Aunque dejen el País, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtieron que la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa apenas comienza y advitieron que ” la dificultad más grave es superar el “pacto del silencio”, sobre todo “si está involucrado o podría estar involucrado el Estado, o algunos funcionarios o el régimen del Estado, de ahí que van a cerrarse algunas puertas en términos de complicidad en algunos casos, y en otros en términos de incredulidad”.
A poco más de una semana de que termine el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las expertas Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz advirtieron sobre la urgencia de continuar las indagatorias para determinar el destino final de los jóvenes, ante las evidencias científicas de que no fueron calcinados en el basurero de Cocula.
Al participar en la conferencia “Ayotzinapa y el GIEI. Balance y lecciones”, organizado por El Colegio de México, las abogadas subrayaron los aportes y algunas limitaciones del grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la indagatoria sobre la desaparición forzada ocurrida en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Buitrago, exfiscal de Colombia, señaló que por las implicaciones del caso, en el que participaron agentes del Estado, la verdad no se conocerá pronto, sobre todo cuando se insiste en asuntos ya descartados.
“Para encontrar la verdad esta es una investigación que apenas comienza, y lo quiero decir categóricamente, porque cuando tenemos niveles de oscuridad u opacidad, que no hemos logrado resolver, el tema en particular es muy complejo, pero sobre todo cuando se ha querido volver, en determinados momentos, a regresar a eventos que ya la ciencia y las pruebas se han descartado”, dijo Buitrago.
Al señalar que tiene “la convicción y la esperanza” de que la investigación continuará, advirtió que la conclusión “no será en seis meses ni en tres”, y que dentro de la PGR quienes pueden impulsarla son “algunos buenos funcionarios”.
También dijo que durante el tiempo de existencia del GIEI advirtió que esos funcionarios se enfrentaron a las mismas limitaciones que los expertos independientes, por lo que “pueden ser esas las personas que tengan en sus manos el futuro de esta investigación; los demás allá con sus conciencias”.
Más allá del formalismo de la investigación, Buitrago consideró que es “a la sociedad mexicana a la que le compete seguir pidiendo que se investiguen estos hechos, porque no sólo son 43, es un país” el afectado.
La experta señaló que en casos como el de Ayotzinapa la dificultad más grave es superar el “pacto del silencio”, sobre todo “si está involucrado o podría estar involucrado el Estado, o algunos funcionarios o el régimen del Estado, de ahí que van a cerrarse algunas puertas en términos de complicidad en algunos casos, y en otros en términos de incredulidad”.
Por experiencia, dijo que en crímenes de lesa humanidad, como sería el caso Ayotzinapa, “se crean acuerdos tácitos y se polarizan las sociedades; estos pactos de silencio pueden ser dolosos –‘saben qué paso y nos vamos a callar’–, estos pactos de silencio pueden ser ingenuos –‘en mí Estado no existe eso’– y hay pactos de silencio por desidia, no les interesa saber qué paso”.
La exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz consideró que el aporte del GIEI al caso fue reabrir la indagatoria, toda vez que cuando llegaron a México se encontraron “con una investigación que estaba prácticamente cerrada”, en la que la PGR ya tenía una teoría del caso, que los estudiantes habían sido confundidos con miembros del cártel de Los Rojos por integrantes del cártel rival, Guerreros Unidos, y que por ello fueron quemados en el basurero de Cocula.
Además, apuntó, el GIEI sirvió de “puente de comunicación entre los familiares de las víctimas, las autoridades y las instituciones”, ya que cuando llegó “había un escenario muy difícil en la relación entre los padres y las madres, los familiares y los sobrevivientes y las instituciones estatales, en ese momento las relaciones estaban rotas”.
Otro aporte fueron las búsquedas, señaló, porque en marzo de 2005 cuando llegaron eran “reactivas, a partir de una información se montaba un operativo, pero que no respondía a una planificación, a información contrastada ni tampoco se hacía en una colaboración como debería haber sido entre autoridades y familiares”.
Al señalar que ahora ya existe un método de búsqueda, y que se realizaron exploraciones de diciembre de 2015 al 17 de abril pasado, Paz y Paz insistió en que deben continuar las acciones para la localización de los jóvenes, ya que aún no se sabe qué ocurrió con los 43.
“Al día de hoy el destino final de los hechos es un hecho que no se encuentra esclarecido, para nosotros no fueron incinerados en el basurero de Cocula, se debería continuar la investigación para el esclarecimiento total de estos hechos, pero también continuar la búsqueda”, dijo la exfiscal guatemalteca.
Luego reconoció que la intervención del GIEI permitió “visibilizar la violencia” durante esa fatídica noche de septiembre de 2014; evidenciar que no hay pruebas para vincular a la Normal de Ayotzinapa ni a sus estudiantes con el crimen organizado; advertir que los jóvenes ocuparon un quinto autobús, algo que fue descartado de las indagatorias; que ese camión podría haber estado cargado de enervantes o dinero, que iban a trasladarse a Chicago, y que hechos como los sucedidos, frente a corporaciones policiacas, se “necesita de un enorme esfuerzo de coordinación”.
Después de un año de investigaciones, para la exfiscal guatemalteca no cabe duda que para mejorar el trabajo de las instituciones de procuración de justicia “hay que partir de una transformación profunda del sistema de justicia mexicano”.
También advirtió que “un sistema escrito formalista secreto basado en las declaraciones de los imputados y que no incorpora pruebas científicas, que es el sistema que está vigente para la justicia federal, no es el sistema de justicia idóneo para esclarecer casos tan graves como el de los 43 estudiantes”.
En el acto, moderado por el historiador Sergio Aguayo, la diplomática Olga Pellicer y el sociólogo Manuel Gil Antón reconocieron que la mejor contribución del GIEI fue contradecir con elementos científicos la “verdad histórica” y evitar que el gobierno de Enrique Peña Nieto cerrara el caso.
Pellicer advirtió que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marcó al gobierno de Peña Nieto, y llamó la atención internacional, tanto que la aspirante demíocrata a la Presidencia estadunidense, Hillary Clinton, expresó su indignación por el caso, y la primer ministro alemana Ángela Merkel ofreció ayuda para esclarecer el crimen.
Tras convocar a los asistentes a brindar un aplauso a las expertas, Gil Anton insistió en que el éxito del GIEI consistió en “cortarle la mirada narcisista al gobierno mexicano, que viéndose al espejo creía que todo estaba resuelto”.
Fuente: Proceso
