Por Claudia Sheinbaum Pardo /I
Hace unos días, Alfonso Cuarón, cineasta mexicano ganador del Oscar, hizo públicas 11 preguntas (10 primero y una después) al gobierno mexicano, sobre la reforma energética. El gobierno ofreció respuestas que tan sólo redundan en lo que ha sido el discurso oficial. Como ciudadana dedicada desde varias décadas al estudio del tema energético, me permito ofrecer, en esta y dos entregas posteriores, otras respuestas, con el fin de abundar en el debate.
¿Bajarán los precios de los combustibles y la electricidad?
Los precios de la electricidad, la gasolina y el gas LP, que son las fuentes de energía más utilizadas por los mexicanos, no se espera que vayan a disminuir, por las siguientes razones: a) De acuerdo con el gobierno mexicano, las principales tarifas eléctricas residenciales y los precios del gas LP y las gasolinas están subsidiados. Uno de los fines explícitos de la reforma energética es quitar los subsidios. b) La principal razón de los altos costos de la electricidad en México es la contratación sumamente onerosa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con generadores privados de electricidad y con suministradores de gas natural. Esos contratos van a permanecer por décadas, independientemente de la reforma, manteniendo los grandes costos a CFE, quien va a seguir dotando de electricidad a los usuarios residenciales y comerciales.
Para los únicos que las tarifas de electricidad pudieran llegar a disminuir, porque generarán su propia electricidad o la compraran con otros privados, es para los grandes industriales. c) El precio de la gasolina está fijado por el precio internacional del petróleo, no por la libre competencia nacional. No se espera que en las próximas décadas haya una disminución del precio del petróleo, y en todo caso si la hubiera, no se requeriría de inversión privada para disminuir los precios. d) La apuesta del gobierno mexicano al incremento en la producción de gas natural a través del shale gas generará altos costos ambientales, que en algún momento se verán reflejados en las tarifas del gas.
2. ¿Cómo atender las afectaciones al medio ambiente?
La reforma energética generará grandes riesgos ambientales, que en México se agravan por la corrupción de los funcionarios de las instituciones gubernamentales encargados de otorgar permisos y de supervisar las operaciones.
Uno de los mayores problemas es la apuesta del gobierno mexicano a la explotación masiva del shale gas. La fractura hidráulica o fracking, método que se usa para la extracción de este combustible, requiere entre 11 y 19 millones de litros por pozo. En perspectiva, el agua para 100 pozos sería más o menos equivalente al suministro para una población de 20 mil habitantes en un año (de acuerdo con la propia Secretaría de Energía, en Estados Unidos, en 2012, se perforaron 9 mil 100 pozos de shale gas). Además, para el fracking el agua se mezcla con agentes tóxicos, que tienen el riesgo de contaminar acuíferos. Otros problemas de la explotación de este gas son las fugas y emisiones de metano a la atmósfera, así como sismos adjudicados a su explotación. Estos riesgos han hecho que países como Francia o regiones de Estados Unidos hayan impuesto una moratoria al fracking, hasta no conocer los alcances de los impactos ambientales.
Otra actividad que promueve la reforma energética y que conlleva riesgos ambientales es la explotación de petróleo en aguas profundas. Fuimos testigos del accidente de BP en el Golfo de México, con consecuencias ambientales que aún no han sido hechas públicas.
Finalmente, está el gran tema del cambio climático. México es el decimotercer país del mundo en la contribución de gases de efecto invernadero, que están provocando la elevación de la temperatura de la superficie del planeta. En la gran mayoría de los países del mundo, el tema central de la política energética y ambiental es cómo reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), que son los principales causantes del mayor problema ambiental al que se enfrenta la humanidad. Mientras tanto, el objetivo principal de la reforma energética en México es aumentar la producción de petróleo crudo (explícitamente se habla de elevar la producción de 2.1 a 3 millones de barriles de petróleo crudo diario) y deshale gas. Es decir, el gobierno mexicano es muy bueno para hablar en los foros internacionales sobre el cambio climático y pésimo para comprometerse con una política energética que sea compatible con los objetivos ambientales del país y del planeta.
En entregas posteriores abundaremos sobre las otras preguntas.
Fuente: La Jornada
