Tres años después de que Gisela Peraza Villa fue encarcelada, torturada y acusada de robar dinero y joyas a la familia del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se encuentra como al principio: acusada sin pruebas y en espera de que termine el sexenio del mandatario estatal, pues tanto ella como su familia consideran que ése es el plazo para que salga de prisión.
Por Silvia Núñez Esquer/ CIMAC
A casi un año de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera al gobierno estatal la recomendación 54/2013 por la tortura a la que fue sometida Gisela por elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) a fin de obtener su confesión, el proceso se ha repuesto pues estaba plagado de irregularidades.
Padrés y su esposa acusaron a Peraza Villa de robar 450 mil pesos en efectivo y 250 mil en joyas.
Sin haber acreditado una sola de las acusaciones, a Gisela se le dictó sentencia de cuatro años de prisión, sin ningún beneficio y sin derecho a fianza.
La sanción quedó sin efecto por apelación y se ordenó la reposición del proceso judicial dadas las anomalías en las que incurrieron principalmente los elementos de la PEI que dependen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.
El pasado 19 de junio Gisela fue trasladada a San Luis Río Colorado, Sonora, en la frontera con Estados Unidos, a 804 kilómetros de Hermosillo, la capital del estado.
No hubo explicación alguna del traslado y sólo ante la insistencia de la familia se dijo que “por su seguridad” (de Peraza Villa). Para el pasado 19 de septiembre, tres meses después, le informaron que se concedió el amparo que interpuso por lo que la traerán en cualquier momento al Centro de Readaptación Social Femenil (Cereso) de Hermosillo.
En la recomendación de la CNDH del 31 de octubre de 2013 quedó asentado cómo y quiénes torturaron a Gisela Peraza con el fin de que se confesara culpable del delito de robo. No obstante, ella ha sostenido que desconoce el supuesto robo en la casa del gobernador de Sonora.
Empleada de toda la confianza de la familia Padrés Dagnino, Gisela Peraza Villa vivió arraigada en un hotel local, sin atención médica pese a presentar signos de haber sido golpeada, pateada, y violentada psicológicamente al igual que el encargado de la seguridad de la Casa de Gobierno, con quien supuestamente cometió el delito.
La CNDH establece que intervino en el caso ante la queja de la familia, pues su homóloga, la Comisión estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), había determinado que no hubo tortura.
Aunado a lo anterior, la CNDH describe en su recomendación cómo encontrándose en el penal de Huatabampo, Sonora, el 22 de septiembre de 2011, para entrevistar a personal y a la interna Villa Peraza, la directora del mismo en forma violenta retiró a los visitadores y les arrebató la cámara de video con la que grababan los testimonios.
PESADILLA
El arraigo de Gisela terminó el 2 de junio de 2011; luego fue trasladada al Cereso Número 1 de Hermosillo donde permaneció dos días y fue golpeada.
En entrevista, Delma Peraza Villa, hermana de Gisela, contó que en esos días la dejaron sin su vestimenta, sin zapatos y le dieron ropa trozada que no era de ella.
Las autoridades carcelarias no permitieron a la familia ver a Gisela, pues ella “necesitaba adaptarse al Cereso”, según les dijeron.
Luego la familia supo que Peraza Villa había sido llevada al penal de Huatabampo. Entonces sus familiares recordarían la sentencia que la señora Padrés le dijo a Gisela cuando ocurrió la retención inicial (ilegal, según la CNDH) en la Casa de Gobierno: “Te voy a mandar a la cárcel más lejana para que no te puedan ir a visitar”.
En su recomendación la CNDH estableció: “(Gisela Peraza Villa) sufrió una retención ilegal, toda vez que no fue puesta a disposición de la autoridad ministerial hasta aproximadamente ocho horas después de su detención”.
Un año después y otra vez sin explicación alguna fue trasladada al Cereso Número 1 de Hermosillo, al tiempo que se le dictó sentencia de cuatro años de prisión por el delito de robo simple.
El pasado 19 de junio fue llevada al penal de San Luis Río Colorado, de lo cual la familia se enteró por una compañera interna que les soltó: “Se llevaron a tu hermana”.
Según dijo la familia, ese día Gisela iba a ser visitada por la CNDH. Consideraron que fue trasladada para impedir que hablara con los visitadores del organismo. La sentencia de cuatro años de prisión coincide con el término del sexenio del actual gobernador de Sonora.
Al jefe de seguridad de la Casa de Gobierno, Roberto Munro, le han tomado tres declaraciones. En la primera dijo que ambos robaron el dinero; en la segunda que fue él solo, y en la tercera que ninguno de los dos robó, pero que confesó presionado por la tortura.
Ahora, por recomendación de la CNDH, Gisela recibe terapia psicológica. La familia ha hecho gastos que no haría en toda su vida para poder apoyar a su hermana.
Son tres los abogados que han llevado el caso, pues los dos primeros recibieron amenazas para que dejaran el caso. Por todo eso, Gisela ha concluido: “Yo no voy a salir de aquí mientras el señor (Guillermo Padrés Elías) no salga del gobierno”.
Fuente: CIMAC Noticias
