Activistas proderechos humanos aseguran a Proceso que los videos del enfrentamiento entre militares y huachicoleros en Palmarito, Puebla, la semana antepasada, sólo evidencian la barbarie con la que actúa el personal castrense. Parece que se apegan a un guion: primero atacan, luego alteran el escenario y difunden su versión oficial. Sólo que en éste, como en los últimos casos, los videos grabados los delatan. ¿Qué falta para que la Corte Penal Internacional voltee los ojos hacia la tragedia humanitaria mexicana?, se pregunta uno de los activistas entrevistados.
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Por Gloria Teticia Díaz/ Proceso
Uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, todo ello seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas, pero sobre todo para deslindar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de las graves violaciones a derechos humanos, forman parte del patrón aplicado paso a paso en Palmarito Tochapan, Puebla, la noche del miércoles 3 de mayo.
Consultados por separado, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL); Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), analizan la videograbaciones sobre la incursión militar en el poblado de Palmarito Tochapan.
También hacen una revisión de los comunicados emitidos por la Sedena con relación al enfrentamiento con los huachicoleros, en el que cayeron cuatro militares y seis civiles, y la forma como fueron evolucionando. La comparación con los casos que han defendido, algunos de los cuales merecieron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es inevitable.
La primera reacción castrense fue la del comandante de la Sexta Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, quien durante los funerales de los soldados caídos habló de un “cobarde y vil ataque realizado por miembros de la delincuencia organizada al utilizar mujeres y niños como escudo”.
Cuando se divulgaron los videos en las redes sociales, la Sedena emitió un comunicado en el que cuestionó su autenticidad y emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) a verificarla una vez que intervino en el caso, ocho días después del enfrentamiento.
Hasta el viernes 12, la estrategia oficial consistió en difundir versiones atribuidas a mandos castrenses anónimos en el diario Reforma, según las cuales la ejecución extrajudicial de un civil por parte de un soldado “fue de motu proprio y no derivado de una orden superior”. La justificación fue que las tropas actuaron así porque estaban “bajo estrés”.
La controversia
Defensor a ultranza de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto declaró el jueves 11 con respecto a los videos: “No tengo nada que declarar. Habrá que hacerse la investigación correspondiente. Y eso es lo que ya ha señalado abiertamente la PGR y la propia Defensa Nacional”.
Los activistas de derechos humanos coinciden en que las tropas desplegadas en Palmarito, así como los mandos de la Sedena, actúan como si siguieran un guion, el mismo que han seguido en ocasiones anteriores y que las organizaciones civiles tienen plenamente identificado.
Aguirre Espinosa advierte: en los videos se observa “de manera muy gráfica la filmación en tiempo real del momento en que elementos del Ejército cometen una ejecución arbitraria”, pero también “un homicidio alevoso en contra de un elemento del Ejército que merece toda nuestra condena, todo nuestro rechazo y que debe ser también ser investigado”.
Apunta que los videos de Puebla se sumarían a otro divulgado de forma profusa sobre la tortura a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en el que participaron militares y policías federales.
“Parecería que es a través de estos videos, y no de investigaciones serias por parte de las procuradurías, como la sociedad mexicana está conociendo los alcances de las graves violaciones a derechos humanos que cometen las Fuerzas Armadas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico”, lamenta el abogado del Centro Prodh, organización que representó a una de las sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, en la que fallecieron 22 personas, de las cuales entre 12 y 15 fueron ejecutadas por elementos del 102 Batallón de Infantería de la Sedena, de acuerdo con la recomendación 51/2014 del ómbudsman nacional.
Según Aguirre, entre las similitudes que se advierten entre el caso Tlatlaya y el de Palmarito está el hecho de que en ambos hubo enfrentamientos previos y el sometimiento de civiles antes de que los militares procedieran a las ejecuciones arbitrarias y a las acciones encaminadas a ocultar los hechos.
El abogado resalta que si bien en el caso de Tlatlaya la falsedad de la versión oficial fue puesta en evidencia por la intervención de periodistas, que dieron voz a las víctimas sobrevivientes, lo cierto es que ello no significó el esclarecimiento del caso, pese a que el Centro Prodh documentó que los militares que actuaron tenían la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
El caso sigue impune, dice Aguirre. Y recuerda: “Hay una acusación por parte de la PGR, que tuvo sus limitaciones porque sólo formalizó cargos contra siete efectivos por el homicidio de ocho personas, lo que fue suficiente para que un juez dictara auto de formal prisión contra los presuntos implicados”.
Sin embargo, indica, “en apelación el magistrado de un Tribunal Unitario aplicó criterios francamente favorecedores –algo que nunca hemos visto en el caso de civiles–, lo que motivó la excarcelación de los militares. Eso le dejó a la PGR subsistente la posibilidad de investigar”.
En el caso de Palmarito, pese a que hay videos que registraron el tiroteo, el subdirector del Centro Prodh no se muestra optimista sobre el desenlace: “Hacemos un llamado desde el Centro Prodh para que no ocurra lo mismo en el caso de Puebla, aunque mucho tememos que el camino de la impunidad es el derrotero común que hoy siguen la gran mayoría de los casos de abusos militares en México”.
CDHNL: visión pesimista
El presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, quien ha defendido a víctimas de 26 ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, se expresa de manera similar.
