Compra de votos, propaganda disfrazada de publicidad o incluso sublevación de presidentes municipales que otorgan dádivas al electorado, son algunos de los problemas que se han detectado en los 14 estados en que habrá elecciones el 7 de junio. Con la participación de los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD y encabezado por el secretario de Gobernación, el consejo rector del Pacto de México convocó a los 14 gobernadores para suscribir un acuerdo de blindar las elecciones locales. Y también se acordó no suspender los programas sociales “a fin de atender a la gente desprotegida”.
Sin que uno solo de los asistentes subiera el tono de voz, dirigentes de partidos políticos y gobernadores se encerraron ayer a intercambiar acusaciones.
Convocados por el Consejo Rector del Pacto por México, al encuentro asistieron gobernadores de 14 entidades del país donde se llevarán a cabo elecciones el próximo 7 de julio.
A menos de tres meses de que se celebren los procesos electorales, los gobernadores de todas las entidades ahí representadas expresaron el estado en que se encuentran las localidades y coincidieron en que todas presentan algún tipo de problemática relacionada con compra de votos, restricciones de programas sociales, propaganda disfrazada de publicidad o incluso sublevación de presidentes municipales que otorgan dádivas al electorado.
Por ello, los gobernadores junto con las dirigencias del PRI, PAN y PRD, así como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acordaron blindar el próximo proceso electoral, pues reconocieron que, de haber una falla, ésta impactaría de alguna manera al Pacto por México.
Jesús Ortega Martínez, asistente a la reunión, explicó las principales medidas específicas acordadas para blindar los procesos electorales del 7 de julio:
–Darle seguimiento a las acciones de los presidentes municipales o funcionarios que están encargados de los programas sociales para evitar que incurran en violaciones a las leyes electorales.
–Realizar permanentes reuniones de gobernadores con los presidentes de partidos estatales.
–Envío de agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a las entidades del país.
–Los gobernadores hablarán con el notariado nacional para que los representantes de cada partido en las entidades puedan realizar actos que requieran de la fe pública de éstos.
–Comunicación directa cada vez que se requiera entre gobierno y partidos y presentación de las denuncias correspondientes en caso de que sea necesario.
–Que los programas sociales se entreguen sin condicionamientos electorales.
Tres horas y media sirvieron para que cada uno de los gobernadores invitados expusiera su punto de vista en torno a las elecciones y el uso de programas sociales.
La reunión comenzó con un retraso de 40 minutos y algunos llegaron como pudieron, como Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, que arribó al hotel de Polanco en motocicleta. Otros prefirieron no aparecer con los medios como el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien prefirió las escaleras de emergencia para llegar directamente al salón.
Algunos fueron preparados, como Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, quien antes de que iniciara la reunión, llegó con varias carpetas que entregaría a los asistentes y mencionó que ya se habían integrado 35 denuncias diversas en todos los estados con carpetas que daría a cada uno de los asistentes para que conocieran de los casos documentos con irregularidades.
Al término de la reunión, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdéz, resumió el sentir de los mandatarios: “Los gobernadores de los estados distinguen el enorme beneficio que tiene el Pacto por México y los logros que se han construido a través de él, por lo que no seremos quienes lo pongamos el riesgo. Nos sumamos a este mecanismo y respetamos el adéndum”.
En esa reunión también se reconoció que debían resolverse las diferencias pues reconocieron que una fractura entre ellos impactaría de manera negativa al Pacto por México.
César Camacho Quiroz, dirigente nacional del PRI y presidente en turno del Consejo Rector del Pacto por México, mencionó que se enfrentarán a la dureza de la ley a quien incumpla con el blindaje electoral.
En la reunión que calificó de inédita, Camacho Quiroz aseguró que todos alguna vez han sido oposición y bajo esa premisa, que debe existir “buena fe” y “disposición” para procesar los asuntos que fueron denunciados, algunos con un giro jurídico.
Y todos se refirieron al adéndum que se firmó el pasado 7 de mayo, el cual consideraron debe respetarse.
El priísta dijo que hubo un acuerdo de no suspender los programas sociales a fin de atender a la gente desprotegida, pero plantearon tener una comunicación fluida entre dirigentes partidistas y gobernadores.
Fuente: Animal Político
