Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa irrumpieron en el cuartel del 27 Batallón de Infantería para exigir la apertura de esta base castrense a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes investigan el caso.
Los manifestantes retiraron una barricada, abrieron la reja del acceso principal y enseguida un soldado intentó cerrar la puerta y se desató una confrontación que se prolongó durante 15 minutos.
Al menos un centenar de soldados que portaban equipo antimotín formaron una barrera para impedir el paso de los inconformes al cuartel y disuadieron la protesta lanzando gas lacrimógeno.
El hecho registrado este mediodía no pasó a mayores y los padres de los normalistas desaparecidos se retiraron en marcha rumbo al zócalo de Iguala, lanzando consignas contra el gobierno federal y el Ejército.
Al respecto, exigieron al gobierno federal y las autoridades castrenses que permitan a los miembros del GIEI interrogar a los militares vinculados con la desaparición de los jóvenes estudiantes.
Sobre el incidente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en un comunicado que las personas concentradas frente al cuartel militar –que se identificaron como normalistas y familiares de los alumnos desaparecidos– arrojaron piedras y cohetones al interior de las instalaciones, además de derribar parte de la reja de la puerta principal sin lograr ingresar.
“Durante el evento no se registraron personas heridas ni lesionadas y la participación del personal militar fue para salvaguardar la integridad física del personal militar y de sus familias, así como de las instalaciones militares, apegando su actuación en todo momento a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas y con estricto apego y respeto a los Derechos Humanos”, precisa la versión de la Sedena.
El comunicado agrega que de estos hechos tomaron nota el agente del Ministerio Público del Fuero Común y un agente del Ministerio Público Federal, así como como un observador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El 29 de junio pasado los integrantes del GIEI denunciaron que hasta el momento no han podido reunirse con elementos del 27 Batallón de Infantería para conocer las acciones que realizaron durante la masacre y desaparición de los 43 normalistas.
Durante la presentación de su cuarto informe preliminar, los especialistas contratados por la CIDH reclamaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha respondido a la petición de entrevistarse con soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.
Fuente: Apro
