Por John M. Ackerman
El “Pacto por México” promovido por Enrique Peña Nieto busca reemplazar los necesarios debates públicos sobre el futuro de la nación por negociaciones tras bambalinas entre los mismos políticos de siempre. El nuevo presidente quiere evitar a toda costa someter sus propuestas al debate parlamentario o a la deliberación ciudadana. Pretende retornar a los tiempos del partido de Estado hegemónico en que el presidente de la República mandaba como un rey y los demás políticos levantaban sus dedos en anuencia, o “se atenían a las consecuencias” de su rebeldía.
Ninguno de los personajes que hoy negocian el pacto ha sido elegido por medio de una votación democrática, universal y directa. Si bien Gustavo Madero, Jesús Zambrano y Pedro Joaquín Coldwell fueron “elegidos” por sus partidos como dirigentes, ninguno de los integrantes de la mesa de negociación ocupa hoy un puesto de elección popular. Juan Molinar Horcasitas, José Murat, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Ortega, Carlos Navarrete y Santiago Creel son funcionarios del gobierno federal o simples náufragos de la política en busca de nuevas chambas a costa del erario. Ninguno cuenta con una representación ciudadana. Todos responden a sus jefes políticos.
El nuevo pacto PRIANRD tampoco cuenta con participación social. No se ha convocado a la presentación de propuestas de la sociedad ni se han compartido con la ciudadanía los borradores o documentos de trabajo. El pacto es un documento negociado por políticos de dudosa trayectoria, sin liderazgo social y de espaldas a la ciudadanía. No podemos esperar nada bueno de ello.
La accidentada presentación en sociedad de la mesa de negociación el jueves pasado fue un clásico ejemplo de un “acto fallido” o, en este caso, un “pacto fallido”. Sigmund Freud desarrolló la teoría del “acto fallido”, o “desliz freudiano”, para entender el sentido profundo que muchas veces tienen nuestras equivocaciones supuestamente accidentales. Por ejemplo, el extravío de las llaves del coche podría deberse no a un simple lapsus, sino a un deseo inconsciente de quedarse en casa. O llamarle a alguien por un nombre equivocado podría en realidad implicar el deseo de que esa persona sea alguien diferente.
De la misma manera, la llamativa ausencia del texto del pacto el jueves 29 ayudó a desnudar la verdadera naturaleza del acuerdo. Los discursos absolutamente vacuos y carentes de visión política evidenciaron que el esfuerzo no busca impulsar ideas o propuestas para mejorar el país, sino simplemente repartir mejor el botín del poder entre los mismos de siempre.
Los comentarios de Jesús Zambrano fueron particularmente reveladores. En lugar de ofrecer ejemplos concretos de la visión de “izquierda” que impulsa su partido en la mesa de negociación, se limitó a pronunciar frases grandilocuentes sobre la necesidad de “escribir un nuevo capítulo” y de “elevar nuestra mira”. Quedó claro que su objetivo como negociador no es defender una agenda de transformación social, sino conseguir posiciones y prebendas para sus amigos y aliados.
Asimismo, sin que se lo pidiera nadie, Pedro Joaquín Coldwell dio la explicación de que el PRI de Peña Nieto “no es un PRI que esté viendo hacia la regresión ni hacia la restauración de un sistema político que se ha agotado”. Lo único que hace el ahora secretario de Energía es reconocer y validar esta fundamentada impresión, compartida cada vez por más mexicanos, sobre el nuevo gobierno federal.
Al querer darle la vuelta al Congreso e ignorar a la ciudadanía, Peña Nieto no hace más que repetir el mismo modelo político que utilizó cuando era gobernador del Estado de México. Allí logró la “unidad” política a partir de un coctel de “incentivos” y amenazas, comprando y amedrentando a la clase política local, desarticulando las organizaciones sociales independientes y domesticando a los medios de comunicación. Así, construyó el contexto de impunidad y descontrol necesario para que él, Videgaray y su camarilla pudieran gobernar sin rendirle cuentas a absolutamente nadie.
Estrategias similares fueron utilizadas por el ahora secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el próximo procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, cuando se desempeñaron como gobernadores de Hidalgo. El maestro Miguel Ángel Granados Chapa nunca se cansó de exhibir las redes de complicidad, autoritarismo y corrupción de la retrógrada forma de hacer política en su estado natal.
No es coincidencia que Peña Nieto, Emilio Chuayffet , Osorio Chong y Murillo Karam, los cuatro hombres fuertes del nuevo gobierno, son exgobernadores de entidades federativas que aún no han experimentado una alternancia política. El PRI, y sus antecedentes, ha gobernado sin relevo alguno desde hace más de 80 años en ambos estados. Lo mismo es el caso respecto a Pedro Joaquín Coldwell, quien fue gobernador de Quintana Roo, otro estado que aún no ha experimentado una alternancia al nivel del Ejecutivo estatal.
Veracruz y Coahuila, también gobernados por grandes amigos de Peña Nieto, son otros dos destacados ejemplos de entidades que han sufrido los estragos de la falta de la alternancia. No debería sorprendernos si Rubén Moreira y Javier Duarte terminaran incorporándose al gobierno federal incluso antes de que terminen sus mandatos. Humberto Moreira y Fidel Herrera seguramente ya están en camino. Los exgobernadores de Tamaulipas quizás también encuentren espacios lucrativos en la nueva administración. La conquista del gobierno federal por los nuevos dinosaurios feudales del PRI será completa.
Un nuevo pacto auténticamente social tendría que construirse de “abajo” hacia “arriba”, y no a la inversa. También tendría que incorporar de manera central y protagónica a la voz de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Son los integrantes de las nuevas generaciones los que deberían trazar el camino hacia el futuro, no los representantes de una clase política caduca y corrupta.
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