La joven, de 22 años y natural de San Luis Potosí, apareció en la prensa local como una asesina aunque ni siquiera tienen pruebas en su contra
Por Paula Chouza/ El País
En julio de 2009, cuando acababa de cumplir 18 años, Hilda ingresó en un hospital público de San Luis Potosí con una fuerte hemorragia. Según su propio testimonio, la doctora se negó a atenderla si ella no le explicaba antes qué había ocurrido. Bajo presión y a riesgo de no recibir los cuidados médicos, la joven confesó un aborto. “Ella me dijo que aquello era un delito y debía dar parte”, confiesa en un documental elaborado hace unos meses. Pese a no hallar pruebas en su contra, la joven fue condenada en 2012 a un año de cárcel, aunque nunca llegó a ingresar en prisión porque recurrió. Este viernes, 2 de agosto, cuatro años después del suceso, Hilda se enfrenta a una nueva audiencia para apelar la sentencia.
Como ella, 151 mujeres han sido sometidas a proceso penal por aborto en México desde 2007, según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). La organización ha denunciado reiteradamente que la criminalización de la mujer es el patrón de comportamiento de las autoridades en muchos Estados de la República. La interrupción voluntaria del embarazo es una práctica penada -si no es por violación o riesgo para la salud de la madre, según cada legislación- en todas las entidades federativas del país a excepción del Distrito Federal.
En el caso de Hilda, no hubo tiempo de hablar con la familia. La doctora de la clínica llamó a la trabajadora social para que hiciera la denuncia ante el Ministerio Público y cuando aún permanecía ingresada en el hospital recuperándose fue custodiada por la policía. “Me llevaron a comisaría, me tomaron fotos y me hicieron muchas preguntas”. Unas horas después las autoridades la dejaron libre porque no había pruebas que demostraran que la joven se hubiese provocado un aborto. “Al día siguiente el diario local El Mañana de Valles llevaba su foto en la contraportada tachándola de asesina, contaban que se había tomado una pastilla”, asegura la abogada encargada del caso, Itzel Silva. “Ella es una mujer fuerte, pero esta exposición pública sí le afectó”,cuenta. “Hubo una filtración de sus datos personales, el domicilio, la imagen. Fue una violación de su privacidad”.
Acusada por el Ministerio Público, en julio de 2012 la joven volvió a ser detenida y fue encerrada durante 24 horas hasta que pagó una fianza de 3.000 pesos (233 dólares). El pasado 5 de abril, el juez Miguel Ángel Ramiro Díaz dictó sentencia condenatoria en su contra, con una pena de un año de cárcel y una sanción de 1.039 pesos (81 dólares), explica la abogada: “Apelamos la sentencia para que la revisara una instancia superior”. Silva espera que el caso se resuelva en dos o tres semanas, aunque explica que todavía existe un recurso jurídico más.
Entre los argumentos principales de la defensa, está que la confesión de Hilda es un acto de violación al derecho a no ser sometida a tratos o penas crueles o degradantes en entornos de atención de la salud, tal como expone el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Juan E. Méndez. “Si no hay pruebas, no tiene por qué aceptar una condena violatoria de sus derechos”, recalca Silva.
En el filme documental ‘Viva México’, de Flavio Florencia, presentado hace unos meses en el Distrito Federal y que el Grupo de Información en Reproducción Elegida está llevando a ahora a los distintos territorios del país Hilda aparece de la mano de su hija, una niña que ronda los tres años de edad. “Sí me trataron mal, el servicio médico, la trabajadora social…”, relata. La joven actualmente tiene pareja e intenta salir adelante. “Quiero estudiar, ser alguien en la vida”. Algo sin duda, mucho más fácil, cuando deje atrás toda esta pesadilla.
Fuente: El País
