De acuerdo con un reporte de Reforma, Duarte ordenó el desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que sería utilizado para las elecciones 2016 que perdió el PRI. Dicha tarea del desvió corrió a manos de Antonio Tarín García, ex director de Adquisiciones, y Gerardo Villegas Madriles, ex director de Administración.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, recibió moches en efectivo de los proveedores del Estado a través de contratos, algunos de ellos con sobreprecio, señalan investigaciones de la Fiscalía estatal.
Testigos protegidos y altos funcionarios de su Administración, como el excontralor Raúl Arturo Chávez, revelan una “estructura de corrupción” que permitió pagos inflados hasta de 400 por ciento en contratos cuya asignación era controlada por el mandatario, según la carpeta de investigación 19-2017-07029.
Con el nombre clave de T701/2017, un testigo colaborador que ocupó un alto cargo en el sexenio anterior explicó el funcionamiento de las operaciones e identificó a Sergio Medina y Antonio García Tarín, exdirectores de Adquisiciones, como los operadores clave de Duarte.
“Algunas veces el operador intermediario con altos sobreprecios entregaba un porcentaje o montos determinados directamente al exgobernador y sus cercanos.
“En los casos de empresas creadas para generar facturación sin servicios (empresas fantasmas), éstas operaban en su recuperación de manera directa por el director general de Administración y su equipo más cercano. El mecanismo de cobranza se realizaba a través de los diversos operadores externos señalados, y la entrega de recursos en efectivo eran trasladados y entregados al exgobernador y su grupo cercano”, dijo el testigo.
El mismo testimonio señala a Duarte de ordenar un desvío de 250 millones de pesos desde las secretarías de Hacienda y Educación para el proceso electoral de 2016, en el que el PRI perdió la gubernatura.
Raúl Arturo Chávez Espinoza, quien fue secretario de la Contraloría, afirmó que la Administración pasada exigió validar el pago a proveedores con precios cuatro veces superiores al promedio del mercado.
Fue el caso de un contrato de software denominado Sistema Integral de Trámites y Movimientos del Personal del Subsistema Estatal, por el que se pagaron 90 millones de pesos, cuando su valor real es de 15 millones, según documentos de la acusación.
Además, los testimonios refieren que el Gobierno de Duarte trató de blindar los contratos irregulares de su Administración para evitar problemas legales al término de su periodo, mediante la contratación de un servicio de asesoría para regularizar la documentación de los gastos, sin embargo éstos son hoy materia de acusaciones penales.
Fuente: Reforma