El caso más reciente documentado por él también cuenta con un video. Se trata de la ejecución de ocho hombres que viajaban en una camioneta sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey el 3 de septiembre de 2016 (Proceso 2086). Un grupo de militares los persiguieron en varias patrullas militares y los ultimaron a balazos a plena luz del día.
Al ver las imágenes sobre los hechos ocurridos en Puebla, Ramos Vázquez evoca el caso que defiende: “En el momento en que se ve a un detenido boca abajo y que un militar le dispara a discreción en la cabeza, me ilustra cómo actuaron los soldados en el caso de los muchachos abatidos en Nuevo Laredo, porque uno de ellos que sale sin armas huyendo de la camioneta aparece boca abajo y con un disparo en la cabeza”.
En Nuevo León sólo uno o dos de los ocho militares implicados tuvieron sentencias mínimas. Ramos Vázquez vaticina que en Puebla el caso va a diluirse como si se tratara de un “error humano”.
“El Ejército tiene abogados que defienden al personal castrense implicado en casos como el del Palmarito; son muy hábiles para evadir la responsabilidad de la Sedena”, advierte.
Señala que en Tamaulipas hay 153 averiguaciones previas por ejecuciones arbitrarias, tortura, violaciones sexuales y desapariciones forzadas atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas, pero el delegado de la PGR, Miguel Ángel Campos Ortiz, se ha resistido a consignar. Ramos Vázquez asegura que hay una confabulación para proteger a los militares abusivos.
“Hay una complicidad entre Sedena y la PGR para que el menor número de militares sean procesados. Cuando llegan ante un juez es porque ya no se puede ocultar más la evidencia. Sin embargo, en el juicio (los abogados castrenses) suelen ablandar a los jueces para que consignen por homicidio culposo y no doloso. El propósito es que las penas sean mínimas, de 10 a 20 años, cuando esos crímenes ameritan de 30 a 50 años, y cerrar la pinza con uno o dos elementos. Nunca suben las sanciones a los superiores que ordenaron esas muertes, esos abusos”, resalta.
La CMDPDH, que dirige José Antonio Guevara, ha litigado decenas de casos de abusos que implican a militares y marinos; dos de aquellos –los de Jethro Ramsés Sánchez Santana y Jorge Parral Rabadán– fueron ejecuciones extrajudiciales.
“En uno de los casos –el de Parral–, los militares entierran el cadáver en una fosa común; en el otro hacen una inhumación clandestina al lado de una carretera y le echan ácido al rostro de la víctima para ocultar su identidad. Hay una intención de ocultar lo ocurrido, como lo vemos en los videos de Puebla, en los que los soldados destruyen las cámaras”, apunta Guevara.
Documentando la barbarie
Las imágenes difundidas en redes sociales el miércoles 10 evidenciarían claramente cómo han actuado las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años de “combatir al crimen organizado”.
“La CNDH ha emitido 77 recomendaciones en materia de ejecuciones cometidas por integrantes de la Sedena, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, lo que ha significado 338 víctimas. De las recomendaciones, 35 se dirigieron a Sedena y 10 a Semar. Eso es y ha sido la consecuencia de la política de seguridad del PAN y del PRI”, dice el activista.
Miembro del colectivo #SeguridadSinGuerra, Guevara destaca que de 2007 a 2014 las Fuerzas Armadas alcanzaron la “letalidad perfecta” en operativos de seguridad pública –que correspondían a la policía– en los que no hubo heridos entre los adversarios, sino sólo muertos.
Respuestas a solicitudes de información formuladas por la CMDPHD entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014 –último año en que las Fuerzas Armadas registraron decesos– indican que 3 mil 907 “agresores” murieron a manos de miembros de la Sedena, mientras 296 “delincuentes” fueron abatidos por elementos de la Semar.
Por la información que se ha allegado y las imágenes divulgadas sobre lo que ocurrió el miércoles 3 en Palmarito, Guevara sostiene: “Las Fuerzas Armadas nos han están mintiendo. Por lo menos en los 45 casos que han motivado recomendaciones de la CNDH, y en los que la respuesta inicial fue alterar la escena del crimen, y entorpecer una investigación adecuada y efectiva, no puede ocultarse el sufrimiento de la gente”.
Insiste en que el caso de Palmarito encuadra en “un patrón sistemático de asesinar personas como parte de una política de seguridad para demostrarle a la ciudadanía que la mano dura es eficaz porque están combatiendo el delito. Lo que estamos viendo es cómo están matando, asesinando a población civil indefensa”.
Advierte: los videos de Palmarito “gráficamente ayudan mucho a las organizaciones que defendemos este tipo de casos porque demuestran ante la sociedad que no estamos defendiendo a nadie que haya cometido un ilícito; simplemente queremos que haya justicia cuando los ilícitos los comete el Estado”.
Como director de la CMDPDH, Guevara mantiene comunicación permanente con la Corte Penal Internacional (CPI), de manera que su organización es una de tantas que ha pedido a ese tribunal internacional su intervención en México.
Señala que cada acto de barbarie que ocurre en el país es transmitido por la CMDPDH a la CPI, y se pregunta qué falta para que voltee los ojos hacia la tragedia humanitaria mexicana.
Y concluye: “No veo qué más necesite la CPI para abrir un examen preliminar sobre México para empezar a recibir información de primera mano sobre este tipo de situaciones y evidenciar la falta de voluntad de la PGR y del procurador (Raúl Cervantes Andrade) para llevar a juicio a quienes cometen este tipo de atrocidades”.
Fuente: Proceso
