corrupción en el país.
Y sin siquiera saber si el actual secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade podría ser propuesto para ocupar la titularidad de esa Fiscalía, los aliancistas igualmente desecharon que Andrade pudiera ser nominado para el cargo.
En su alianza está el impulsar, indicaron, un Fiscal autónomo con amplios recursos financieros, técnicos y humanos para hacer posible la actuación contra los corruptos y con facultades (dientes), para llevarlos a la cárcel, así sea el Presidente de la República o cualquier otro funcionario.
Van a buscar un Fiscal que deberá ser aprobado por el Senado sin intervención del presidente Enrique Peña Nieto que no tenga o haya tenido vínculo alguno con ningún partido o el gobierno.
Para lograrlo, la alianza PAN-PRD actuará a través de sus coordinadores parlamentarios en el Senado: Fernando Herrera por a Acción Nacional y Miguel Barbosa por el PRD, y en San Lázaro, Marko Cortés por los blanquiazules y Francisco Martínez Neri por los del sol azteca junto con sus respectivas bancadas.
Por normatividad constitucional, las 7 leyes deberán ser tramitadas y aprobadas antes del 30 de este mes de abril, según lo establece la Reforma que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción.
Pero los integrantes de la alianza PAN-PRD están dispuestos a incurrir en desacato si el PRI no acepta sus propuestas y quedarse de lado en este proceso.
El frente antipriísta en anticorrupción tiene listo un cuadro comparativo de las propuestas del PRI y las de la alianza PAN-PRD.
Las 7 leyes por aprobarse son:
Ley General de Responsabilidades, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y la Ley de Coordinación Fiscal, que competen ser aprobadas por el Senado.
En cuanto a los diputados les toca tramitar la Reforma a la Ley Orgánica de la PGR; modificaciones al Código Penal para tipificar los delitos y las reformas en materia de Fiscalización.
Todo se debatirá en mesas de trabajo temáticas, abiertas a medios y ciudadanos, donde no haya posibilidad de presentar documentos anónimos y en las que se sepa quien propone qué y quien se opone a qué cosa…
Todo o que se haga en adelante, indicaron, será dentro del formato de parlamento abierto.
En la ronda de preguntas y respuestas, el dirigente nacional del PAN, el queretano Ricardo Anaya consideró que el principal punto de todo este esfuerzo irá dirigido a encontrar y designar un Fiscal inflexible, absolutamente honesto y sin ataduras.
“Queremos un fiscal de hierro, no de papel”, precisó.
A su vez Basave acotó:
“Que los fiscales sean personas sin vínculos estructurales, sin membrecías, ni afiliaciones partidarias, ni militancia… si hacemos una buena ley, pero ponemos un mal fiscal, estaríamos en un error”.
Armando Ríos Piter consideró que la alianza PAN-PRD podría estar ante la puerta de imponer un Sistema Nacional Anticorrupción con un Fiscal “con dientes” similar a los que en Guatemala actuaron y metieron a la cárcel al expresidente anterior, y los que ahora mismo mantienen bajo proceso de revocación de mandato a la presidenta de Brasil Dilma Rousef.
De lo que todos los aliancistas estuvieron seguros es de que no dejarán que el PRI y sus aliados aprueben ninguna de las 7 leyes secundarias.
Y acudirá incluso, señalaron, a la movilización social para impedirlo.
Confían en que en el Senado PAN y PRD y sus aliados de Morena, el PT y Movimiento Ciudadano son mayoría mientras que en San Lázaro PRI, PVEM y Panal son mayoría.
En este contexto, y en un caso extremo, PAN y PRD podrían aprobar en el Senado leyes que luego el PRI y sus aliados modificarían para sacar adelante otras muy diferentes en San Lázaro.
Por eso amenazaron: si el PRI usa su mayoría en San Lázaro para anular las leyes aprobadas en el Senado, entonces PAN y PRD pararían la aprobación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo predictamen ya está listo desde el jueves pasado, comentaron.
“En Mando Único ya hay un acuerdo. Estamos hablando de un modelo mixto, el acuerdo está cerrado”, adelantó Barbosa.
