El saqueo de combustible de Pemex en cantidades industriales comenzó en Tamaulipas y así continúa, sobre todo en la zona noreste. Lo realizan el crimen organizado, líderes de secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y “empresarios” del transporte público de la zona metropolitana de Monterrey, confía a Proceso un teniente coronel de la Cuarta Región Militar retirado.
“El robo de combustible en Tamaulipas es al mayoreo. En estados como Puebla o Guanajuato es al menudeo, realizado por bandas criminales”, afirma el oficial, quien participó en operaciones de Fuerzas Especiales contra el Cártel del Golfo y Los Zetas y ahora es consultor para empresas internacionales de seguridad privada como Kroll International o Crisis Group.
El militar, quien habla con la condición de no publicar su nombre, dice que el 80% de los combustibles que se consumen en México son comprados principalmente a empresas de Estados Unidos y que una gran parte entra al país por la frontera de Texas a través de ductos que se conectan con la central de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, para continuar hasta la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y a la de Ciudad Madero, desde las cuales se distribuyen al resto del país.
“En ese trayecto se roba los combustibles en gran escala. Hay que recordar que Altamira ha sido por muchos años la región con el mayor número de tomas clandestinas”, indica.
Las pipas de Los Zetas
A decir de la fuente, los antecedentes del robo de combustible a gran escala fueron, por una parte, la detención en Estados Unidos de cuatro ejecutivos de empresas que compraban gasolina robada en México, y por la otra, la desaparición de unos 40 miembros del STPRM, entre ellos el poderoso líder de la Sección 49 en Cadereyta, David Vega Zamarripa.
Ésta ocurrió en mayo de 2007. Por esos días también desaparecieron 38 miembros del sindicato en esa ciudad nuevoleonesa. Según información de la Sección Segunda de la Cuarta Región Militar, las víctimas se dedicaban a saquear bienes de Pemex y a robar combustibles de la refinería. Cuando llegaron a la región Los Zetas, encabezados por Iván Velázquez Caballero, El Talibán, les propusieron trabajar para ellos. Como se negaron, los mataron y se quedaron con su negocio.
Hasta la fecha se desconoce el destino de los cuerpos de Vega Zamarripa y los otros petroleros.
Para finales de 2007, el Cártel del Golfo y Los Zetas ya contrabandeaban gasolina robada a empresas de Texas. Según investigaciones del FBI en Estados Unidos, esta situación se prolongó casi dos años. El carburante se introducía por la ciudad de Brownsville en camiones cisterna color plata y marcados con una Z roja.
Según las autoridades estadunidenses, los compradores eran las firmas Continental Fuels y Valley Fuels, quienes realizaron este tipo de operaciones por más de 2 millones 400 mil dólares. Cuatro de sus directivos fueron detenidos y enfrentaron un juicio en la Corte del Distrito Sur de Texas.
“Registros de la Corte Federal que se revelaron esta semana muestran que Tim Brink, CEO de Continental Fuels, fue acusado de conspiración para adquirir petróleo que funcionarios mexicanos creen que fue robado a Pemex por Los Zetas, un cártel que desde entonces se separó del Cártel del Golfo y entró en nuevas líneas de actividad delictiva”, publicó en ese entonces el diario Houston Chronicle.
La fuente relató que Los Zetas y el Cártel del Golfo no tuvieron problemas para que las mafias sindicales de las secciones 1, 3, 36 y 49 del STPRM se asociaran con ellos en el robo de combustibles.
La sección blindada
Debido a la relación de los dirigentes sindicales con el Cártel del Golfo, que controla el sur de Tamaulipas, las oficinas de la Sección 1 de Ciudad Madero tienen cristales blindados y cuentan con tres salidas secretas para que sus líderes escapen de posibles atentados, afirma el militar retirado a este semanario.
Señala que “el hombre fuerte” en Altamira sigue siendo el jefe de la Sección 3 del STPRM, Juan Silva Villanueva, quien ha sido regidor dos veces, director de Turismo, cuatro, y en siete ocasiones titular de dicha sección.
También funcionarios de alto nivel de Pemex participan en el robo de combustible. Uno de los principales señalados es el titular de la Coordinación de Transporte y Distribución de Hidrocarburos en Altamira, quien actúa en complicidad con varios de sus subordinados.
Además se ha detectado el robo de contenedores del puerto, así como el saqueo de plástico y polipropileno en las plantas de la empresa Alfa en el puerto de Altamira.
Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, los robos al transporte de carga en Tamaulipas aumentaron 197% en los años recientes, con un promedio superior a 250 robos anuales.
Por su parte, análisis del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas muestran que la mayoría de los asaltos con violencia en carreteras se cometen a la salida de Altamira.
Klaus Ortiz, director de seguridad corporativa del Grupo Alfa, reveló en conferencia ante estudiantes de la Universidad Regiomontana que la empresa incrementó su presupuesto de seguridad en 20% por la violencia que padece Tamaulipas.
A su vez, el teniente coronel retirado destaca que el diario El Norte de Monterrey comenzó a sufrir atentados por publicar notas sobre el robo de gasolina en Tamaulipas.
También destacó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha sido incompetente para detectar e investigar el robo de combustibles a gran escala y su envío a empresas de transporte público de Monterrey.
En la filtración de cables diplomáticos que realizó el portal WikiLeaks se dio a conocer que Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, se quejó de ello en informes de inteligencia que mandó al Departamento de Estado en 2009.
El militar en retiro afirma que el dísel robado se consume en las empresas de transporte público de la zona metropolitana de Monterrey, afiliadas a la priista Central de Trabajadores de México (CTM). El 30 de noviembre de 2017 las rutas camioneras 224 y 420 fueron clausuradas por ese motivo y sus instalaciones embargadas y aseguradas por las autoridades con la orden FED/NL/GPE/0003061/2017. Posteriormente la PGR cateó terminales de las rutas urbanas locales 70, 71, 92, 93, 223 del grupo Tuesa.
A decir de la misma fuente, el principal distribuidor de gasolina robada en el Noreste es Manuel Muñoz Luévano, alias El Mono Muñoz, actualmente preso en España.
Muñoz tiene en Coahuila unas 20 gasolineras en Coahuila que continúan distribuyendo huachicol, de las cuales sólo una, en el municipio de Arteaga, fue cerrada por las autoridades en marzo pasado.
En Saltillo –según el entrevistado– Mono Muñoz se hizo socio de empresarios y de políticos como Gerardo Garza Melo, con quien maneja al menos una gasolinera, la llamada Teresita, donde se vende producto robado.
Garza Melo fue secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial y renunció al gabinete de Rubén Moreira cuando Muñoz fue aprehendido en España.
Fuente: Proceso
